Giro de 180º en el caso del Fiscal General del Estado: Nuevos testimonios en su contra

El fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha testificado este martes ante el Alto Tribunal en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Concretamente, por la presunta filtración de datos reservados relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

Durante su declaración, Viada confirmó que observó a García Ortiz y a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, revisando un teléfono móvil juntos el 30 de octubre. El mismo día en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el despacho del fiscal general. 

Viada detalló que, en la tarde de ese día,  le llamó la atención ver a su superior, Sánchez Conde, manipulando un móvil con García Ortiz. Habría ocurrido en el patio de la sede de Fortuny.

De hecho, como ya señaló el director de elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, en El hilo de la cometa, el número tres de García Ortiz curiosamente perdió su teléfono el mismo día. Por eso, ese mismo 30 de octubre recordó a todos sus contactos que había cambiado de teléfono.

En su declaración Viada describió la escena entre García y su número dos como "vergonzosa". Según menciona el diario El Mundo, Viada permaneció observándolos durante unos 30 segundos para que ambos fueran conscientes de que él había notado la situación. 

Sin embargo, aclaró que desconocía de quién era el dispositivo y qué información estaban consultando. Al salir del Tribunal Supremo, Viada declaró a los medios: "Un fiscal no hace eso, no habla con el investigado en medio de una diligencia". 

Para poner en contexto la situación, es importante recordar que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, ha asumido la responsabilidad de representar al Ministerio Público en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. 

Los teléfonos y las conversaciones de García Ortiz

Como ya repasamos en el podcast El hilo de la cometa, el fiscal García Ortiz ha mostrado mucha insistencia en el no registro de sus teléfonos ante el Tribunal Supremo. Esta insistencia en no investigar los teléfonos de García Ortiz generó muchas dudas en algunos sectores. 

Según comentan algunas voces, “en las conversaciones entre García Ortiz y Sánchez habría temas de inmenso calado. Entre ellos la Ley de Amnistía, el ‘caso Ábalos’ y el ‘caso Begoña Gómez’”. 

Estas conversaciones entre el presidente del Gobierno y el fiscal general Ortiz, que están registradas en teléfonos incautados por la UCO, “preocupan en el PSOE. Por eso la Fiscalía no quiere que se tomen en cuenta estos teléfonos, podría salir muchísimo material que consideran secreto de Estado”.

Ahora, nuevas voces se suman al debate incidiendo en que “la colaboración entre la Fiscalía y García Ortiz está siendo escandalosa. La acusación no puede colaborar con el acusado para supuestamente destruir pruebas”.

En este sentido, la comparecencia de Viada se produjo a solicitud de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Esta también cuestiona la actuación de Sánchez Conde, sugiriendo que ha actuado más como defensora de García Ortiz que como acusación pública. 

Por otro lado, el magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso, ha solicitado a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, que informe si se ha abierto algún expediente disciplinario o diligencias informativas relacionadas con los hechos investigados. 

Las claves de la investigación

En esta causa, tanto García Ortiz como la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, están imputados por un presunto delito de revelación de secretos. Vinculado a la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

La investigación se centra en determinar cómo se divulgó un correo electrónico entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, relacionado con una causa de fraude fiscal. 

La UCO ha señalado una "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración investigada. Indicando que su actuación fue determinante en la difusión de la información confidencial.

Este señalamiento ha llevado al juez Hurtado a ordenar la conservación de las grabaciones de seguridad del día del registro en la Fiscalía General. Aunque se ha informado que dichas cámaras no existen en la sede. 

La defensa de García Ortiz ha cuestionado el informe de la UCO, señalando que contiene múltiples errores. También que vulnera los derechos del fiscal general. La Abogacía del Estado ha solicitado una revisión del informe, argumentando que incluye comunicaciones privadas irrelevantes y compromete la intimidad de García Ortiz.

Este caso ha generado tensiones políticas, con el Gobierno y la oposición intercambiando acusaciones sobre la gestión de la información y las posibles filtraciones. La citación de figuras políticas, como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ha añadido complejidad al proceso. 

La situación ha suscitado debates sobre la imparcialidad y la ética en el ejercicio de funciones públicas, especialmente en el ámbito judicial. La actuación de altos cargos de la Fiscalía está bajo escrutinio. La investigación continúa, y se espera que las próximas diligencias clarifiquen los hechos y las posibles implicaciones legales para los involucrados.