23 de junio de 2024
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FIN DE SEMANA

La Santa Sede afronta problemas como una misteriosa desaparición en 1968, la pederastia en la Iglesia y la causa judicial contra uno de sus Cardenales

Las sombras del Vaticano: Su juicio por malversación, el caso Orlandi y abusos sexuales

El Cierre Digital en Cúpula de San Petro del Vaticano en Roma
Cúpula de San Petro del Vaticano en Roma
Después de dos años que han levantado polémicas internacionales, el Vaticano se prepara para poner fin a uno de los procesos judiciales más controvertidos de su historia. Conocido como el ‘juicio del siglo’, esta causa involucra al Cardenal Angelo Becciu por el supuesto desvío de fondos del Vaticano. Paralelamente, este proceso coincide con la vuelta a la polémica internacional del caso de Emmanuela Orlandi, uno de sus misterios más grandes y la erradicación de la pedereastia en la Iglesia.

Esta semana se espera que concluya en el Vaticano el denominado "juicio del siglo", un largo proceso judicial que ha durado más de dos años y en el que el Cardenal Angelo Becciu es el principal acusado de desviar fondos económicos de la Santa Sede. Este escándalo se suma a las recientes informaciones que reavivaron el caso Emmanuela Orlandi, uno de los secretos más misteriosos del Vaticano.

El presidente del Tribunal Vaticano, Giuseppe Pignatone, anunció que el sábado 16 de diciembre es el día elegido para dictar la sentencia, después de 85 audiencias que comenzaron el 27 de julio de 2021. Este caso judicial es histórico ya que desde la creación del Estado Vaticano en 1929 nunca antes se había abierto un proceso contra un alto funcionario.

Antes del 30 de abril de 2021, los cardenales sólo podían ser juzgados por el Tribunal de Casación del Vaticano, compuesto por tres cardenales. Sin embargo, el Papa Francisco emitió un motu proprio que permite a los tribunales ordinarios también juzgar a los cardenales, siempre y cuando cuenten con la autorización del Pontífice. El 19 de junio de 2021, el Santo Padre autorizó a la Corte a proceder contra el Cardenal Becciu.

Además del Cardenal Becciu, en el proceso están involucradas otras nueve personas, incluyendo inversionistas y exfuncionarios de la Secretaría de Estado, como Mauro Carlino y Fabrizio Tirabassi. Por su parte, el promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, ha solicitado una condena de 7 años y 3 meses de prisión para el cardenal, así como una multa de 10,329 euros y la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos.

El perfil del Cardenal Becciu

El Cardenal Angelo Becciu tiene 75 años de edad. Entre octubre de 2001 y julio de 2009 formó parte del cuerpo diplomático del Vaticano al desempeñarse como nuncio apostólico en Angola, Santo Tomé y Príncipe, y Cuba. De mayo de 2011 a junio de 2018 se desempeñó como sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano. Fue ordenado cardenal por el Papa Francisco en junio de 2018. Era el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos desde el 1 de septiembre de 2018.

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El cardenal Angelo Becciu

Debido a las polémicas desatadas por el proceso, en septiembre de 2020 renunció a sus derechos cardenalicios y al cargo de prefecto tras una reunión que mantuvo con el Papa Francisco. El 30 de marzo de 2022 se informó que, para efectos del juicio, el Papa Francisco había dispensado al purpurado de la obligación del secreto pontificio, la regla de confidencialidad sobre información delicada del gobierno de la Iglesia universal.

El motivo del ‘juicio del siglo’ y sus implicados

Para comprender el contexto de este prolongado proceso judicial, es necesario remontarse a octubre de 2019, cuando el diario británico Financial Times informó que el Vaticano estaba llevando a cabo una investigación sobre posibles irregularidades en una inversión realizada en Londres en 2014. Esta inversión fue autorizada por Becciu, quien en ese momento ocupaba el cargo de sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, el segundo rango más alto en este departamento.

El medio británico mencionó además el registro realizado el 1 de octubre de ese año por la fiscalía vaticana en las oficinas de la Secretaría de Estado. Al día siguiente, se supo que cinco funcionarios, incluido Mons. Carlino y Tomasso Di Ruzza, habían sido suspendidos. Mons. Carlino era responsable de supervisar la documentación del departamento, mientras que Di Ruzza era el director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano.

La investigación se centró en la adquisición de un edificio en una zona exclusiva de Londres por parte del Vaticano, con fondos de la Santa Sede, por un total de 364 millones de dólares. La compra se terminó de pagar en 2018 en cuotas. Sin embargo, el 1 de julio de 2022, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) anunció que el inmueble se había vendido a la empresa Bain Capital por aproximadamente 223,6 millones de dólares.

