A prisión 6 hijos de Ruiz-Mateos por estafa: Así forjaron los pagarés de Nueva Rumasa

La  Audiencia Nacional ha dictado una sentencia histórica al condenar a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos. Les impone siete años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Todos relacionados con la captación fraudulenta de fondos para el conglomerado empresarial Nueva Rumasa  entre 2009 y 2011 .

Desde elcierredigital.com ya apuntamos las posibles responsabilidades de los hijos del mítico empresario.  El testimonio de Jesús Urdiciáin, exasesor personal de José María Ruiz-Mateos, aportó una nueva perspectiva sobre la polémica de los pagarés impagados de Nueva Rumasa. En declaraciones a elcierredigital.com, Urdiciáin aseguró que el patriarca del clan no fue el responsable directo de la estafa, ya que en los últimos años de su vida -agravados por el Parkinson- delegó completamente la gestión del grupo en sus hijos. 

Según Urdiciáin, fue precisamente esta nueva generación la que, mediante una deficiente administración y una falta de voluntad para resarcir a los inversores, terminó por consumar el delito. Los pagarés, afirma, nacieron como una fórmula legal de financiación, pero el impago y la huida de responsabilidades por parte de los hijos transformaron la operación en una estafa a gran escala.

Ahora, una sentencia de 672 páginas redactada por la magistrada Teresa García Quesada detalla cómo Nueva Rumasa estaba constituida por un complejo entramado de sociedades que, aunque operaban bajo una gestión común, carecían de una matriz consolidada. Estas sociedades estaban formalmente a nombre de compañías extranjeras radicadas en paraísos fiscales como Belice, Panamá y Holanda, lo que permitía mantener una alta opacidad financiera .

El grupo empresarial, que incluía marcas reconocidas como Dhul, Clesa, Trapa, Elgorriaga y Garvey, utilizaba este entramado para presentar una imagen de solvencia y bonanza empresarial que no se correspondía con la realidad financiera. En 2009, Nueva Rumasa enfrentaba deudas acumuladas por cientos de millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos .

La captación fraudulenta de fondos

Ante la imposibilidad de obtener financiación bancaria, los acusados lanzaron campañas publicitarias agresivas en medios de comunicación para captar fondos del público mediante la emisión de pagarés, ofreciendo altos intereses y ocultando la situación de insolvencia del grupo. Estas emisiones no contaban con la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que incrementaba el riesgo para los inversores .

Según la sentencia, los fondos captados se utilizaron no solo para cubrir los gastos operativos del grupo. También para financiar gastos personales y cubrir préstamos hipotecarios de los miembros de la familia Ruiz-Mateos, que superaban los 18 millones de euros.

Condenas adicionales

Además de los seis hijos de Ruiz-Mateos, la Audiencia Nacional ha condenado a José Ramón Romero, director de la oficina del Grupo Rumasa en Jerez de la Frontera, a seis años y tres meses de prisión, y a Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos y administrador de varias sociedades del grupo, a seis años y cinco meses de prisión.  Otros tres acusados han recibido penas de entre tres y cinco meses de prisión por delitos de alzamiento de bienes.

La sentencia también establece que los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados por la estafa, aunque no se ha especificado el monto total de la indemnización .

Las implicaciones de la condena

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional cierra un capítulo judicial que llevaba más de una década en los tribunales. Aunque reabre un profundo debate sobre la falta de transparencia financiera y las lagunas regulatorias que aún existen en el mercado español. 

La defensa de los condenados ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Lo que promete dilatar aún más un proceso que se ha convertido en símbolo del colapso de un modelo empresarial basado más en la imagen pública y el discurso populista que en la sostenibilidad económica. 

Mientras tanto, miles de inversores siguen a la espera de una reparación que, en muchos casos, no solo es económica, sino también moral. Para algunos, se trata de recuperar los ahorros de toda una vida. Para otros, de obtener algún tipo de reconocimiento como víctimas de un fraude masivo que afectó a todo el país.

Más allá del caso particular de Nueva Rumasa, esta resolución judicial ha vuelto a poner en cuestión el marco legal que regula la emisión de productos financieros dirigidos al público general. La ausencia de supervisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en operaciones de captación de capital privado demostró ser un terreno fértil para el abuso y el engaño. 

En este sentido, voces del ámbito jurídico y económico reclaman desde hace años una reforma profunda que refuerce los controles, impida las operaciones opacas y garantice una protección efectiva al inversor minorista.