El Santander busca desentenderse del agujero que sufrieron los accionistas del Popular

La intervención estatal del Banco Popular en 2017 provocó que alrededor de 300.000 accionistas perdiesen más de 2.000 millones de euros. El Banco Santander aprovechó la situación. Y por apenas 1 euro digirió una entidad de crédito que, por lo pronto, le proporcionó una apetitosa red de oficinas. Y, además, 5.000 millones de euros en créditos fiscales. 

El banco de Ana Patricia Botín jugó una estrategia de 'pan o palos'. A los accionistas que renunciaron a emprender acciones legales los premió con un bono de fidelización. Y al resto, que se defendió en los tribunales, los condenó a la intemperie. 

Los Botín preparan ahora el pago de 981 millones de euros a los primeros. Y se enfrentan a un juicio, junto al auditor PwC, contra los segundos. Éstos, entre los que se encuentran los fondos de inversión Pimco, Anchorage y Algebris, les reclaman 1.400 millones de euros. 

A cuenta de esta exigencia, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió a Banco Santander y a PwC que aportasen las pólizas de seguro que tuvieran contratadas, con el fin de asegurar la posible responsabilidad civil en la causa abierta.

Los accionistas, pagadores del agujero

El Fondo de Garantía (financiado por los bancos) tan solo garantizó los depósitos que no superasen los 100.000 euros a los clientes del Popular, tal y como marca la ley. Y el resto del agujero lo están pagando los accionistas que acudieron a juicio. 

"Los fondos quienes, inducidos a engaño por tales artificios, adquirieron, en distintos momentos, instrumentos financieros AT1 y AT2 emitidos por Banco Popular manteniendo su inversión durante varios años hasta que, de manera sorpresiva, fueron amortizados en la decisión de resolución de la entidad (al igual que ocurrió con los accionistas y resto de bonistas del banco)", dice el escrito de denuncia adelantado por Bloomberg.

Y sobre la cúpula del Popular dice que  "los acusados lograron, con sus prácticas de maquillaje contable, que Banco Popular presentara una imagen totalmente irreal de su situación económica y financiera, de modo que se sobrestimaban los ingresos y beneficios, se infraestimaban los riesgos de crédito y la mora, se aumentaba artificialmente la solvencia y el capital regulatorio, etc.". 

Radiografía del escándalo que benefició al Santander

La Audiencia Nacional investiga la presunta estafa que cometió la cúpula del Popular cuando en 2016 realizó una ampliación de capital. Cabe recordar que al año siguiente de este proceso el banco fue intervenido tras quedarse sin liquidez. Y esto facilitó que fuese adquirido por solo un euro por el Santander, que se hizo con los 5.000 millones de créditos fiscales que atesoraba su antiguo rival. 

El banco de los Botín recibió, nada más acceder a la sala de máquinas del entonces sexto banco de España, 500 millones de Hacienda. Lo hizo a través de créditos fiscales, que son sumas que se acumulan en pérdidas. Y sirven principalmente para aminorar el pago del Impuesto de Sociedades. 

El ministro de Economía tanto en 2012 como en 2017 era Luis de Guindos, que aseguraba que el rescate del Popular no iba a costar "ni un duro a los españoles". La ciudadanía estaba alarmada por el gigantesco socavón provocado por la banca.

Y con razón. Porque solo el FROB, el 'banco malo', ha reconocido pérdidas superiores a 45.000 millones de euros derivadas por rescates bancarios.  

El expresidente del Popular, Ángel Ron, se negó a ser rescatado ni por el FROB ni por la SAREB. Ambos organismos hubiesen digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad.

Por último, cabe recordar que los inversores del Banco Popular que perdieron sus ahorros en 2017 intentaron el pasado año la imputación de las autoridades españolas bancarias que avalaron la intervención. Entre sus pretensiones estaba la de imputar a la anterior cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Anticorrupción pide 6 años y medio de prisión a Ángel Ron

La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años y medio de prisión y una multa de 250.000 euros al expresidente del Popular, Ángel Ron, y a tres de sus colaboradores. Los cuatro directivos están acusados de cometer delitos de falseamiento de cuentas y de información económico-financiera de los ejercicios 2015 y 2016. 

Ron recibe este revés tras cobrar oxígeno hace unos meses por un dictamen de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que respaldó a Santiago Pedraz. El juez había decidido archivar de forma definitiva, tal y como había solicitado la Fiscalía, la ampliación de capital de 2012.

Pero en 2015 y 2016 el banquero, según el auto, "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe. Y no por más o por menos. La intervención verbal de los letrados de Linklaters fue meramente jurídica. Y por lo que consta en el acta, no muy exhaustiva, más bien lo contrario. Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".

El texto también deja claro que Ron tenía una grandísima responsabilidad en el Popular en el momento de la ampliación.  Y es que era, ni más ni menos, que "presidente de su consejo de administración", "presidente ejecutivo" y "presidía también la comisión delegada del consejo".

El banquero, según el auto judicial, "impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable. Y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación. El sr. Ron estaba al tanto del déficit de provisiones que afectaba al balance del banco durante los años 2015 y 2016".

Algunas voces señalan que las autoridades estatales y europeas miraron para otro lado en lo referente a la situación del Popular. Pero el auto deja claro que sus responsables desoyeron todo tipo de consejos. "Resulta sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte de Banco de España y BCE".

De la sombra del delito se escapa el sucesor de Ron en la presidencia, Emilio Saracho, que tomó posesión efectiva el 20 febrero de 2017. Y según el auto no tuvo "ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable a que hemos hecho referencia". "Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco", añade el texto.

Saracho también se libró de la principal acusación que pesaba sobre él. La de realizar filtraciones a la prensa que provocaron una fuga de depósitos que facilitaron el final definitivo del Popular.

La versión de Ron

Ron señaló que la solvencia del Popular fue avalada por los peritos del Banco de España. Estos afirmaron en 2019 que "las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad. Y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva". 

"No había agujero alguno en las cuentas de 2015 que dieron base a la ampliación de capital de 2016", sostuvo. Y explicó que "desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio. Y por tanto no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016". 

El banquero calificó su labor al frente del Popular de  "trabajo arduo, muy profundo y riguroso". Y aseguró que exhibirá "pruebas demoledoras" para batallar contra las tesis del instructor, que desliza que en el Popular se cometieron delitos de estafa y falsedad contable.