Cadena de errores evitables antes de la DANA: Fallos de las Conferencias Hidrográficas

Han pasado diez días desde que la DANA desató su furia en el Levante español y en zonas de Castilla-La Mancha. En particular, el municipio de Letur, en Albacete, sufrió las devastadoras consecuencias de una riada que causó la desaparición de seis personas.

La tragedia se consolida como una de las más graves en la región y evidencia una gestión desorganizada de las autoridades.

La falta de previsión y coordinación en los organismos responsables, especialmente la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y los gobiernos de la Comunidad Valenciana y central, ha puesto de relieve una cadena de errores que podrían haberse evitado.

La CHS publicó en septiembre una revisión y actualización preliminar del riesgo de inundación en las zonas que cubren los cursos fluviales del Segura. Este documento destacaba como zona de riesgo los más de cinco kilómetros del arroyo de Letur.

Exactamente en la misma área que se vio afectada por la riada que asoló el municipio el pasado 29 de octubre. Dejando seis personas fallecidas y daños materiales significativos.

La actualización del riesgo de inundación subrayaba la peligrosidad de este tramo. Además, mencionaba la posibilidad de eliminar algunos tramos de alto riesgo. Todo sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas efectivas en esta dirección. 

A pesar de que el arroyo de Letur está catalogado como una zona de riesgo de inundación, la CHS no instaló pluviómetros en el área.  Algo que hubiera sido fundamental para alertar a la población y gestionar la emergencia de manera oportuna.

Una tragedia en Letur, sin respuesta ni previsión

El impacto de la DANA en Letur fue devastador, con seis vidas perdidas y la destrucción de buena parte del pueblo. 

Medios locales como El Digital de Albacete ha solicitado una entrevista con la CHS para obtener respuestas sobre la ausencia de medidas preventivas y el mal manejo de la crisis. Hasta el momento, no ha habido contestación por parte de la Confederación. 

Según el mismo informe preliminar de riesgo, Letur era una de las 163 áreas de riesgo de inundación en la cuenca del Segura. Con una longitud total de 625,9 kilómetros de tramos identificados. 

Además del arroyo de Letur, también se encuentran en riesgo tramos de Socovos, Férez y Tobarra. Así como en la Cañada de Agra, dentro del término de Hellín.

A esta omisión de instalación de pluviómetros se suma la descoordinación entre los organismos de la cuenca y los gobiernos regionales y central. 

Según informó el comisario de Aguas de la CHS, Francisco Javier García, la precipitación acumulada en la cabecera de la cuenca de Letur llegó a 200 litros por metro cuadrado. Un volumen significativo que desencadenó el desbordamiento del arroyo sin aviso previo. 

La Junta de Castilla-La Mancha lamentó que la única información disponible proviniera de la AEMET y no de las confederaciones hidrográficas. Las responsables de monitorear el flujo de agua en la cuenca del Segura y del Júcar.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, afirmó que "no se recibió aviso alguno" de las confederaciones. También destacó la falta de comunicación en momentos críticos. 

Ruiz Molina también señaló la necesidad de revisar la limpieza y el mantenimiento de los cauces. Además, planteó la posibilidad de construir infraestructuras adicionales para evitar que un evento así vuelva a repetirse.

De igual manera, el alcalde de Algemesí denuncia que informó por escrito a la Confederación Hidrográfica en dos ocasiones, la última el pasado julio, advirtiendo del peligro que representaba el estado del río debido a la falta de limpieza, pero no recibió respuesta.

El dilema de los embalses y presas en España

La gestión de los recursos hídricos en España ha sido objeto de debate durante décadas. En los últimos años, España ha liderado en Europa la eliminación de barreras fluviales, incluyendo presas y azudes. Todo con el objetivo de restaurar los ecosistemas acuáticos y mejorar la conectividad de los ríos. 

