Funcionarios de prisiones se rebelan ante el supuesto trato a Carcaño: Qué hay detrás

El sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) denuncia de forma contundente un tratamiento “sesgado” por parte de los medios. Así lo afirma en un comunicado oficial junto con UGT, que también exige “responsabilidad” y “rigor informativo” a los medios. Todo ello hace referencia a la noticia de que supuestamente una funcionaria habría facilitado al preso Miguel Carcaño acceso a un móvil  y una tablet.

El pasado 28 de mayo, se conocía que Instituciones Penitenciarias había iniciado una investigación tras incautar a Carcaño varios objetos. Entre ellos, al condenado por el caso de Marta del Castillo se le sustrajo un móvil.

Un día antes, los padres de la desaparecida exigían en el plató de Código 10 “una investigación en serio” por presuntos “privilegios” al reo. Una persona que dice trabajar en ese centro penitenciario, el de Herrera de la Mancha, asegura que el supuesto trato de favor corresponde a una funcionaria.

De esta trabajadora penitenciaria se ha llegado a decir que supuestamente mantenía una relación  con el asesino de Marta del Castillo. No obstante, Joaquín Leyva, de ACAIP-UGT, afirma a elcierredigital.com que, por ahora, “no hay ningún funcionario investigado”.

Este caso recuerda al de Ana Julia Quezada, condenada por la muerte del niño Gabriel. Hace unas semanas, los medios también se hicieron eco de las afirmaciones difundidas por el entorno de la presa. Según la propia Ana Julia Quezada, "mantuvo relaciones sexuales con un funcionario y un cocinero en la cárcel de Ávila para conseguir un móvil".

El portavoz del sindicato ACAIP ha conversado con este medio sobre el tratamiento mediático del trabajo penitenciario.

Las informaciones sobre Carcaño, “sin soporte probatorio”

El sindicato muestra preocupación por los  testimonios de extrabajadores o familiares de presos que “sin respaldo probatorio realizan afirmaciones categóricas”. “Se les da muchos minutos de importancia a esas declaraciones, que pueden estar sujetas a un interés específico, incluso de propia vendetta”, explica Joaquín Leyva. El representante afirma que estos testimonios “no respetan la presunción de inocencia ni las investigaciones”.

Las declaraciones que empiezan con 'yo oía', 'a mí me dijeron', o 'se comentaba', son las que ACAIP-UGT señala. El portavoz del sindicato sostiene que estos mensajes “alimentan una imagen anacrónica y estereotipada del trabajo en una prisión”. También perjudica al ámbito “familiar  y personal  de todos los integrantes del colectivo. Sobre todo los que trabajan en la prisión concreta de la que se habla”.

El problema de estas “generalidades” es que “imposibilitan la acción judicial contra esa persona porque no señala a nadie en concreto”, según Leyva. “Por otro lado, marca a un colectivo muy concreto, personas que trabajan en prisiones concretas. Y se les señala por hechos que nada tienen que ver con su trabajo”, añade.

El sindicato además subraya el “componente sexista” de la situación. Según Leyva, el tratamiento informativo de acusaciones como las del caso de Miguel Carcaño tienen “un componente de segregación de género”. “Pone en cuestión la profesionalidad por una cuestión de género”, prosigue.

“Tolerancia cero” hacia las irregularidades

Si bien ACAIP-UGT muestra su rechazo hacia “testimonios sin fundamento”, también lo hace hacia los hechos que esos mensajes sostienen. “Hay mecanismos para que, si eso es cierto, se ponga en conocimiento, se abra la investigación pertinente y se depuren responsabilidades”, afirma Leyva.

En su comunicado, el sindicato ha condenado “las conductas corruptas, abusivas y delictivas” y ha reiterado su apoyo a “la aplicación de las sanciones correspondientes”. “Somos los primeros interesados en que se sepa todo lo que ha ocurrido porque tenemos que tener plena confianza en la persona con la que trabajamos”, explica Leyva.

El papel de Instituciones Penitencias 

El sindicato ha señalado una “absoluta falta de respuesta institucional”. Su portavoz ha insistido en que desde Instituciones Penitenciarias  se debería “velar por la imagen pública del colectivo”. Leyva asegura que es la que tiene “la herramienta” para acabar con “las especulaciones”, a través de la comunicación institucional de datos e información. 

El portavoz recrimina que no se están comunicando datos, como el  número de sanciones por un comportamiento concreto o el de funcionarios investigados. “La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe cortar de raíz estas especulaciones con datos objetivos”, añade. 

En cuanto a los medios de comunicación, ACAIP-UGT les exige “responsabilidad, rigor informativo y respeto”. “Con el ‘presuntamente’ no cubrimos todo el espectro de la ética periodística”, apunta Leyva. Por otra parte, el sindicato pide a la población que “no se deje arrastrar por juicios paralelos ni generalizaciones injustas”.

El comunicado del sindicato ACAIP-UGT se ha emitido después de que Miguel Carcaño  volviera al ojo mediático por supuestamente haber recibido ciertos privilegios. Una persona que dice ser personal penitenciario afirma que el autor del crimen de Marta Castillo presuntamente habría mantenido una relación con una funcionaria. De esta manera, habría conseguido una serie de objetos no autorizados, entre ellos un móvil y una tablet.

Sin embargo, la acusación procede de una  persona anónima. Lo que sí se sabe es que Instituciones Penitenciarias habría iniciado una investigación tras incautar dichos materiales a Carcaño. Según Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT, de momento “no hay ningún funcionario investigado”.