Diez años sin Ruiz-Mateos: La verdad de la noche del 23-F de 1983 con Rumasa

El empresario gaditano de Rumasa José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada ha sido uno de los personajes más polémicos de nuestro país. Y diez años después de su muerte, que se cumplen este 7 de septiembre, todavía sigue estando 'presente' a través de sus hijos. Recientemente, seis de ellos fueron condenados a más de siete años de prisión por la Audiencia Nacional por los pagarés de Nueva Rumasa.

En el aniversario de la muerte del patriarca de los Ruiz-Mateos, recordamos la verdad de la expropiación de su holding de empresas. Este caso de gran relevancia social, política y económica para España, estalló en la noche del 23 de febrero de 1983.

En su libro Isabel y Miguel: 50 años de historia de España, Juan Luis Galiacho relata las críticas y duras actuaciones de José María Ruiz-Mateos contra Miguel Boyer. El que fuera marido de Isabel Preysler formaba entonces parte del gobierno de Felipe González como ministro de Economía y Hacienda. Boyer fue quien finalmente despojó al empresario gaditano del control de Rumasa.

La expropiación del poderoso conglomerado de empresas trajo consecuencias judiciales, políticas y económicas que se dilatarían durante años, con la figura de Boyer e Isabel Preysler siempre de por medio.

Qué pasó el 23 de febrero de 1983: Así fue el fin de Rumasa

Todo el mundo preveía que la noche del 23 de febrero de 1983 iba a ocurrir algo de suma trascendencia política y empresarial. El entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia Amann, ya se había encargado de anunciarlo creando gran expectación mediática. “Esta noche va a ocurrir algo importante”.

Todo estaba preparado. Miguel Boyer y sus hombres lo tenían todo atado desde hacía días. Habían bautizado la operación con el nombre en clave de “La Red”. Esta definía el cerco gubernamental que se iba cerrando en torno a Rumasa.

Lo primero que hicieron fue centralizar, junto al Banco de España y los servicios de inspección de Hacienda, toda la información referida al holding de la abeja. Gracias a ello se fue conociendo la verdadera situación de la entidad empresarial. Tenía grandes deudas y estaba sometida a una profunda auditoría por parte de la firma Arthur Andersen. Paralelamente, los medios de comunicación ya alertaban sobre la mala situación de los bancos de Rumasa.

Fue el 18 de febrero de 1983 cuando saltó por primera vez la alarma. El propio ministro de Economía indicaba la posible negativa de Ruiz Mateos a autorizar a Arthur Andersen una amplia investigación sobre Rumasa. Esto conllevaría la entrada en acción de los inspectores del Banco de España. Todos los periódicos se hicieron eco de las palabras de Boyer.

Uno de ellos, Diario 16, al día siguiente tituló a grandes caracteres su portada con una frase manifiesta y premonitoria: “Boyer amenaza a Rumasa”. Y con un antetítulo que decía: “Si no permite que continúe la auditoría de Arthur Andersen”. Ese mismo día, como habitual en el proceder de Ruiz Mateos, el empresario emitió un comunicado. Aseguraba que la situación de su holding era de total solvencia y liquidez y responsabilizaba a Boyer de las consecuencias que podrían derivarse de sus palabras. Desde entonces, y con este ambiente tan caldeado, los acontecimientos se precipitaron.

Afirman personas próximas al empresario gaditano que Boyer sólo se entrevistó en una única ocasión con Ruiz Mateos para tratar el tema personalmente. Y que ésta fue dos días antes de producirse la expropiación. Fue entonces cuando el ministro de Economía propuso al propietario del holding de la abeja llegar a un acuerdo pactado. Su natural ira, la célebre “soberbia satánica” de Boyer, fue sustituida por una postura de acercamiento que les condujera a cerrar un acuerdo.

La reunión entre Boyer y Ruiz-Mateos

Este cambio se debía a las presiones que había recibido de, entre otros, su amigo, el entonces subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Él no era muy partidario de la expropiación bancaria, como tampoco lo eran los principales despachos financieros de la capital de España.

Meses antes, el propio Ruiz Mateos había escrito una carta al presidente Felipe González. En ella le felicitaba por su triunfo electoral y le exponía la importancia que tenía el grupo Rumasa para la economía española. Dicen que "manipulando los resultados".

La reunión se celebró en el propio Ministerio de Economía, en la calle Alcalá. Cuentan que Boyer, nervioso y aparentemente descompuesto y colérico, no paraba de fumar un cigarro tras otro. Contaba el propio Ruiz Mateos que Boyer sudaba como si en vez de ser el mes de febrero fuera el pleno agosto andaluz. Sin embargo, mantenía el rostro hermético, hierático.

