La cara oculta del negocio de los combustibles en España: Empresas se quedan el IVA

Con la modificación de la Ley de Hidrocarburos en 2015, en España se generó un nuevo contexto de mercado originando un importante entramado de empresas involucradas en la venta de combustible en España que incurrían en el conocido fraude fiscal "de carrusel". En la práctica, estas empresas venden los combustibles a precios muy bajos perjudicando a las empresas que sí se ajustan a lo exigido legalmente. Tal y como recogen los datos oficiales de Hacienda, el fraude en la venta de hidrocarburos alcanzó los 700 millones de euros en 2022. 

Para evitar que esta situación se mantenga, a finales de 2023, el Consejo de Ministros aprobó una reforma de la mencionada Ley de Hidrocarburos que entra en vigor el próximo 28 de marzo. Lo más destacado de esta reforma es la prohibición de las ventas entre distribuidores al por menor. Fuentes del sector consultadas por elcierreidigital.com explican que estos fraudes consisten en que “empresas que cobran el IVA, luego venden el producto sin este impuesto y sin declararlo a Hacienda. En muchas ocasiones se aplazan los pagos para no presentar el IVA durante varios trimestres”, sostienen las fuentes consultadas.

El 16 de febrero El Mundo sacaba a la luz que la empresa Biomar Oil se encontraba en el foco de las investigaciones de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria relacionadas con el fraude fiscal. Biomar Oil es una empresa que opera 'bajo el abrigo' del holding TCM Investors, que se dedica a la compraventa de combustible al por mayor a nivel internacional. El dato que inició esta supuesta investigación fue que Biomar pasó de facturar 25 millones de euros en 2021 a superar los 1.000 millones en 2022.

Posterior a esta publicación, El Mundo publicó el día 11 de marzo una rectificación de la empresa Biomar Oil S.L, ejerciendo su derecho de rectificación y negando "que no sirve de parapeto para ninguna trama fiscal en nuestro país". Elcierredigital.com, también ha recibido de esta empresa una carta de rectificación por estas mismas informaciones de El Mundo publicadas en nuestro diario, que reproducimos en este enlace.

También, la empresa justifica esta gran mejoría con el cambio de propiedad de la sociedad, ya que antes de pertenecer a TCM Investors formaba parte de Buran Energy, que solicitó su disolución tras figurar en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 17 millones de euros. El medio citado anteriormente también cuenta que la matriz de Biomar compró dos sociedades en 2023, que se encargan de gestionar las terminales de almacenamiento de combustible de los puertos de Málaga y Cartagena.

Fuentes cercanas a Biomar Oil consultadas por elcierredigital.com afirman con rotundidad que “la información de que esa empresa haya realizado algún tipo de fraude fiscal es falsa. En ningún momento la Agencia Tributaria y la Guardia Civil le va a decir a un medio de comunicación que está investigando a determinada empresa porque sería algo absurdo. Esas dos empresas no se compraron en 2023, sino muchos años antes. Respecto a la deuda de 17 millones de euros se trata de una deuda que ya está liquidada y que pertenecía a otra sociedad”.

El Gobierno modifica la Ley de Hidrocarburos

El 27 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó como medida económica incluir una serie de modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, que entrarán en vigor el próximo 28 de marzo. Entre estas modificaciones se encuentra la prohibición de las ventas entre distribuidores al por menor, punto en el que aparece una de las claves de este fraude fiscal. Los operadores venden los hidrocarburos a empresas recién creadas sin tener que ingresar el IVA y posteriormente estos hidrocarburos son revendidos a los distribuidores finales a un precio por debajo del coste. Una vez realizada esta venta las empresas creadas desaparecen y vuelven a operar con otro nombre.

Estas empresas erigidas también evitan realizar las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Hasta la entrada en vigor de esta modificación de la Ley se permitía a los distribuidores al por menor suministrar a otros distribuidores.

Todo tiene su origen en mayo de 2015, cuando se modificó la Ley del Sector de Hidrocarburos y favoreció la creación de empresas al por menor que se aprovecharan de la situación al no existir medidas de control y supervisión suficientes para evitar los fraudes. Esta modificación legal se entendió positiva al considerar que ampliando el número de proveedores de hidrocarburos, los precios bajarían. Sin embargo, la referencia al registro de los impuestos especiales carecía de sentido jurídico.

Ante tal transformación del mercado, la nueva Ley no solo establece obligaciones para las empresas al por mayor, sino que amplía el abanico a todas las compañías sin importar los tipos de clientes. En esta ley también se han incluido como causas de inhabilitación de los operadores el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del sector (CORES, SICBIOS, FNEE). Este cambio se debe a que los principales fraudes de operadores al por mayor estaban vinculado al incumplimiento de estas obligaciones que no quedaban recogidas en las causas de inhabilitación. Asimismo, esta nueva Ley también prohíbe el suministro de distribuidores al por menor a operadores al por mayor. 

La elusión de pagar el IVA y de realizar las aportaciones obligatorias permite vender los hidrocarburos por debajo de su precio, lo que da lugar a que los operadores al por mayor adquieran hidrocarburos a bajo coste en distribuidores al por menor. Por ende, con toda esta reforma se busca que sean los operadores al por mayor quienes configuren la estructura de los precios de los hidrocarburos.

El fraude carrusel

Fuentes del sector consultadas por elcierredigital.com explican que "desde una óptica criminológica podemos asegurar que para la comisión del fraude de IVA se utilizan una serie de estructuras organizadas, donde existen unos actores concretos, jugando cada uno de ellos un papel definido. Así, se utilizan una serie de empresas que forman parte del circuito del fraude. Además, estas organizaciones cometen en paralelo otras tipologías delictivas como delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, etc”.

“Este círculo del fraude está formado por tres participantes. El primero de ellos es la sociedad trucha, cuya función es realizar adquisiciones intracomunitarias de bienes, donde no se soporta IVA, y vendérselas a otra sociedad, normalmente una sociedad pantalla, para posteriormente desaparecer antes de presentar y liquidar el impuesto del IVA.

En segundo lugar está la sociedad pantalla intermediaria, que es la encargada de adquirir los bienes de las sociedades trucha ubicadas dentro del mismo Estado, por lo que en este caso sí se soporta el IVA, que es imputado a las empresas distribuidoras a las que venden el bien”, añaden estas fuentes. 

Las mismas voces explican que “al final del circuito del fraude están las distribuidoras, que compran a un precio inferior al del mercado al no haber sido repercutidas con anterioridad el IVA. Así, no  repercuten el IVA al vender a otros países, pero sí solicitan la devolución del impuesto que han devengado en sus facturas, pero que no han ingresado a la hacienda pública”.

“Este fraude es conocido como el fraude carrusel y es complejo de investigar al tratarse de un entramado societario diseñado para cometer fraude en las adquisiciones. Cada una de las mercantiles juega un papel en el circuito del fraude. En algunas ocasiones, las empresas pantalla compaginan un desarrollo de negocio fraudulento con otras actividades legales, lo que dificulta conocer en detalle la comisión de la acción delictiva”, concluyen las fuentes citadas anteriormente.