Caso mascarillas: Denuncian comisiones a políticos y contratos a la investigada DAMCO

Elcierredigital.com destapó en marzo de 2022 las adjudicaciones por 13.867.610 euros de material Covid-19 durante la pandemia. Damco Trading Services SL y Tanoja Services SL. Se hicieron a través de su administrador, el empresario de origen libanés Noel Jammal, bajo la licitación del Servicio Canario de Salud (SCS).

También obtuvo la aprobación del ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del gobierno de Pedro Sánchez.

La última información de la que dispone nuestro diario es la resolución que ha emitido recientemente la Audiencia Nacional. Ordena que "la Fiscalía Europea continúe con esta investigación tras encontrar irregularidades en los expedientes administrativos de Damco. Por ellos se encuentran denunciados el ministro Torres y el ex vicepresidente de Canarias y responsable de fondos europeos, Román Rodríguez".

Nuestras investigaciones periodísticas sobre las contrataciones millonarias adjudicadas a Jammal fueron remitidas ante la Fiscalía Europea. Fue mediante denuncias de varios particulares entre 2022 a 2023, quienes señalaron presuntas "irregularidades". Sobre los 'precios' del material sanitario, las 'cantidades de mascarillas' para entregar al SCS y las 'comisiones' obtenidas por Damco y Tanoja.

Todo esto en base a un supuesto 'inflado' de las cifras tanto en la retribución económica como del suministro de este material. Pero también, por presuntas "comisiones pagadas a políticos a cambio recibir estos contratos sanitarios". Así lo manifestaron en su momento estos denunciantes en primicia a nuestro diario.

Tras esta decisión de la Audiencia Nacional, hemos contactado con uno de los denunciantes del caso Torres. Se trata del empresario del sector sanitario y administrador de la mercantil 7 Academy SL, Alex Gómez, quien señala varios aspectos sobre contrataciones del SCS. 

Se trata de "los precios ofertados por Damco y Tanoja al SCS por el triple del precio de mercado", "la función del comisionista investigado Christian Cerpa, quien actuaba en nombre del SCS y mantenía contacto con Damco", "mascarillas FFP2 a 0,91 céntimos la unidad que llegaron a licitarse a 3 y 4 euros por el SCS", "la verificación del impuesto DUA pagado en Canarias por las importaciones de material sanitario por parte de las empresas investigadas para determinar realmente cuántos lotes licitados por el SCS entraron en el archipiélago y cuáles fueron distribuídos", "millones de mascarillas que nunca fueron entregadas al SCS u otras miles que fueron rechazadas en almacenes de hospitales canarios al no cumplir los requisitos'".

Por otra parte, alega Gómez, "la posibilidad de inflar los contratos a millones de mascarilas, presuntamente, cuando no era necesario tanto material al haber aprovisionamiento".  

Y habla del caso de su empresa distribuidora, Exporta Importación Exportación SL, que depositó alrededor de 700.000 mascarillas FFP2 en perfecto estado en almacenes Integra Dos del SCS. Fue mediante las gestiones del comisionista Cerpa, "a quien le tuvimos que abonar 4.500 euros por su intermediación con el Gobierno de Canarias".

Y explica: "Nunca me  abonaron todo el material, me ordenaron retirar todos los lotes de las FFP2 en julio de 2020, en plena pandemia". Gómez añade que, posteriormente, "surtimos de casi un millón más de mascarillas quirúrgicas a Damco SL para el SCS a través de Cerpa". Comenta que "tampoco nos pagaron, otro hecho denunciado a la FE".

A raíz de estas denuncias, estas adjudicaciones millonarias están siendo investigadas por la Fiscalía Europea. Esta entidad que, según ha sabido elcierredigital.com, habría encontrado "irregularidades significativas en los expedientes administrativos de licitación a Damco elaborados por el SCS".

A su vez, el SCS recibía propuestas de contratación del Comité de Emergencias Sanitaria de Canarias, presidido por Torres. Se hacía con la aprobación del uso de los fondos europeos para pagar estas mascarillas por parte de la Consejería de Hacienda.

Fue bajo el mandato en ese momento del ex consejero, Román Rodríguez, encargado de la financiación europea. También denunciado en este mismo asunto por su gestión con este dinero público.

