La cara B del fiscal general García Ortiz: De combatir el narcotráfico a su imputación

Álvaro García Ortiz ha pasado a la historia como el primer fiscal general del Estado imputado en democracia. El Tribunal Supremo, en una decisión unánime, ha acordado este miércoles abrir una causa penal contra él. 

A esta situación se ha llegado por la supuesta filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador. Pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. 

El alto tribunal ha considerado que existen indicios suficientes para investigar a García Ortiz por un posible delito de revelación de secretos. Delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal.

La Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha sido clara en su resolución. El tribunal ha afirmado que la conducta de García Ortiz, al ordenar la difusión de una nota informativa con detalles reservados, afectó potencialmente al derecho de defensa y a la presunción de inocencia de González Amador. 

La decisión también señala la participación de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Quien supuestamente envió los datos al fiscal general para elaborar la citada nota. 

Rodríguez Fernández no tiene la condición de aforada. Sin embargo, el Supremo ha decidido que ambos casos están tan conectados que no es posible investigarlos por separado.

La controversia se remonta a marzo de este año. Por entonces, el fiscal general dio la orden de distribuir una nota informativa. En ella se detallaba el pacto de conformidad que el empresario González Amador estaba negociando con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. 

Este pacto incluía el reconocimiento por parte del empresario de dos delitos fiscales. El Colegio de la Abogacía de Madrid, al igual que el propio González Amador, presentó una querella contra García Ortiz. Consideraba que la difusión de estos detalles vulneraba el derecho de defensa del empresario y su derecho a la confidencialidad.

Además, el Supremo se ha pronunciado sobre la gravedad del asunto. Y ha señalado que la revelación de estos correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal de Delitos Económicos no solo afectó a la confidencialidad de las comunicaciones. También pudo comprometer el curso de las negociaciones. 

El correo, fechado el 2 de marzo de 2024, recogía la aceptación por parte del empresario de los hechos imputados. También reflejaba su disposición a pagar las cuotas e intereses correspondientes.

La defensa de García Ortiz y la presión para que dimita

Desde el inicio de la polémica, García Ortiz ha defendido su actuación. Ha alegado que la publicación de la nota fue necesaria para contrarrestar rumores malintencionados sobre la negociación con González Amador. 

Según el fiscal general, gran parte de la información contenida en la nota ya había sido publicada previamente en diversos medios de comunicación. Lo que, a su modo de ver, justificaba la divulgación. 

Sin embargo, la Abogacía de Madrid y varios querellantes, como la Fundación Foro Libertad y el sindicato Manos Limpias, no están de acuerdo. Sostienen que la nota filtró detalles que no debían ser compartidos públicamente.

En cuanto a su futuro, García Ortiz se enfrenta a una creciente presión para dimitir. La Asociación de Fiscales ha pedido su renuncia inmediata, alegando que su continuidad en el cargo dañaría la credibilidad de la institución. 

La decisión del Supremo supone un punto de inflexión en su carrera. Y aunque ha contado con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su permanencia se ve cada vez más comprometida.

La investigación en curso

El magistrado Ángel Luis Hurtado ha sido designado como instructor de la causa. Será el encargado de llevar a cabo las diligencias necesarias para confirmar o descartar los indicios de criminalidad. 

La investigación se centrará en esclarecer cómo y por qué la Fiscalía divulgó la información confidencial. También si García Ortiz actuó de manera deliberada para perjudicar el derecho de defensa de González Amador.

El Supremo ha subrayado que la principal cuestión a dilucidar es si la conducta de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial de Madrid puede encuadrarse en el tipo penal de revelación de secretos. Un delito que castiga a los funcionarios públicos que divulguen información a la que tienen acceso por razón de su cargo y que no debe ser conocida por terceros. 

Los magistrados han señalado que el delito está diseñado para proteger el buen funcionamiento de la Administración. También para evitar que la revelación de información sensible pueda perjudicar a las personas afectadas.

La trayectoria de García Ortiz

Antes de su imputación, Álvaro García Ortiz tenía una trayectoria destacada, marcada por su especialización en derecho penal y ambiental.

Ingresó en la carrera fiscal en 1994 y desempeñó gran parte de su carrera en Galicia. Allí fue clave en la lucha contra el narcotráfico y los delitos medioambientales. Su labor en estos campos le ganó un reconocimiento que le permitió ascender rápidamente.

En 2008, se incorporó a la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Ya en 2018, fue nombrado jefe de la  Secretaría Técnica del Ministerio Público bajo la dirección de Dolores Delgado.

En 2022, tras la renuncia de Delgado, García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado por el presidente Pedro Sánchez. Durante su mandato, gestionó casos complejos relacionados con la Ley de Memoria Histórica y los indultos a los políticos independentistas catalanes. Lo que ya le generó críticas por su supuesta alineación con el Gobierno.