EP El Gobierno empieza a desarmar el almacén Castor: Qué hay tras su agujero millonario
Este proyecto en Castellón, ideado por Florentino Pérez y avalado por Zapatero, generó más de 500 movimientos sísmicos
La pesadilla del almacén Castor comienza a ver su fin. Este proyecto, ejemplo de cómo una mala gestión puede derivar en un desastre económico, ambiental y social, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno.
El Ejecutivo va a comenzar el sellado de los 13 pozos del almacén submarino. Está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad y a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinaròs (Castellón).
Desmantelamiento
La vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que "una vez abandonados y sellados los pozos se procederá a la segunda fase. Esta contempla el desmantelamiento de las infraestructuras, tanto terrestres como marinas".
El plan conlleva sellar los pozos submarinos y desmontar las instalaciones en tierra y mar. Además, se llevará a cabo una auditoría para asegurar el uso correcto de los fondos públicos. En paralelo, la Audiencia Nacional ha exigido al grupo ACS la devolución de 210 millones de euros de los 1.350 que cobró. Y es que considera que parte de la indemnización fue injustificada.
Zapatero apoyó la polémica idea de Florentino Pérez
La instalación fue promovida por Escal UGS, una compañía controlada mayoritariamente por el grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez. Su finalidad era transformar un antiguo yacimiento petrolífero situado a más de 20 kilómetros de la costa en una reserva estratégica de gas natural.
De este modo, España iba a contar con una infraestructura capaz de garantizar el suministro energético ante posibles interrupciones externas. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó la concesión en 2008, con el respaldo de políticas que fomentaban la seguridad energética.
En septiembre de 2013, tras las primeras inyecciones de gas en el subsuelo, se produjeron más de 500 movimientos sísmicos en la zona. Algunos con una intensidad superior a los 4 grados en la escala de Richter. Estudios realizados por el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto Geográfico Nacional atribuyeron estos seísmos a la actividad del almacén. Ante el riesgo para la población y el medio ambiente, el Gobierno decidió detener el proyecto y ponerlo en estado de hibernación.
Un año después, en octubre de 2014, el Ejecutivo aprobó un real decreto-ley que establecía una compensación de 1.350 millones de euros para Escal UGS. La suma sería financiada a través de los recibos del gas durante tres décadas. Esta medida provocó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos y sociales. Especialmente en Cataluña, donde se consideró que la indemnización era desproporcionada. Y el método empleado para aprobarla, inapropiado.
En 2017, el Tribunal Constitucional anuló parte de ese decreto-ley al no considerar justificada la urgencia de su tramitación. Eso sí, se mantuvo la paralización del proyecto por motivos de seguridad pública.
La construcción fallida, su suspensión por motivos de seguridad y la controvertida compensación económica asociada no han afectado al bolsillo de Florentino Pérez.
El PSOE evitó en 2021 que el caso se debatiera en el Congreso
El PSOE quiere evitar ruido sobre el asunto. Así, en 2021 unió sus votos a los del PP y Vox para impedir que el asunto se debatiera en el Congreso. Por otra parte, la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón absolvió a los dos directivos de Escal UGS hace más de 3 años. Estaban acusados de supuestas responsabilidades en los más de 500 terremotos que se produjeron frente a las costas de Castellón.
El tribunal absolvió a los acusados Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau y a la mercantil Escal UGS SL, del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El proyecto de Florentino Pérez
El Gobierno de España tuvo de indemnizar con 1.350 millones de euros a los impulsores del Castor por cerrarlo. Florentino Pérez y sus socios ganaron en los tribunales y se desentendieron de algunas exigencias de activistas medioambientales.
El geólogo navarro Antonio Aretxabala criticó la postura del PSOE y PP. "¿Qué tendrían que ocultar estas organizaciones políticas? Mucho". Y afirmó que ese bloqueo se debía "al poder de las puertas giratorias".
Y consideró oportuno recordar que "la empresa que gestiona la red gasista, cuyo máximo accionista (5%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), nombró durante la última fase del confinamiento por la pandemia de Covid-19, en mayo de 2020, al expresidente de la Generalitat de Catalunya y exministro de Industria, José Montilla, y al exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco, consejeros de Enagás".
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