El Cierre Digital Caso PCR Canarias: contratos Covid-19 de 32 millones aprobados por el presidente.
Se denuncian irregularidades en adjudicaciones, como la compra de 300,000 mascarillas por más de un millón de euros.
Una denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas, contra el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en relación a 59 resoluciones emitidas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (DGRE), entre 2020-2021, para la adquisición de material sanitario debido al Covid-19.
Éstas adjudicaciones, estimadas en 32 millones de euros, alerta de presuntas irregularidades en 23 contratos en relación a "un sobrecoste en estas contrataciones, empresas creadas ‘ad hoc’ para recibir ciertos contratos, resoluciones de 7.410.000 euros sin especificar adjudicatario empresarial, o adjudicaciones sin constar los precios de mercado", según señala este documento al que ha accedido en exclusiva Elcierredigital.com.
Uno de los contratos públicos sobre los que se advierte -que obra en poder de este medio-, tiene como adjudicataria a la empresa malagueña de alimentos, Tout Espagnol Import-Export S.L., para la compra de 300.000 mascarillas FFP3 por un coste de 1.938.000 euros, lo que supondría "una adquisición de este material sanitario por 6,46 euros cada unidad, cuando el mercado sitúa estas mascarillas a un precio unitario de 1,50 euros, es decir, al triple de su valor, en función de los precios de mercado".
Otro tipo de adjudicación con esta misma empresa malagueña por parte del gobierno canario, para la adquisición de 48.000 Test PCR, por 720.000 euros, al triple de su precio, también tiene otra denuncia ante la Fiscalía, que ha recaído, finalmente, en la Fiscal Jefe de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, según ha indicado el denunciante a este periódico.
"Según la resolución de la DGRE se adjudicaron cantidades millonarias por el Gobierno de Canarias por un presunto sobrecoste en los contratos Covid-19 a las empresas ACJ S.A (1.727.000 euros), RR7 UNITED SL (4 millones de euros), VALSONS TRADERS EXPORTACIONES S.L (1.224.500 euros), DAMCO TRADING SERVICES S.A (2.834.610 euros), como podría deducirse de estas mismas resoluciones", apunta la denuncia, que también indica "la presunta creación ‘ad hoc’ de una sucursal en Canarias de la empresa aérea ONE AIRWAYS SAU (1.125.000 euros), y de la empresa SANITARY TRADERS SPAIN SL, ambas registradas en marzo y abril de 2020, respectivamente, en el Registro Mercantil, por lo que accedieron, igualmente, a este tipo de adjudicaciones".
Igualmente, se ha hecho constar "la resolución de la DGRE del Gobierno de Canarias, en base a la cofinanciación de Fondos Europeos FEDER, para la adquisición de material sanitario Covid-19, un material fungible, cuando el destino de estos fondos procedentes de la Unión Europea, es el desarrollo, al ser considerada región ultraperiférica, por lo que se insta a investigar el uso de los fondos públicos de los Presupuestos de Canarias, en materia de Sanidad, así como los procedentes del Estado durante el Estado de Alarma, para esclarecer por qué se ha recurrido a estos fondos europeos".
Investigación al Gobierno canario
La solicitud de investigación respecto la presunta concurrencia de irregularidades en estas adjudicaciones millonarias por parte del ejecutivo regional canario, se ha cursado a través del empresario grancanario Juan Manuel Pérez León ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas, para que "aclaren el origen de estos contratos".
Se interpone contra el presidente de la comunidad autónoma canaria Ángel Víctor Torres pero también contra el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, así como los responsables de la aprobación en la cámara parlamentaria en función de las contrataciones de material sanitario u otras entidades públicas responsables de estas contrataciones.
El objetivo de esta denuncia es esclarecer "si se hubieran podido producir es estas contrataciones Covid-19 -en 23 contratos-, presuntamente, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y cohecho por parte de cargos públicos de Canarias, otras comunidades autónomas o del Estado, en consonancia con estas empresas u organizaciones para alcanzar este tipo de contratos con fondos públicos".
Igualmente, se ha solicitado ante la UDEF, que se investigue "si existe alguna presunta relación de algún tipo personal, profesional o económica de algún miembro del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias o asesores u otros cargos de confianza, u otros cargos de las instituciones públicas españolas con las empresas adjudicatarias de estas resoluciones citadas, bien sea de manera directa o a través de terceras personas, o presuntos testaferros, para acceder a estas contrataciones, presuntamente, mediante sociedades intermedias para alcanzar estos contratos".
"Se investigue si existen presuntas vinculaciones de estas empresas adjudicatarias de contratos Covid-19, con cargos públicos y otras empresas intermediarias para fraguar este tipo de contratos públicos, si existen presuntas comisiones, prebendas, trato de favor, entre organismos de Canarias, otras comunidades autónomas o del Estado con estas empresas, u otras organizaciones para alcanzar estas contrataciones públicas", esgrime la solicitud de investigación ante la UDEF, Fiscalía General del Estado y Tribunal de Cuentas, así como "si hubiera sido posible realizar concursos públicos en lugar de tramitaciones directas del gobierno canario sin publicidad, además de investigar la presunta creación ‘ad hoc’ de empresas en fechas relacionadas cuando se resolvían contratos a su favor".
Contrataciones Covid-19 millonarias
Según ha podido saber ElCierreDigital.com, en base a los documentos de uno de los contratos que obran en poder de este medio, existen dos adjudicaciones paralelas por parte del Gobierno de Canarias en fechas similares, entre marzo-abril de 2021, relativas al suministro de 50.000 Test PCR por un valor de 795.000 euros, a la empresa ACJ S.A, dedicada al comercio al por menor de artículos médicos, hostelería e industria.
Pero también consta una resolución casi idéntica, de aprobación de la compra de 48.000 test PCR por un precio de 720.000 euros a la empresa malagueña de alimentos Tout Espagnol Import-Export S.L, adjudicación acordada igualmente en marzo de 2021 que se encuentra denunciada ante la Fiscalía.
En este sentido, en la solicitud de investigación ante la UDEF se especifica que "se aclare el extremo de este paralelismo entre contratos y empresas, en base a la contratación de estos Test PCR al triple de su precio según los precios de mercado, y por otra parte, el contrato público final de adjudicación -con una anulación previa de este anuncio en meses anteriores, pero restablecido el anuncio después-, concedido a la empresa ACJ S.A, que consta como formalizado, pero la formalización final de la adjudicación directa a la empresa Tout Espagnol Import-Export S.L no ha podido ser obtenido en el Portal de Transparencia del Estado ni en el Portal de la Comunidad Autónoma de Canarias".
De igual manera, se ha insistido en la investigación del contrato con Tout Espagnol Import-Export S.L por un valor estimado en 1.938.000euros del suministro de material de protección frente al Covid-19 para el Servicio Canario de la Salud, consistente en 300.000 mascarillas FFP3.
También se señala que "se averigüe sobre la transparencia en las contrataciones con ACJ S.A, por la contratación de 12.000 Protector desechable EPI II Coverall, y 200.000 Surgikal Face Mask Quirúrgica por 932.000 euros, en relación a un presunto sobrecoste".
Además, se indican hasta 23 adjudicaciones que constan en las 59 resoluciones de la DGRE del Gobierno de Canarias, por "un posible sobrecoste en las contrataciones de diferentes materiales sanitarios", y por ejercer actividades "muy distintas o no relacionadas con el mercado sanitario".
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