Montaje propio Así viven los tres únicos condenados que quedan en prisión por el 11-M: Sus rutinas
De los 18 responsables del atentado en Madrid solo quedan en prisión Jamal Zougam, Othman El Gnaoui y Suárez Trashorras
Han pasado veintiún años de los trágicos atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron 191 muertos y más de 1.800 heridos. Durante este tiempo la situación de los condenados ha evolucionado significativamente.
De los 18 adultos sentenciados por su implicación en los ataques, solo tres permanecen en prisión. Son Jamal Zougam, Othman El Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras.
Según la legislación española, el límite máximo de cumplimiento efectivo de sus penas es de 40 años. Esto implica que los responsables del 11-M continuarán encarcelados hasta 2044.
Mientras tanto, el resto de los condenados ya han cumplido sus penas y, en su mayoría, han sido expulsados de España.
El estado actual de Jamal Zougam
Jamal Zougam, nacido en Tánger en 1973, fue condenado a 42.922 años de prisión como autor material de los atentados. Antes de los ataques, era socio y gerente de la tienda de telefonía móvil "Nuevo Siglo" en el barrio de Lavapiés, Madrid. Se le vinculó con la venta de tarjetas SIM utilizadas en los dispositivos explosivos.
Actualmente, Zougam cumple su condena en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña). Allí se encuentra clasificado en primer grado penitenciario, el régimen más restrictivo, destinado a internos de alta peligrosidad.
Esta clasificación implica un control exhaustivo, limitación de actividades y ausencia de permisos de salida. A pesar de mantener un comportamiento ‘adecuado’, las autoridades penitenciarias han denegado cualquier mejora en su régimen.
Zougam ha sostenido su inocencia desde el inicio. Argumenta que no existen pruebas directas que lo vinculen con los atentados. Su defensa ha intentado, sin éxito, la revisión de su condena en diversas instancias, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En prisión ha evitado asociarse con grupos radicales, lo que le ha permitido mantener un historial disciplinario limpio. Sin embargo, su situación legal permanece inalterada, y se espera que continúe encarcelado hasta 2044.
Othman El Gnaoui: Colaborador logístico, ahora en segundo grado
Othman El Gnaoui, también condenado como autor material, recibió una pena de 42.924 años de prisión. Su rol en los atentados se centró en labores logísticas, como el transporte de explosivos. Actualmente, está recluido en la prisión de Mansilla de las Mulas (León), en segundo grado penitenciario.
Tal y como señalan fuentes penitenciarias, “lleva un régimen de vida normal. Ahora está haciendo ramadán y normalmente mantiene buen comportamiento. Va a actividades (al taller del módulo) y no tiene partes disciplinarios”.
En 2018 fue investigado por presunta pertenencia a una red de captación y adoctrinamiento yihadista dentro de las cárceles españolas, conocida como "frente de cárceles yihadista", liderada por Mohamed Achraf. Sin embargo, finalmente fue exonerado al no encontrarse pruebas concluyentes en su contra.
Suárez Trashorras: De colaborador necesario a la petición de eutanasia
El exminero asturiano José Emilio Suárez Trashorras fue condenado a 34.715 años de prisión por facilitar los explosivos a la célula yihadista. Al igual que el resto de implicados, Trashorras cumplirá el límite de 40 años en prisión.
Actualmente está recluido en la cárcel de Villabona (Asturias) en segundo grado. Sin embargo, durante algunos periodos fue clasificado en primer grado debido a incidentes con funcionarios penitenciarios.
En un giro inesperado, Trashorras solicitó acogerse a la ley de eutanasia el 1 de marzo del pasado 2024. El exminero alegó que su enfermedad mental no recibe tratamiento adecuado en prisión y que sufre un "sufrimiento intolerable".
Según su defensa, Trashorras ha expresado arrepentimiento y ha pedido perdón a las víctimas. También ha participado en programas de justicia restaurativa con el objetivo de mejorar sus condiciones. Sin embargo, las autoridades han mantenido una política de tolerancia cero, denegándole todos los permisos de salida.