A pesar de los intentos por cerrar esta investigación por parte de algunos de los denunciados mediante recursos, la AN ha rechazado ponerle fin en julio de 2024. Y ha respaldado, por las pruebas obtenidas por la FE, la gestión del Juez de Garantías correspondiente al Juzgado Central de Instrucción Número 1. Se trata de Francisco de Jorge, designado para este asunto.

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas investiga, por las licitaciones obtenidas por Damco y Tanoja del SCS, "delitos contra la Hacienda Pública". Y la Fiscalía ha formalizado querella contra Noel Jammal, Christian Cerpa, Miguel Ángel Ramírez -presidente de la UD Las Palmas- y Lucas Bravo de Laguna -exdiputado del Parlamento de Canarias-.

De igual forma, la Fiscalía Europea, en el caso de la empresa investigada RR7 United SL, mantiene las imputaciones por varios delitos. Tanto al administrador de RR7, Rayco Rubén González, como a dos altos excargos de Torres. Estos últimos son Conrado Domínguez -ex director del SCS- y Ana María Pérez -directora general de Recursos Económicos del SCS-.

En cuanto al caso Koldo, investigado por la Audiencia Nacional, cabe destacar que elcierredigital.com destapó las contrataciones millonarias de material sanitario aprobadas por Torres a través del SCS. Fue a favor de la empresa Soluciones de Apoyo y Gestión de Empresas SL, -presuntamente vinculada a la gestión del ex ministro José Luis Ábalos. Sus publicaciones también fueron remitidas a la Fiscalía Europea a través de otras denuncias.

El ministro Torres 'perdería el aforamiento' si fuera investigado por el caso mascarillas

Fuentes jurídicas consultadas por elcierredigital.com, indican que el siguiente paso para ser investigado Ángel Víctor Torres –en los casos por los que ha sido denunciado en relación a la trama de las mascarillas– "sería atenerse a lo dispuesto en el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Siendo la autoridad judicial la que puede remitir una petición de suplicatorio a las Cortes Generales para investigar a alguno de sus miembros en situación de aforamiento".

Posteriormente, la propia Cámara Parlamentaria, "tomaría la decisión por votación en pleno,  o también por silencio". Esto lo haría para desaforar o no al diputado o ministro implicado en una investigación judicial, que por competencias, asumiría el Tribunal Supremo. El procedimiento del suplicatorio también está contemplado en el Parlamento Europeo.

Tres investigaciones judiciales contra el ministro de Pedro Sánchez

Tres denuncias -reveladas por elcierredigital.com- son las interpuestas ante la Fiscalía Europea contra la gestión del ministro Ángel Víctor Torres. La primera macrodenuncia fue presentada en marzo de 2022 contra 23 licitaciones de material Covid-19. Tuvieron un coste de 32 millones de euros aprobadas por el SCS bajo el mandato de Torres al frente del Gobierno de Canarias, que dio origen al caso 'PCR Canarias'.

La segunda denuncia contra Torres se presentó, -por un testigo protegido-, ante la Fiscalía Europea en septiembre de 2023. Fue en relación a "las licitaciones sanitarias obtenidas por las empresas Damco y Tanoja".

También "una reunión del administrador de estas empresas, Noel Jammal, en su domicilio de La Piovera en Madrid. Allí acudió Torres siendo presidente del Gobierno de Canarias". Tras este encuentro entre ambos, el empresario Jammal dijo: "Me voy a hinchar a pasta", afirmaron testigos que se hallaban en esta vivienda.

La tercera denuncia contra Torres llegaría en noviembre de 2023 a la Fiscalía Europea. Fue por parte de la empresa del sector sanitario 7 Academy SL y su administrador mercantil, Alex Gómez. Señaló al actual ministro como la 'persona decisiva', como presidente del Comité de Expertos del Covid de Canarias, en las contrataciones sanitarias adjudicadas al supuesto 'entramado empresarial' de Jammal".

Gómez también asegura a nuestro diario que 'advirtió' antes de la licitación de 4 millones a la empresa investigada RR7 United SL -Rayco Rubén González-, que "no podría importar mascarillas 3M no homologadas en España, -aunque eran 3M Perú auténticas-". Pero Rayco respondió que "actuaba en nombre del SCS para esta importación", no permitida en España.