El ministro no quería oír ni hacer caso a los argumentos y razones que esgrimía en su defensa el empresario. Sólo seguía al pie de la letra las instrucciones que llevaba aprendidas. Escasos minutos de iniciada la reunión le advirtió muy seriamente:

-“Escúcheme, don José María, la única solución es que firme usted esta carta, en la que se compromete a aminorar su política expansiva. Y, en cambio, sí acelere la auditoría que la firma Arthur Andersen intenta llevar a efecto sobre los bancos y empresas de Rumasa. Y que cuando estén terminadas serán entregadas por éstos directamente al Banco de España en lugar de que las reciba primero Rumasa. El Fondo de Garantía de Depósitos debe conocer de primera mano la marcha de los resultados sin la presencia intimidatoria de sus directivos”, le espetó.

Pero Ruiz Mateos, siguiendo el consejo de sus asesores, no firmó la carta que le habían puesto sobre la mesa. Estaba escrita de antemano por los asesores del Ministerio y dirigida en su membrete a la persona de Miguel Boyer.

-“Querido ministro, yo no legitimo mi sentencia de muerte. Las auditorías debe recibirlas primero Rumasa, que para eso es quien paga y, además, ha hecho el encargo. Por otro lado, han sido encargadas hace muy poco tiempo. Y pueden tardar años dada la complejidad y variedad de las compañías y sectores”, le respondió con firmeza el empresario gaditano.

El tiempo pasaba, la reunión se alargaba y nada se conseguía. Sólo fortalecer las posturas contrarias. Hasta que en un momento determinado Ruiz Mateos le dijo a Boyer:

-“Déme veinticuatro horas y le daré una contestación definitiva”.

-“No. De eso nada. ¡Ahora!… o no hay nada que hacer”, replicó vehementemente Boyer. Sus colaboradores aseguran que cuando tomaba una decisión era como una pared.

Cuentan sus allegados que Ruiz Mateos no entendía prácticamente nada. Cómo era posible que ahora Boyer pidiera su cabeza y la de su grupo. Diez meses antes, durante el gobierno de la UCD de Leopoldo Calvo Sotelo, le habían autorizado a comprar Fidecaya para salvar al Banco Urquijo de ese gran escándalo económico, el primero de la democracia heredado del franquismo, en una operación a pagar en 99 años que contaba con la aquiescencia del Banco de España, donde figuraba como subgobernador Mariano Rubio, el gran amigo y padrino intelectual de Miguel Boyer.

O cómo también le habían dado meses antes el visto bueno para que comprara el Grupo Galerías Preciados, con una gran deuda arrastrada con Hacienda. “Si mi grupo fuera una ruina, si iba tan mal, cómo me iba a dar permiso el Gobierno y el Banco de España”, pensaba en su interior antes de contestar a Boyer. Sin embargo, estaba dubitativo, no sabía qué hacer. Temía las represalias socialistas. Su madre, Encarnación Jiménez de Tejada, ya se lo había advertido en varias ocasiones.

Finalmente, Ruiz Mateos se negó en rotundo a aceptar el acuerdo que le había servido en bandeja Boyer. La decisión fue adoptada tras recibir el consejo inflexible de sus asesores personales. Entre ellos estaba el letrado Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi. El mismo que después se convertiría en persona de máxima confianza de Adolfo Suárez en el partido Centro Democrático Social (CDS).

Rebollo había sido la persona elegida como intermediaria para que Ruiz Mateos se viera las caras con Boyer Todo en una jugada en la que el líder centrista Adolfo Suárez había sido la percha utilizada por el Gobierno del PSOE. Y Rebollo fue la persona que aconsejó a Ruiz Mateos que no la firmara bajo pretexto alguno.

En el momento de la expropiación, los abogados y asesores del propietario del holding de la abeja eran inicialmente el mencionado Alejandro Rebollo y Fernando Castedo. Este último era otro hombre próximo a Adolfo Suárez en el CDS y antes fue director general de RTVE. Tras estos dos primeros abogados llegó el turno a otro conocido letrado, el 'conseguidor' Matías Cortés Domínguez.

Cortés Domínguez era un personaje con gran penetración en los sectores socialistas del felipismo. Y fue abogado de Isabel Preysler en el proceso de separación del marqués de Griñón. Suyo fue el dictamen jurídico que más tarde serviría de base para la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de expropiación de Rumasa.

El Opus Dei entrega Rumasa al PSOE para su expropiación

Ruiz-Mateos acusaría posteriormente a los tres, principalmente a Matías Cortés, de ser parte de la conspiración tramada contra su persona y contra su imperio. Todo encabezado por el copresidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner, y el presidente de la patronal bancaria AEB, el catalán Rafael Termes Carreró, ambos numerarios del Opus Dei.

