Golpe para Garrido, máximo accionista del CD Tenerife: Condenado por fraude fiscal

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a José Miguel Garrido Cristo, empresario vinculado al mundo del fútbol desde hace más de una década, a una pena de 22 meses de prisión y al pago de una multa de 828.996,21 euros por la comisión de cinco delitos contra la Hacienda Pública. Los hechos se remontan a los ejercicios fiscales comprendidos entre 2011 y 2015, tal y como informa el diario Digital de Albacete.

La sentencia forma parte del conocido caso Nummaria. Una macrocausa por fraude fiscal y blanqueo de capitales en la que se investigó a diversos despachos y empresarios. En concreto por la utilización de estructuras societarias opacas con el objetivo de evadir impuestos. Causa por la que también fueron noticia esta semana Ana Duato e Imanol Arias.

En el caso de Garrido, el tribunal ha valorado como atenuante su colaboración con la Justicia. También la reparación del daño causado y la admisión de los hechos.

Según el fallo, Garrido defraudó a la Agencia Tributaria un total de 1.872.816,97 euros  mediante la ocultación de ingresos y la interposición de sociedades. Todo con el objetivo de eludir sus obligaciones tributarias.

Desde elcierredigital.com hemos contactado con Garrido. El máximo accionista del Tenerife ha sido tajante. "En 2017 cerramos el acuerdo y para mí la causa ya no tiene relevancia desde esa fecha. El resto es parte del proceso judicial y la tardanza de los juzgados pero no tiene nada que ver conmigo", señala Garrido. 

El empresario ya ha devuelto la totalidad de la cantidad defraudada. Algo que, junto a la ausencia de antecedentes penales, permite que la pena de prisión no sea de cumplimiento efectivo. No obstante, queda inhabilitado para obtener subvenciones o beneficios fiscales durante el mismo periodo de tiempo.

Garrido, que actualmente ostenta la condición de máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, no forma parte del Consejo de Administración ni ocupa cargo ejecutivo alguno.  Por tanto, la condena tiene carácter personal y no afecta directamente a la estructura orgánica del club. 

Sin embargo, su condición de inversor principal en una entidad de interés público como es el CD Tenerife plantea interrogantes sobre la idoneidad de su continuidad en el accionariado.

La sentencia coincide con un momento de fuerte tensión institucional en el club tinerfeño. Diversos sectores del accionariado y de la afición han manifestado su rechazo a la figura de Garrido y a su estrategia de adquisición de acciones. 

En los últimos meses, el empresario ha protagonizado varios enfrentamientos judiciales con otros accionistas. También ha sido acusado de maniobras poco transparentes en la compraventa de participaciones.

Una trayectoria marcada por la controversia

La vinculación de José Miguel Garrido con el fútbol profesional comenzó en 2013, cuando Thesan Capital, fondo de inversión vinculado al empresario, se hizo con el control del Albacete Balompié. 

Durante su etapa al frente del club manchego, Garrido acometió una reestructuración económica que evitó la desaparición de la entidad. Aunque su gestión fue cuestionada por su opacidad y su vinculación con sociedades offshore. En 2017, vendió su participación y abandonó la presidencia.

En 2018, Garrido desembarcó en el CD Castellón, donde lideró el ascenso del club a Segunda División B. Sin embargo, su permanencia fue efímera. 

En junio de 2019 anunció su salida, alegando diferencias de criterio con otros inversores. Su marcha se produjo entre críticas por parte de la afición y dudas sobre la viabilidad del modelo económico implantado.

Desde 2024, Garrido mantiene una fuerte presencia en el accionariado del CD Tenerife. Allí se ha convertido en el principal foco de polémica institucional. En septiembre de ese mismo año, salieron a la luz nuevas informaciones que lo vinculaban a los Papeles de Panamá, por su presunta utilización de sociedades instrumentales en paraísos fiscales.

La situación de Garrido en el club tinerfeño se ha visto agravada por una serie de litigios con otros socios del denominado pacto de sindicado. Este agrupa a buena parte del accionariado histórico del club. 

En febrero de este año, el empresario presentó una demanda contra tres socios del sindicado -Amid Achí, Miguel Concepción y Conrado González- por un supuesto incumplimiento del pacto. Reclamó una compensación de 15 millones de euros por lucro cesante.

Dicha acción provocó la reacción inmediata de los socios sindicados, quienes anunciaron su intención de interponer una acción social de responsabilidad contra Garrido por daños a la entidad. 

El conflicto desembocó en una fragmentación del accionariado, con la aparición de plataformas como "Unidad Blanquiazul". Estas agrupan a aficionados y pequeños accionistas opuestos a la permanencia del empresario.

A la tensión se sumó la venta sin notificación oficial de un paquete del 10 % del capital social del club a un inversor británico. El comprador presentó una querella por presunta estafa y falsedad documental, que ha dado lugar al embargo preventivo de 100.000 acciones, equivalentes a un valor aproximado de un millón de euros.

Repercusiones institucionales y perspectivas

Aunque la condena judicial no afecta directamente a la gestión diaria del CD Tenerife, el deterioro de la imagen de Garrido y la acumulación de conflictos legales y societarios dificultan su continuidad como figura relevante en el futuro del club. 

Diversos sectores de la afición, así como miembros del actual Consejo de Administración, han expresado la necesidad de clarificar la situación del accionariado y garantizar una mayor transparencia en la toma de decisiones.

La próxima Junta General de Accionistas, prevista para febrero de 2026, se perfila como un momento clave en la configuración del futuro del club.  En ella podría abordarse una reforma del modelo de gobierno corporativo y discutirse la posible salida de Garrido del capital social.

Hasta entonces, el empresario seguirá vinculado al club. Aunque su margen de maniobra se ve cada vez más limitado por el cerco judicial y la presión social.

Con esta sentencia, Garrido suma un nuevo episodio a una trayectoria empresarial marcada por la controversia. Su permanencia en el ecosistema del fútbol español queda ahora en entredicho. En un contexto de creciente exigencia de ética y transparencia en las entidades deportivas.