Técnicos de la Administración, en el foco: Señalan 'partidismo' en una planta de gas

Como reveló elcierredigital.com, la instalación de una planta de gas propano en el corazón de la urbanización Parque de Miraflores ha detonado un conflicto vecinal que no cesa. La preocupación por los riesgos para la seguridad y el medio ambiente se ha convertido en acción judicial. 

Esta semana, la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a un técnico municipal por presuntas irregularidades al emitir un informe favorable a la instalación de la planta, pese a que, según el Ministerio Público, incumplía la normativa vigente en cuanto a distancias de seguridad.

Situada en la calle Rafael Alberti número 4, la planta tiene un depósito de 80 metros cúbicos. Además de dos torres refrigerantes de siete metros de altura.  Se encuentra a escasos 10 metros de las viviendas, lo que ha desatado la alarma entre los residentes. La asociación vecinal de Parque de Miraflores considera que la ubicación no solo es imprudente, sino potencialmente letal.

Pedro Fanego, portavoz del colectivo, ya advirtió que “esta instalación supone un peligro de explosión, el riesgo cero no existe. En caso de haber una explosión, los daños podrían alcanzar un radio de un kilómetro cuadrado”.

La Fiscalía sostiene que el técnico industrial del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra emitió en diciembre de 2022 un informe favorable pese a la evidente vulneración de la normativa. Eso supuso que se concediera la licencia de obras para la planta de regasificación. 

Según el escrito presentado ante el Juzgado Decano de Colmenar Viejo, “la planta fue autorizada pese a no respetar las distancias de seguridad exigidas por la normativa vigente, con riesgo para la vida e integridad de las personas”.

Vecinos organizados: de la denuncia a la personación judicial

Los vecinos, lejos de quedarse de brazos cruzados, recurrieron a la vía legal. “Los vecinos estamos bastante satisfechos con la denuncia que tramitamos ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La denuncia se formalizó en el verano de 2024 y la respuesta nos ha llegado en el mes de abril de 2025. Lógicamente, la denuncia es prometedora porque el fiscal actúa de oficio al observar ciertas irregularidades y supuestos delitos”, manifiestan desde la asociación vecinal para elcierredigital.com.

La preocupación vecinal va más allá del plano legal. Los residentes describen un día a día marcado por la incertidumbre. “Nuestro día a día viviendo en la urbanización es el mismo, aunque siempre estamos preocupados por la situación de riesgo que supone tener esta planta a escasos metros de nuestras viviendas. El miedo y la incertidumbre siempre están presentes”.

Una de las situaciones más delicadas de la planta se dio con el apagón eléctrico en la zona, que dejó la planta funcionando con generadores. “Imaginad lo que hemos vivido con el apagón. La planta ha estado funcionando sin luz y con generadores de gasoil. ¿Qué hubiera pasado si el apagón hubiera durado más tiempo? ¿Podía haber seguido funcionando la planta si el apagón hubiera durado siete días?. Todos los vecinos estamos preocupados con este tema y nuestra confianza y tranquilidad brillan por su ausencia”.

Un proyecto con múltiples sombras

Los vecinos han expresado una crítica feroz a todo el proceso administrativo. A su juicio, la planta nunca debió haberse autorizado: “Consideramos que esta instalación nunca debería haber obtenido los permisos para su instalación en nuestro residencial”.

En paralelo, el colectivo vecinal ha tomado una vía administrativa y judicial clara. “Nuestra estrategia siempre ha sido clara y en todo momento hemos pensado en la demanda de tipo administrativo. Ya habíamos iniciado los trámites de contratación con un bufete de prestigio y posteriormente llegó la denuncia del fiscal de Medio Ambiente. Para nuestros abogados esto ha sido un tema importante a la hora de tomar nuestras decisiones. En este momento ya estamos personados en la denuncia del fiscal como acusación particular”.

Las expectativas de los vecinos

Los vecinos son conscientes de que el proceso judicial puede prolongarse en el tiempo. “Teniendo en cuenta cómo se encuentra la justicia en cuanto a operatividad y eficacia, creemos que el asunto se va a demorar. No obstante, la denuncia del fiscal ha sido admitida a trámite y esto es también una muy buena noticia. Consideramos que hay bastantes expectativas de que se pueda desmantelar la planta porque es un despropósito se mire por donde se mire”.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra no ha emitido un comunicado oficial. El silencio institucional ha aumentado la desconfianza de los residentes.

La empresa responsable de la planta, Madrileña Red de Gas, insiste en que la instalación cumple con todos los requisitos técnicos y de seguridad. E indica que fue colocada en la única parcela de uso industrial disponible en la localidad.

Este caso podría sentar un precedente importante sobre la evaluación y aprobación de infraestructuras potencialmente peligrosas en áreas residenciales. Las decisiones técnicas que ignoran el contexto urbano y la proximidad de la ciudadanía pueden tener consecuencias legales, políticas y sociales profundas.

Mientras avanza el proceso judicial, los vecinos de Parque de Miraflores permanecen en estado de alerta. Están convencidos de que la razón y la ley les asisten.