Según contaba Ruiz Mateos, se trataba de una orden emanada directamente por el Opus Dei. Por entonces contaba con infiltrados en las cúpulas del poder monetario y gubernamental.

El acuerdo era entregar Rumasa a cambio de no nacionalizar el sector de los seguros ni de la Banca por parte del PSOE. En concreto, con esta medida se salvaba de la quema al Banco Popular, ligado al Opus Dei. En esos momentos la entidad atravesaba una penosa situación financiera en el inicio de lo que fue la grave crisis bancaria de los ochenta.

Con esta medida se calmaba a la opinión pública deseosa de cadáveres tras el reciente aterrizaje socialista en La Moncloa. Y, además, servía para dar ejemplo de la nueva conducta socialista en el poder.

El 22 de febrero, Ruiz Mateos comparecía ante los medios aconsejado por los banqueros del Opus Dei, quienes le habían metido en la encerrona. Era la primera rueda de prensa que ofrecía el empresario gaditano. Se trataba de un desafío sin precedentes al Gobierno socialista, lo que precipitaría la decisión expropiatoria.

El dueño de Rumasa, acompañado de sus abogados, se limitó a leer un comunicado. Según sus propias palabras, estaba escrito íntegramente por el copresidente del Banco Popular Luis Valls. En él hacía ver a la opinión pública la gran agresión sin precedentes que estaba sufriendo su holding y su persona por parte del gobierno socialista. Una campaña premeditada y dirigida por Miguel Boyer.

Pero Boyer cogió las palabras de Ruiz Mateos para difundir entre sus compañeros de partido la sensación de provocación, reto y desafío por parte del empresario. La expropiación era ya la única salida que tenía Felipe González, que se jugaba su autoridad si cedía ante Ruiz Mateos.

Casi todos los ministros, a excepción de un callado Alfonso Guerra (el enemigo acérrimo de Boyer), estaban de acuerdo.

En este ambiente de crispación, pocos minutos antes de la medianoche del 23 de febrero de 1983, sucedió. El entonces portavoz del gobierno de Felipe González, Eduardo Sotillos Polet, apareció en el Telediario nocturno de la primera cadena de TVE. Interrumpió el normal desarrollo de la programación para leer un comunicado oficial del Gobierno socialista informando al pueblo español de la decisión de expropiar Rumasa. Era el primer holding privado de España cuyo volumen de negocio equivalía al 1,8 por ciento del PIB nacional.

Así lo anunciaba el periodista Sotillos en la pequeña pantalla estatal: “El Gobierno, con objeto de garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros que considera gravemente amenazados, ha aprobado un Real Decreto Ley de expropiación de los bancos y otras sociedades del grupo Rumasa. Las razones de esta decisión adoptada por el Consejo de Ministros entran de lleno en las consideraciones de la utilidad pública e interés social previstas en el artículo 33.3 de nuestra Constitución. Con esta medida, Patrimonio del Estado se hace cargo de las entidades asegurando así, absolutamente, los derechos de los depositantes y empleados. El Gobierno ha acordado también que a partir de las 8 horas del jueves 24 y hasta las 8 horas del lunes 28 de febrero, permanezcan cerradas todas las oficinas de las entidades bancarias del grupo Rumasa y se suspenda hasta nueva orden la cotización en bolsa de las acciones de las empresas de dicho grupo”.

Esa misma noche, el ministro de la Presidencia, el riojano Javier Moscoso del Prado, ejercía apresuradamente de mensajero. Llevaba personalmente a los talleres del BOE, en el barrio madrileño de Chamberí, la decisión gubernamental con el fin de que apareciera impresa en la edición del BOE del día siguiente.

Estas urgencias del gobierno de Felipe González provocaron errores y omisiones en la redacción del Decreto Ley de Expropiación. Incluyeron en el texto aparecido en el BOE empresas que no pertenecían al holding y omitir otras pertenecientes a la Rumasa oculta o sumergida. Fue José Luis Llorente Bragulat, como subdirector general de los servicios consultivos del Ministerio de Justicia, quien como abogado del Estado redactó el borrador del proyecto del Decreto Ley de Expropiación de Rumasa.

