Demandan a una aseguradora por falsificar firmas: 'No quieren pagar al cliente'

Una mujer ecijana de 58 años ha decidido  emprender acciones legales contra una aseguradora. Supuestamente, la empresa le falsificó su firma para evitar indemnizarla. Por estos hechos, la mujer ha sufrido un perjuicio de más de 250.000 euros.

La demandante contrató un seguro de indemnización en caso de enfermedad que la declarase incapaz hace siete años. La patología padecida por la mujer relacionada con el aparato respiratorio apareció hace año y medio. Por lo que tendría derecho a esa indemnización.

La asegurada cumplía con todos los requisitos establecidos en la póliza. Estos requisitos quedaron acreditados y por ende, tenía derecho a las prestaciones que se hallan incluidas en dicha póliza. No presentaba ninguna patología previa al contrato.

Ante esta situación, la afectada acudió al reconocido abogado Fernando Osuna, con el que ha podido hablar elcierredigital.com. “Mi cliente enfermó con posterioridad a la contratación y la tenían que indemnizar con 250.000 euros. No obstante, la compañía le dijo que no la indemnizaba”.

Osuna señala que “para ello falsificaron un documento imitando la firma de la asegurada. Cogieron el carnet de identidad y con un escáner plasmaron la firma de la señora. Era un documento hecho a medida para no cumplir los requisitos para ser asegurada. Al documento, que ella nunca firmó, le pusieron una fecha anterior a la contratación del seguro”.

La aseguradora es una de las seis compañías más importantes de España. "El responsable no es la aseguradora, sino el agente que atendió a mi cliente. La querella se ha presentado contra él. A mi cliente no le dieron una copia del documento falsificado”, recalca Osuna.

El abogado indica que “la compañía ha probado suerte a ver si cuela y no la tienen que indemnizar. Nunca pensaron que esa señora iba a asesorarse y que nosotros íbamos a pedir el documento. Se lo hemos pedido al juzgado donde está la denuncia y este dijo que nos lo tenían que dar". 

“Una vez que hemos tenido este documento lo hemos sometido a una prueba pericial caligráfica. Este perito ha dicho que el documento está falsificado, ya que la firma que hay está copiada del DNI. Ha concluido que no es una firma real”, añade Fernando Osuna.

Un posible delito de falsedad documental

La mujer afectada contrató el seguro en 2017 y la enfermedad que padece apareció en 2023. “De hecho, la enfermedad apareció cinco años después, en los que esta mujer pagó los diferentes recibos por estar asegurada”, observa Osuna.

No obstante,  la entidad aseguradora mantiene la negativa a indemnizar a la afectada. Para ello, argumenta que la ecijana padecía antecedentes médicos previos a la contratación del seguro. También se escudan en que en caso de haber sido conocidos los antecedentes estos habrían imposibilitado la contratación del mencionado seguro.

“Lo de que ha ocultado antecedentes médicos previos a la contratación es mentira, ya que la señora estaba sana. La compañía nunca le hizo ningún reconocimiento médico. La contingencia debe ser cubierta por el seguro, ya que la enfermedad ha sido contraída a posteriori de haber firmado el contrato”, señala el abogado de la vítima. 

Asimismo, la compañía de seguros ha elaborado un presunto documento falso. En él imitan la firma de la demandante. Tal documento falsificado contiene una serie de enfermedades que de ser padecidas le impedían recibir la cantidad asegurada.

Por todo esto, no asumen las consecuencias económicas derivadas de la póliza. La intención de la afectada es demostrar que la enfermedad apareció después de firmar el contrato. También, que la firma en esa relación de enfermedades no es suya. 

El abogado observa que “hemos presentado una querella en un juzgado de Sevilla  para que se declare nulo el documento presuntamente falsificado. Esto supondría que se la indemnice y una posible responsabilidad penal”. 

“Estaríamos ante un delito de falsedad, habría que ver en qué tipo. Moral y penalmente hablando, el hecho de que falsifiquen un documento es algo muy feo. Será difícil que queden impunes porque el informe pericial es muy bueno”, concluye Fernando Osuna.

El Código Penal español establece que la falsificación de documentos públicos puede acarrear penas de prisión que oscilan entre 3 y 6 años. Por otro lado, el delito de falsedad en documento privado puede resultar en penas de prisión que van de 6 meses a 3 años.