EL JUZGADO DE INSTRUCCION NÚM. 4 de BARCELONA ACUERDA UNA FIANZA DE SEIS MILLONES DE EUROS PARA LA TENISTA
Se abre juicio oral contra Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana por el caso del Banco de Luxemburgo: Les piden cuatro años de cárcel
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha acordado la apertura de juicio oral contra Arantxa Sánchez Vicario, así como contra su exmarido Josep Santacana, acusados de alzamiento o insolvencia punible.
Los encausados, entre los que, según el auto al que ha tenido acceso en exclusiva elcierredigital.com, también se incluyen Vicente Merino Artigas, Antonio Hermosilla Moratalla, Rubén Marín Martínez, Miguel Pla Martínez y María Rosa Vélez, deberán comparecer el próximo día 28 de julio "a fin de notificarles de manera persona la presente resolución".
El auto.
Asimismo, a todos ellos se les impone una fianza de más de seis millones de euros que deberán abonar en el plazo de un día.
A las sociedades Euroilla Inversiones SL, SAG Residencial SL, SFG Investements SL, Inmuebles e Inversiones Ciudad Diagonal SL, Inmuebles e inversiones Bensan SL, Huslia SA y Dharma Business SL, como responsables civiles subsidiaras, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona impone la misma fianza.
Arantxa y Santacana antes de su separación.
El auto, con fecha dos de julio, establece un plazo de diez días para que todos los implicados formulen escrito de defensa.
De este modo, Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana deberán sentarse en el banquillo para responder por una causa en la que la acusación, la entidad Banque de Luxembourg, y la Fiscalía solicitan para ambos una pena de cuatro años de cárcel por alzamiento de bienes. Asimismo, se solicita la condena a una multa a razón de doce euros diarios durante 24 meses y una indemnización de 6.170.942 euros más intereses y costas procesales.
Proceso de descapitalización
La entidad crediticia presentó el pasado mes de noviembre su escrito de conclusiones -al que debe sumarse el de la fiscalía y el de las defensas de ambos- solicitando formalmente la apertura de juicio oral contra la expareja tras constatar que Arantxa, presuntamente, había culminado un proceso de descapitalización total al vender todas sus propiedades en España y Andorra ignorando sus requerimientos como acreedor y una sentencia firme por vía civil.
En 2009, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional conforme la tenista tenía que pagar un multa de 3,5 millones más intereses por evasión fiscal. La cantidad final ascendía a 5,2 millones. Hacienda cobró merced a un aval del Banco de Sabadell y la entidad catalana recuperó su dinero a través de un contraaval suscrito con el banco luxemburgués, donde Arantxa fue titular de una cuenta.
Ocurre que el BDL pagó de sus propios fondos al Sabadell, pues desde 2002 no había dinero en aquella cuenta: la entidad decidió cancelar la garantía y Emilio Sánchez, padre de la tenista, movió esos ahorros a otra entidad en Suiza. El BDL le reclamó en 2010 la ejecución del aval, esos 5,2 millones de euros. Nunca hubo respuesta extrajudicialmente y el banco acudió la vía civil.
