01 de agosto de 2021
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EDICIÓN VERANO

El Banco de Luxemburgo solicita al juzgado número 4 de Barcelona la apertura de juicio oral contra la conocida pareja y les pide 4 años de prisión

Piden cárcel para Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana antes de que llegue su sentencia de divorcio

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana.
Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana.
A Arantxa Sánchez Vicario le ha llegado antes la petición de apertura de juicio oral por parte del Banco de Luxemburgo que su sentencia de divorcio con Josep Santacana que lleva meses a la espera de resolución en la Audiencia Provincial de Barcelona. La entidad bancaria pide cuatro años de prisión por levantamiento de bienes al todavía matrimonio.

Arantxa Sánchez Vicario ha tenido un disgusto y, pese a lo que todos esperaban, no es su sentencia de divorcio recurrida en la Audiencia Provincial de Barcelona y que se está alargando extrañamente en el tiempo. Lo que de verdad teme la tenista empieza a hacerse realidad.

El Banco de Luxemburgo (BDL) ha presentado ya su escrito de acusación contra la tenista, denunciada en primavera de 2015 por alzamiento de bienes. Esa querella criminal fue ampliada a su todavía marido, Josep Santacana, como gestor de su patrimonio. La entidad ha presentado en el juzgado número 4 de Barcelona su escrito de conclusiones y solicita la apertura de juicio oral contra la expareja, que deberá sentarse en el banquillo de los acusados cuando se señale la fecha de la vista. 

La cantidad inicial de 5.250.000 euros ya sumaba medio millón más el día en que fue interpuesta la demanda (29/03/11) y no ha dejado de crecer desde entonces hasta el 7 de agosto pasado, en que la entidad realizó el más reciente cálculo de intereses: 7.602.189 euros. En la presentación de su escrito de acusación, el BDL rebaja la cifra por dos pagos realizados por la tenista que suman 911.137 euros, por lo que hoy la deuda estaría en 6.170.942 euros, a los que habrán de sumarse intereses y las costas del procedimiento.

Buscan el dinero de Arantxa y Santacana en Uruguay

A principios del verano de 2018, Josep Santacana, exmarido de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, llegaba a Barcelona para poner en orden todo su patrimonio empresarial y sus bienes ante la petición de prisión preventiva que solicitó el Banco de Luxemburgo para él y su todavía mujer. Este es el grave problema con el que se enfrenta la pareja, al margen de su divorcio: Poner en orden todo un entramado generado con el dinero que la tenista ganó durante sus muchos años como número uno del deporte mundial y que en 2010 se estimaba en unos 35 millones de euros. 

La preocupación de la todavía pareja es máxima al ampliarse hace unos meses la querella por alzamiento de bienes y fraude de acreedores en el juzgado nº 4 de Barcelona. El Banco de Luxemburgo, que logró una sentencia favorable por la vía civil, aún no ha cobrado absolutamente nada y por ello a finales de enero se fueron a la vía penal solicitando penas de cárcel.

El pleito con Hacienda, el comienzo de sus problemas

Todo comienza en el año 2009 cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional por la que la tenista tenía que hacer frente a una multa de 3,5 millones más intereses por un delito de evasión fiscal. La cantidad final ascendió a 5,2 millones sumando multa e intereses. Hacienda pudo cobrar gracias a un aval del Banco de Sabadell y esta entidad financiera a su vez recuperó su dinero gracias a un contraaval suscrito con el banco luxemburgués, donde Arantxa mantuvo durante muchos años parte de su fortuna, cuando sus intereses los gestionaba International Management Group (IMG), radicada en Beverly Hills en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. No hay que olvidar que las tres empresas principales de Arantxa, las sociedades anónimas Sant C 412, Sant J 411 y Port G 410, tenían como accionistas principales dos sociedades extranjeras situadas en Uruguay y en las Islas Marshall, al norte de Nueva Guinea. Estas eran ACE Enterprises LImited y EAST LIGHT Limited, controladas por las que era su apoderado y padre, Emilio Sánchez.

Josep Santacana a la salida del los Juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

En abril de 2010, el Banco de Luxemburgo cumplió con la garantía bancaria y al mes siguiente reclamó el aval a la tenista. Lo intentaron varias veces. Enviaron un burofax en julio de ese año y representantes de la entidad se reunieron con Arantxa y Santacana, acompañados de sus asesores. La respuesta de Arantxa fue que ni conocía su patrimonio ni podía disponer de él y así solicitó más tiempo para poder recabar información y ofrecerle una respuesta al banco.

Algo muy contradictorio ya que, en noviembre de 2009, casada con Santacana, la tenista revocó ante notario los poderes que ostentaban su padre y su administrador, Ferrando Lacasa. Sin embargo, siete años después de aquella reunión, en noviembre de 2017, la pareja volvió a señalar que el fallecido Emilio Sánchez continuó manejando el patrimonio de su hija y dirigió su proceso de descapitalización vendiendo todo para pagar deudas.

Según la documentación presentada por el banco luxemburgués, las disposiciones patrimoniales fraudulentas de las sociedades con las que la tenista administraba su patrimonio (cifrado entre 30 y 45 millones) fueron decisión y responsabilidad única de ella y Santacana. De hecho, el padre no hubiese podido comprar ni vender sin poder notarial para ello, ya que en esas fechas Arantxa ya pleiteaba contra sus progenitores, a los que interpuso dos demandas y una querella.

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