El Fiscal General del Estado tenía un teléfono no cifrado: Las claves de 'su borrado'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado "0 mensajes" en los dispositivos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Concretamente durante los días clave en que se habría producido la presunta filtración de información reservada sobre Alberto González Amador. Pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

Este hallazgo, contenido en un informe de tan solo dos páginas, ha generado nuevas preguntas sobre la integridad de la investigación y el papel de la Fiscalía en el caso.

Según el informe de la UCO, no se encontraron mensajes de aplicaciones de mensajería en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Un periodo considerado clave para esclarecer la supuesta filtración. En este sentido, expertos consultados por elcierredigital.com sostienen que  "la UCO tiene equipos para recuperar todo aunque se haya borrado. Es posible que cuando fueron al despacho volcaran lo que había, pero en la memoria central están todos. En este caso se podría rcuperar, aunque si han 'machacado' la memoria ram no se podría recuperar".

Sin embargo, el mismo informe confirma que el 13 de marzo, a las 23:44, la Fiscalía Provincial de Madrid reenvió al fiscal general dos correos. Estos contenían información confidencial sobre el caso de González Amador. Y fueron recibidos en la cuenta personal de García Ortiz menos de dos minutos después.

Aunque este hecho podría ser relevante, la ausencia de mensajes en sus dispositivos sigue siendo un punto de controversia.

En este contexto, el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada aportó un testimonio significativo. Declaró el pasado martes ante el Alto Tribunal que observó a García Ortiz y a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, revisando un teléfono móvil el mismo día en que la UCO registró el despacho del fiscal general. 

Según Viada, el incidente ocurrió en el patio de la sede de Fortuny, donde le llamó la atención la actitud aparentemente relajada de ambos pese a la gravedad de la situación.

Viada describió la escena de "vergonzosa". Declaró que permaneció observándolos durante 30 segundos para que fuesen conscientes de su presencia. Aunque aclaró que desconocía de quién era el dispositivo ni qué datos estaban consultando, subrayó que “un fiscal no hace eso, no habla con el investigado en medio de una diligencia”.

La declaración de Viada, realizada a petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), puso el foco en Sánchez Conde. Esta ha sido señalada por actuar más como defensora de García Ortiz que como representante del Ministerio Público. 

Este señalamiento también cobra relevancia considerando que Sánchez Conde lidera la representación de la Fiscalía en la investigación contra García Ortiz.

Las polémicas ‘casualidades’ con los teléfonos del entorno de García Ortiz

El 30 de octubre, día del registro de la UCO, ocurrió otro hecho llamativo. Uno de los colaboradores cercanos de García Ortiz, conocido como su "número tres", informó a sus contactos de que había cambiado su teléfono. 

Este incidente, junto con la falta de mensajes en los dispositivos de García Ortiz, ha alimentado sospechas sobre un posible intento de ocultación de información.

“La situación se agrava al considerar que el teléfono de García Ortiz no estaba cifrado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un sistema utilizado para garantizar la seguridad de las comunicaciones de altos cargos del Estado”, señalan algunas fuentes. 

Este hecho, sumado a la reticencia inicial del fiscal general a permitir el registro de sus dispositivos, ha generado críticas y especulaciones sobre el contenido de sus conversaciones.

El sistema de cifrado del CNI, conocido como SecuSUITE, está diseñado para preservar las comunicaciones de altos cargos del Gobierno y otros funcionarios clave. Quedarían protegidas frente a amenazas de espionaje o acceso no autorizado. 

Sin embargo, en el caso de García Ortiz “la ausencia de medidas similares plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de sus dispositivos y la posibilidad de manipulación de pruebas”, señalan varias fuentes.

Tensiones políticas y posibles implicaciones

La investigación ha alcanzado también al ámbito político.  La UCO ha identificado que a ciertos correos electrónicos confidenciales accedieron figuras vinculadas al Gobierno antes de su publicación en medios de comunicación. 

Entre las personas mencionadas se encuentran cargos como Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid, y Francesc Vallés, exsecretario de Estado de Comunicación. Esto ha intensificado las acusaciones de colaboración entre la Fiscalía y el Ejecutivo.

En paralelo, la defensa de García Ortiz ha cuestionado el informe de la UCO. Argumenta que contiene errores y vulnera la intimidad del fiscal general. La Abogacía del Estado también ha solicitado la revisión del informe, alegando que incluye comunicaciones privadas irrelevantes.

El caso también ha puesto de manifiesto las diferencias entre las asociaciones de fiscales. La APIF ha criticado abiertamente la gestión de la investigación y el papel de Sánchez Conde. Otras asociaciones han mostrado mayor cautela, subrayando la importancia de proteger la presunción de inocencia y evitar juicios paralelos.

Próximos pasos y posibles desenlaces

El magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, solicitó  a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, que informe si se han iniciado diligencias disciplinarias relacionadas con los hechos. Además, se espera que nuevas diligencias aclaren si existió una colaboración entre la Fiscalía y García Ortiz para ocultar pruebas o manipular información.

Entre las próximas acciones se incluye la posible citación de otros fiscales y colaboradores de García Ortiz. Buscan que testifiquen sobre sus comunicaciones y actuaciones en el caso. 

Mientras tanto, el caso sigue generando tensiones tanto en el ámbito judicial como político. La ausencia de mensajes en los dispositivos de García Ortiz y los incidentes observados el 30 de octubre plantean dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión de este caso.

Además, el impacto del caso sobre la imagen de la Fiscalía General del Estado podría tener repercusiones duraderas. Especialmente si se confirman las acusaciones de irregularidades.

Un caso emblemático para la Justicia española

El caso de García Ortiz no solo pone bajo escrutinio a la Fiscalía General del Estado. También al sistema judicial español en su conjunto. La forma en que se gestione esta investigación será crucial para reforzar o erosionar la confianza pública en las instituciones.

El desenlace de esta investigación podría sentar un precedente importante para futuros casos que involucren a altos cargos del Estado. Subrayando la necesidad de salvaguardar la independencia y la integridad del sistema judicial.