Los ganaderos denuncian la discriminación de las pequeñas granjas de Galicia

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha denunciado una nueva discriminación hacia las pequeñas y medianas granjas de Galicia. Acusan a tres grandes industrias lácteas, Capsa, Lactalis y Lence, de pagar menos por litro a estas explotaciones. La diferencia de precio llega hasta los 6,7 céntimos por litro. Esta situación afecta a los contratos que se están renovando para el periodo de agosto de 2025 a marzo de 2026.

Ana Rodríguez, economista del sindicato, asegura que no hay justificación técnica para esta diferencia. Según los datos del SLG, la diferencia es de 6,7 céntimos en Capsa, 5,5 en Lactalis y 4 en Lence. El sindicato considera que esta política 'penaliza' a las explotaciones más pequeñas.  Reclaman que, en lugar de ser castigadas, "estas granjas deberían recibir un pago justo". Argumentan que "cumplen una función social, económica y ambiental en las zonas rurales".

Rodríguez advierte que las primas por volumen refuerzan esta desigualdad. Aunque el precio base ha subido 3,4 céntimos por litro, la modificación de primas reduce el impacto real de la subida. El SLG exige a las industrias que pongan fin a esta estrategia comercial. Señalan que "las granjas más pequeñas son el eslabón más débil de la cadena láctea". También reclaman "precios más justos para todos los ganaderos, en línea con la media estatal y europea".

Galicia, precario generador lácteo del Estado 

Xulio Fernández, coordinador del sector lácteo en el SLG, recuerda que Galicia es donde menos se paga por la leche en España. Además, los precios en Galicia están entre los más bajos de toda Europa. Esto, dice, arrastra a la baja el precio medio en el país.

La diferencia de precios según el tamaño de la granja también va en aumento. Según datos de la Consellería do Medio Rural de mayo, la brecha supera los 8,5 céntimos por litro. En marzo era de 6,6 céntimos. El problema, lejos de resolverse, empeora.

Esta discriminación se produce poco después de que se confirmara judicialmente la existencia de un cártel de la leche. La Audiencia Nacional confirmó que varias empresas pactaron estrategias para controlar el mercado entre 2000 y 2013. En 2019, la CNMC ya las había multado por estas prácticas con un total de 80 millones de euros.

Revés para Nestlé

El mes pasado, el Tribunal Supremo ratificó esta decisión. Rechazó un recurso de Nestlé y confirmó la multa de 6,8 millones de euros impuesta por Competencia. Con esta decisión, el Supremo valida las sanciones dictadas anteriormente por la Audiencia Nacional. Entre ellas, destacan los 11,6 millones a Lactalis y los 8,5 millones a Calidad Pascual.

A otras empresas, como Capsa y Danone, se les ordenó recalcular la multa. La razón es que parte del periodo investigado estaba prescrito. Aun así, la sentencia deja claro que existió un comportamiento coordinado entre industrias para manipular el mercado.

El informe de Competencia señala que las empresas compartían información sobre precios, volúmenes de compra y excedentes. También se hablaba de qué ganaderos podían cambiar de industria y cómo evitarlo. Todo ello con un objetivo: evitar la competencia entre ellas.

Estas prácticas limitaron la libertad de los ganaderos para negociar. Al no haber competencia real, se vieron obligados a aceptar precios bajos. El sistema favorecía a las grandes industrias y dejaba sin margen a los productores.

El informe de la CNMC deja claro que estas acciones afectaron a un mercado ya muy concentrado. Las industrias tienen un gran poder de negociación. Por el contrario, los ganaderos están muy fragmentados. Además, tienen que vender toda su producción para no perder la cuota láctea.

La infracción fue calificada como muy grave. Competencia sancionó a ocho empresas en 2019.  Entre ellas estaban Nestlé, Lactalis, Danone, Capsa y otras operadoras del mercado. También se investigó a asociaciones como AELGA y GIL.

En muchos casos, las sanciones fueron el resultado de inspecciones domiciliarias y de la denuncia de organizaciones agrarias. Un informe del Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León fue clave para abrir el expediente.

13.000 perjudicados, muchos ya jubilados

Más de 13.000 ganaderos fueron perjudicados por este sistema, según Unións Agrarias. Muchos han tenido que abandonar la actividad o prejubilarse. Algunos intentan ahora reclamar compensaciones en los tribunales. Sin embargo, se han topado con rechazos por prescripción.

En este contexto, las diferencias de precio por volumen que hoy denuncia el SLG adquieren un sentido preocupante. Para el sindicato, no es una práctica aislada, sino la continuidad de una política de concentración de poder en manos de la industria.

Mientras tanto, los pequeños ganaderos siguen perdiendo poder de negociación. Y Galicia, que representa casi el 40% de la producción nacional, mantiene los precios más bajos del Estado.