Fuentes cercanas al entorno penitenciario han indicado que Trashorras ha tenido un “comportamiento variable dentro de la prisión”. En algunos momentos ha mostrado signos de arrepentimiento y colaboración con actividades de rehabilitación. Mientras que en otros ha protagonizado episodios conflictivos que han impedido su progresión en el sistema penitenciario.
El resto de condenados: Penas cumplidas y expulsiones
De los 18 adultos condenados en España por el 11-M, 15 ya han cumplido sus penas. La mayoría de los excarcelados de nacionalidad marroquí fueron expulsados de España. Entre los liberados destacan Youssef Belhadj y Saed El Harrak (condenados a 12 años), excarcelados en 2017 y deportados a Marruecos.
Fouad El Morabit (12 años), liberado en 2016 y también expulsado. Rachid Aglif (18 años), excarcelado en 2022 y entregado a Marruecos. Abdelmajid Bouchar (18 años), el último en recuperar la libertad en 2023 y expulsado de inmediato.
El yihadismo dentro y fuera de las cárceles españolas
En los últimos años, España ha experimentado una evolución en la amenaza del terrorismo yihadista. Aunque los grandes atentados han disminuido, la radicalización y las actividades de células yihadistas siguen presentes. Un ejemplo reciente es la detención de once miembros de un grupo paquistaní este mismo mes de marzo, que promovía la violencia extrema a través de canales cifrados.
Esta operación conjunta entre la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la policía italiana evidencia la persistencia de redes yihadistas. Redes que buscan expandir su ideología en territorio europeo.
En enero de 2023 se produjo un ataque en Algeciras en el que un individuo, actuando solo, atacó dos iglesias, causando la muerte de un sacristán e hiriendo a varias personas. Este incidente subraya la amenaza de actores solitarios que, influenciados por ideologías extremistas, pueden llevar a cabo ataques con muy pocos recursos.
Por otra parte, la presencia del yihadismo en las cárceles españolas supone una preocupación para las autoridades penitenciarias. A lo largo de las últimas décadas, las redes yihadistas dentro de prisión han evolucionado.
Como ya explicó ACAIP para elcierredigital.com, los métodos de agrupación han cambiado. Antes, los miembros de estos grupos eran transparentes en sus actividades, llegando a realizar entrenamientos en grupo dentro de prisión. Sin embargo, en la actualidad, buscan pasar desapercibidos y evitan llamar la atención de los funcionarios.
A lo largo de los años, se han identificado tres grandes redes yihadistas en las prisiones españolas. La red de Mohamed Achraf, detectada en la Operación Nova; la red de la Operación Escribano y la red Kafig.
Según los expertos de ACAIP, estas redes han funcionado de manera descentralizada. De esta forma, mantienen conexiones indirectas entre sus miembros a través de intermediarios. Aunque no se trata de estructuras jerárquicas, existe cierto prestigio entre los reclusos yihadistas según su historial de militancia.
Las investigaciones han identificado hasta 183 conexiones yihadistas dentro de las cárceles españolas. Los expertos destacan que muchas de estas redes han facilitado la radicalización de nuevos miembros dentro de prisión. Aprovechando el contacto con otros reclusos en módulos cerrados.
La Operación Nova, por ejemplo, desmanteló una red dentro de numerosas prisiones españolas en 2005. Esta red planeaba un atentado con camión bomba contra la Audiencia Nacional. En su momento, se detuvo a 32 personas, aunque solo 11 se habían conocido dentro de prisión.
Más recientemente, la Operación Escribano reveló que Mohamed Achraf, líder de la red Nova, estaba tejiendo nuevas conexiones dentro de prisión a través de cartas con otros internos. Incluyendo a condenados por el 11-M.
En 2019 la Operación Kafig descubrió una célula yihadista activa en la prisión de Valdemoro, con cinco reclusos y dos personas en el exterior. Según la policía, ordenaron atentados en Madrid y Barcelona.
Aunque la Audiencia Nacional terminó absolviendo a los acusados por falta de pruebas, esta operación mostró cómo las prisiones siguen siendo un punto de conexión clave para el yihadismo en España.
Actualmente, el sistema penitenciario ha reforzado las medidas de vigilancia y ha implementado programas de desradicalización. Sin embargo, los expertos advierten que sigue existiendo el riesgo de que los reclusos radicalizados continúen expandiendo sus redes.
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