Años después a la expropiación, el presidente de la patronal bancaria Rafael Termes visitó al empresario gaditano. Viajó al que fue durante años su refugio en el exilio de Londres. Allí se sinceró con él:

- “Te voy a contar una cosa José María. Siento decírtela ahora, pero para salvar al Banco Popular tuvimos que sacrificarte con la expropiación de Rumasa. La gente del Opus te vendió para salvar su figura y contó con el beneplácito del aparato bancario español que temía que Felipe fuera contra ellos. O le dábamos carnaza o nos nacionalizaba a todos. Había que elegir…”

- “Pues yo te voy a decir otra cosa, Rafael, si Monseñor Escrivá de Balaguer me lo hubiera pedido en su día…le hubiera dado Rumasa y mucho más. Lo que él hubiera querido. Pero no se me debió sacrificar sin decírmelo con anterioridad. Si los responsables del Opus me lo hubieran pedido, yo hubiera hecho las cosas bien y hubiera creado otra Rumasa alternativa, y me hubiera guardado un apartado con dinero en el extranjero. Además, utilizasteis a Matías Cortes, a quien pusisteis como mi abogado, para ser el urdidor de toda la estrategia para asfixiar a Rumasa. Ese es un verdadero traidor”, le espetó con amargura.

Logró sacar 220 millones al extranjero

Pero, a pesar del llanto de sus palabras, el empresario gaditano sí que logró sacar una ingente cantidad de dinero fuera de España. Mantuvo a salvo, al menos, siete grandes empresas no controladas por Miguel Boyer y el gobierno socialista. Luego fueron vendidas en los cinco años posteriores con importantes plusvalías.

Se trataba de empresas situadas fuera de España. Ruiz Mateos contaba con una densa red empresarial en Europa y América de la que Boyer no tenía conocimiento oficial. Una maraña de sociedades sumergidas o instrumentales que el gaditano fue creando para dar forma a su emporio empresarial. Todo  al margen de cualquier norma monetaria establecida y de la legislación económica vigente.

En total se calcula que los Ruiz Mateos consiguieron por estas ventas B, sin que Boyer se enterara, unos 220 millones de euros. Ese dinero nunca se ingresó en España y no tuvo conocimiento alguno el gobierno socialista ni su todopoderoso ministro de Economía.

No hay que olvidar que Boyer no llevaba ni siquiera tres meses al frente de la cartera de Economía y su gente aún no había tomado posesión de sus despachos. Ni conocía con exactitud lo que ocurría en el sector financiero-empresarial español cuando lanzó el órdago de la expropiación de Rumasa. “Busca los motivos para expropiar”, le dijo Felipe González.

Cuentan los expertos que toda la expropiación del holding de la abeja se hizo en base a una memoria conmemorativa que había realizado y editado la propia Rumasa. Fue con motivo de su vigésimo aniversario (1961-1981). Así se lo confirmó meses después la secretaria personal de Miguel Boyer a Ruiz Mateos. A este le ofreció sus informaciones a cambio de una ayuda económica, “ya que lo estaba pasando muy mal”.   

Además, los inspectores encontraron en el registro de sus oficinas un listado de ordenador de 119 páginas. En él se resumía el balance y cuenta de resultados del holding durante el ejercicio contable de 1982. Esta información demostraba que la realidad contable era muy distinta de la ofrecida por los informes oficiales elaborados por Ruiz Mateos.

Así, días después, se comprobó que en realidad las empresas reales eran un número muy insignificante en comparación con las sumergidas o no declaradas, que duplicaban esa cifra. Ruiz Mateos confesó posteriormente haber entregado donativos al Opus Dei en dinero negro por un valor superior a los 4.000 millones de pesetas. Lo hizo a lo largo de las más de dos décadas de existencia de Rumasa. Todo para financiar diversos proyectos de esta organización eclesial en el extranjero.

Culpaba al Opus Dei de sacar ilegalmente dinero fuera de España. Dinero que, según Ruiz Mateos, él entregaba y que se sacaba en fajos de billetes de mil pesetas en cajas de zapatos vía Andorra. Todo con la colaboración del periodista y 'comisionista' valenciano Antonio Navalón y del intermediario ilicitano Diego Selva.

El negocio era sencillo y rentable, pero a la vez arriesgado y aventurado, como luego también se demostró con los pagarés de Nueva Rumasa.

Contra la expropiación de Rumasa el grupo de Alianza Popular (luego PP) emprendió una dura batalla. Fundamentalmente a través de su diputado pacense Luis Ramallo García, quien presentó una gran cantidad de iniciativas parlamentarias. 

Todo el proceso de reprivatización de Rumasa estuvo contaminado por serias dudas de imparcialidad y objetividad. La opinión pública no creyó nunca a Boyer. Por eso decidieron crear la Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR), constituida el 1 de agosto de 1983. El fin era asesorar al ejecutivo socialista en las ofertas más rentables y convenientes para las arcas públicas.