El patrimonio de Arantxa Sánchez Vicario: El Banco de Luxemburgo desgrana los bienes que la tenista sacó hacia Uruguay

Revés judicial para Arantxa Sánchez Vicario. La extenista, así como su exmarido, Josep Santacana, se sentará en el banquillo de los acusados para responder por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible. Así lo ha considerado el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que, tal y como adelantó en exclusiva elcierredigital.com, ha acordado la apertura de juicio oral por el caso del Banco de Luxemburgo.

La entidad crediticia presentó el pasado mes de noviembre su escrito de conclusiones -al que ahora se han sumado el de la Fiscalía y el de las defensas de los encausados- solicitando formalmente la apertura de juicio oral contra la expareja tras constatar que Arantxa, presuntamente, había culminado un proceso de descapitalización total al vender todas sus propiedades en España y Andorra, ignorando sus requerimientos como acreedor y una sentencia firme por vía civil.

La raíz de este embrollo judicial tiene su origen en el año 2009, cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional conforme a la cual, la tenista tenía que pagar una multa de 3,5 millones de euros más intereses por evasión fiscal, una cantidad que, sumando multas e intereses, ascendía a 5,2 millones. En aquel entonces, Hacienda pudo cobrar gracias a un aval del Banco Sabadell, y esta entidad financiera, a su vez, recuperó su dinero gracias a un contraaval suscrito con el banco luxemburgués, donde Arantxa mantuvo durante muchos años parte de su fortuna.

Así consta en el escrito de la Fiscalía, que relata que el 27 de abril y el 1 de octubre de 2010, “la entidad Banque de Luxembourg abonó a la entidad Banco Sabadell las cantidades respectivamente de 4.184.659,84 euros y 1.065.340,16 euros como garante de la cantidad que esta última tuvo que abonar como garante a su vez de la deuda tributaria que la acusada, Arantxa Sánchez Vicario, mantenía con la Agencia Tributaria española”.

No obstante, cabe señalar que el BDL pagó de sus propios fondos al banco catalán, al no encontrarse en la cuenta de la extenista, según lo relatado en el escrito de acusación, dinero para afrontar el pago. Así, en el año 2010, el Banco de Luxemburgo envió un burofax en el que reclamaba el pago de la entidad. Nunca hubo respuesta extrajudicialmente, por lo que la entidad acudió a la vía civil. Una demanda de reclamación que “dio lugar al procedimiento ordinario nº 275/2011 ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Esplugues de Llobregat, que finalizó con sentencia de fecha 16 de septiembre de 2013 por la que se estimaba la demanda y condenaba a la acusada al pago de la cantidad de 5.250.000 euros más intereses y costas”.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana.

Una cantidad que, de nuevo, no se abonó y por la que el Banco de Luxemburgo presentó, ante el mismo juzgado, una demanda de ejecución por una cantidad total de 7.763.969,44 euros, de los que 5.250.000 euros eran en concepto de principal, 520.109,59 y 48.328,77 en concepto de intereses y 1.745.531,08 como importe de provisiones en concepto de intereses y costas que pudieran devengarse.

El patrimonio de Arantxa Sánchez Vicario

El escrito de la acusación relata que Arantza Sánchez Vicario, bajo las consignas de su entonces marido, Josep Santacana, y en colaboración con el resto de encausados, “con ánimo de enriquecimiento ilícito, y pleno conocimiento, ambos […] idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad por parte de la referida entidad”, es decir, por parte del Banco de Luxemburgo.

Entre las maniobras que se describen en el documento, al que ha tenido acceso elcierredigital.com, figuran el vaciado de cuentas corrientes, la desaparición de los créditos cobrados por Sánchez Vicario derivados de procedimientos judiciales “haciendo desaparecer el dinero de forma inmediata e impidiendo de este modo el embargo de las referidas cantidades” y desaparición, asimismo, de los créditos cobrados derivados de reportajes en medios de comunicación, “cobrando de forma opaca o haciendo desaparecer el dinero nada más recibirlo e impidiendo de este modo el embargo”.

Además, se pormenoriza un proceso de despatrimonialización inmobiliario a través de sociedades de las que Sánchez Vicario era titular real o fiduciaria, “llevado a cabo bajo las directrices del acusado Santacana”. La acusada era supuestamente propietaria y beneficiaria de, al menos, las siguientes sociedades: Euroilla Inversiones SL, SAG Residencial SL, SFG Investements SL, Inmuebles e Inversiones Ciudad Diagonal SL, Inmuebles e inversiones Bensan SL, que “carecían de actividad productiva siendo únicamente titulares de numerosos bienes inmuebles” y que el 20 de noviembre de 2009, a través de un poder, pasaban de ser administradas por los padres de la extenista para ser esta última quien dispusiera de su patrimonio.

Josep Santacana a la salida del los Juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

De este modo, en el caso de Euroilla Inversiones SL, el patrimonio inmobiliario constaba de un piso sito en la Avenida Diagonal de Barcelona, así como de dos plazas de parking.

En SAG Residencial SL, dos viviendas, tres plazas de parking y un trastero, ubicados todos ellos en el complejo inmobiliario Gran s’Ágaró de San Feliu de Guíxols, una porción de terreno en el paraje Playa de Sant Pol en la misma localidad, y un local en el puerto deportivo Port Premià.

En el caso de SFG Investements SL, el patrimonio inmobiliario detallado por el citado escrito constaría de una casa destinada a la vivienda unifamiliar sita en el complejo residencial La Closa de Cal de Rei, en Bellver de Cerdanya; una vivienda unifamiliar en la Parroquia de San Francisco Javier de Formentera, dos locales en el puerto deportivo de Port Premià, una plaza de parking en la calle Parlament català en San Just Desvern, un piso en la calle Sabino Arana de Barcelona, y una porción de terreno destinada a equipamientos comunitarios y club social en Les Bateries, en Sant Feliu de Guíxols.

Una larga lista de bienes que completa la sociedad Inmuebles e Inversiones Ciudad Diagonal SL con una casa unifamiliar en la calle Jordi de Déu en Esplugues de Llobregat, así como los bienes de Inmuebles e inversiones Bensan SL: un piso en San Just Desvern, dos apartamentos dúplex en Port Ginesta, en Sitges, y una vivienda unifamiliar en el conjunto residencial Polis Alfa, en Sant Cugat del Vallés.

Aportación a una sociedad Uruguaya y venta 

Parte de los referidos bienes, según el citado escrito, fueron aportados a una sociedad extranjera, la mercantil uruguaya Huslia SA, presuntamente controlada por la acusada. Asimismo, se realizaron numerosas operaciones de venta "con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro del Banco de Luxemburgo". De este modo, el importe que Arantxa Sánchez Vicario habría ingresado en concepto de estas transacciones más de siete millones de euros. 

A continuación, detalla el documento, la acusada, "siguiendo las directrices de su marido", se insiste, "procedió a la liquidación de las mercantiles". No obstante, a pesar de hallarse en liquidación, "se continuaron realizando operaciones de despatrimonialización", en esta ocasión, con ventas por valor de casi 1.200.000 euros. 

"La mercantil Dharma Business SL, controlada por el acusado Josep Santacana Blanch, tuvo asimismo un papel muy relevante en este proceso, habiendo sido utilizada para cobrar cantidades de la acusada [...] y recibir tranferencias de mercantiles controladas por la acusada como la sociedad Huslia SA y ello con el fin de ocultar el rastro del dinero susceptible de ser embargado".