Según el informe "Dam Removal Progress 2021" de la organización Dam Removal Europe, en 2021 se desmantelaron 108 barreras en España. Lo que representa casi la mitad de las 239 eliminadas en todo el continente.

Esta tendencia contrasta con los planes del gobierno años anteriores en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En 2004 se anunció un ambicioso plan de infraestructuras para mitigar las riadas en la comarca de l’Horta Sud. Una de las zonas de la Comunidad Valenciana más afectadas por inundaciones en épocas de fuertes lluvias y gota fría. 

Esta iniciativa pretendía ofrecer una solución definitiva a un problema que durante años había generado daños materiales significativos. Especialmente en localidades como  Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Torrent y Cheste, entre otras.

El proyecto incluía la creación de una presa en Cheste. Una construcción que regularía los caudales provenientes de las cuencas altas de los barrancos del Poyo y Pozalet.

La infraestructura de Cheste estaba planeada con una capacidad de aproximadamente ocho hectómetros cúbicos. Contaba con un diseño que incluía otros dos diques en los barrancos del Pozalet y la Saleta, los cuales desaguarían en el cauce del Poyo. 

Además, el proyecto contemplaba la adecuación del barranco del Poyo desde su cruce con el ‘by-pass’ en dirección al polígono industrial de El Oliveral. Una zona particularmente vulnerable a las riadas.

Entre las propuestas innovadoras, el plan de la CHJ introducía un sistema de “corredores verdes”. Dotados de lagunas de laminación y vías verdes integradas en el entorno natural. 

Estas áreas verdes, de unos 30 metros de ancho, servirían como depósitos naturales de agua en casos de crecidas. Contribuyendo a mitigar los efectos de las avenidas al tiempo que ofrecían un espacio de uso público.

El anuncio de este plan fue recibido con optimismo por los representantes municipales de la zona. Empar Navarro, presidenta de la mancomunidad de l’Horta Sud, expresó su satisfacción por un proyecto que, según ella, “respetaba las realidades locales y preservaba el parque natural de la Albufera”. 

Sin embargo, con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa y Cristina Narbona en el Ministerio de Medio Ambiente,  este proyecto de la presa de Cheste y otras infraestructuras para la gestión del agua fueron reconsiderados. 

El nuevo equipo de gobierno tenía una visión distinta sobre la gestión hídrica, enmarcada en una política de desarrollo sostenible y preservación ambiental. 

La ministra Narbona optó por paralizar algunos de los proyectos planteados por el gobierno anterior, incluyendo parte de los planes de la CHJ. Se centró en la creación de alternativas como plantas desalinizadoras y el fomento de la reutilización del agua. Argumentando que estas soluciones eran más ecológicas y menos invasivas para el medio ambiente.

La suspensión de estos proyectos de infraestructuras hidráulicas y la priorización de medidas alternativas ha sido objeto de debate durante años. Para algunos sectores, la decisión de abandonar estas infraestructuras tradicionales ha dejado ciertas zonas expuestas e indefensas ante fenómenos como la DANA.

Diez días después del devastador paso de la DANA, la tragedia invita a una reflexión profunda sobre el estado de nuestras infraestructuras hídricas.

Las confederaciones hidrográficas, responsables de garantizar la seguridad en los cauces y embalses, se enfrentan a críticas por la falta de mantenimiento adecuado en ciertas zonas de riesgo. Así como por la ausencia de medidas preventivas en áreas que históricamente han sufrido inundaciones.

Además, la tendencia reciente a desmantelar pequeñas presas y estructuras de contención en desuso, aunque enmarcada en políticas de restauración ecológica, ha dejado a algunas comunidades sin defensas esenciales ante crecidas repentinas.

Este enfoque, que ha antepuesto la recuperación de los ecosistemas fluviales, contrasta dolorosamente con la urgencia de preservar la seguridad de los pueblos vulnerables. Subrayando la necesidad de un equilibrio que respete tanto la naturaleza como la protección de los habitantes.