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El edificio adquirido y después vendido por el Vaticano en Londres

La APSA afirmó que las pérdidas sufridas fueron asumidas por la reserva de la Secretaría de Estado, sin afectar en ningún caso la contribución del Óbolo de San Pedro o las donaciones de los fieles. Además de Becciu, Carlino, Di Ruzza y otros funcionarios mencionados, también están siendo juzgados René Brülhart, abogado y expresidente de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano; Fabrizio Tirabassi, exfuncionario de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado; y Enrico Crasso, corredor financiero encargado de gestionar inversiones para este departamento del Vaticano.

También están siendo juzgados Raffaele Mincione, corredor financiero que habría instado a la Secretaría de Estado a invertir en la propiedad de Londres; Nicola Squillace, abogado involucrado en las negociaciones; y Gianluigi Torzi, corredor de bienes raíces a quien la Santa Sede solicitó que saliera del fondo de propiedad de Mincione y que retuvo parte de las acciones de la sociedad con la cual se realizó la compra del inmueble.

Además, está implicada Cecilia Marogna, experta en geopolítica que habría recibido fondos del Vaticano para ayudar en la liberación de la religiosa colombiana Cecilia Narváez, quien había sido secuestrada en Mali. Inicialmente, el Mons. Alberto Perlasca, quien ocupó el cargo de jefe de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado durante casi una década, también estaba involucrado en el proceso, pero luego pasó a ser testigo. Su testimonio ha sido utilizado para respaldar la acusación.

El caso Emmanuela Orlandi

Uno de los misterios más intrigantes del Vaticano y que aún sigue sin respuesta es el caso de Emmanuela Orlandi, la joven que desapareció en el Vaticano en 1983 sin que se haya encontrado una explicación. Recientemente, el periodista Enrico Mentana generó controversia al presentar en su programa un reportaje que sugiere una nueva pista involucrando a un pariente de la desaparecida. Se trata de un tío de Emmanuela, quien presuntamente habría abusado sexualmente de Natalina Orlandi, hermana mayor de la joven desaparecida.

La revelación ha enfurecido a la familia, ya que niegan que el familiar estuviera en Roma en el momento de los supuestos abusos, y Natalina también ha desmentido cualquier acto de abuso sexual.

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Imagen de Emmanuela Orlandi

Tal y como informó elcierredigital.com el pasado mes de abril, el hermano de la desparecida Emanuela Orlandi, Pietro Orlandi, fue escuchado por primera vez este martes 11 de abril en el Vaticano. Es la primera investigación que corre a cargo de la justicia pontificia, el Papa Francisco lo expresó como un deseo personal para poder arrojar luz sobre uno de los episodios más misteriosos de la crónica negra italiana. La fiscalía de la Ciudad del Vaticano ordenó la reapertura del caso de la desaparición de la joven italiana Orlandi el pasado 11 de enero.

La reunión entre el hermano y el pontífice duró ocho horas. Se aportaron los relatos de las recientes investigaciones y algunos documentos que prueban las sospechas infundadas del pasado. A la salida de la reunión, Orlandi explicó que había entregado todas las pruebas de las que disponía, incidiendo en las más recientes. Estas se refieren a que su desaparición estaría vinculada a una posible pedofilia e incluyen el audio de un integrante de la mafia, cercano al papa Juan Pablo II, que habla de abuso sexual a menores dentro de la Santa Sede.

Pietro Orlandi, con un cartel de su hermana desaparecida.

Pietro Orlandi, hermano de Emmanuela Orlandi

Orlandi ha asegurado a lo largo de estos años contar con pruebas que apuntan a dos personas cercanas al Sumo Pontífice, y pide que de una vez por todas se tomen responsabilidades. “Tengo que decir que he encontrado una gran disponibilidad del fiscal para aclarar las cosas. Si hay responsabilidades, incluso en los rangos más altos del Vaticano, tienen que salir".

La lacra de la pederastia en la Iglesia Católica

En los últimos meses, la dureza en la postura del Vaticano frente a los agresores sexuales y pedófilos ha ido incrementando, aunque actualmente no se tiene mucha información sobre los procesos que se están llevando a cabo en el seno de la Iglesia para esclarecer este asunto. Lo que sí parece quedar claro es el compromiso del Pontífice con acabar con esta lacra lo antes posible.

El pasado mes de octubre, el informe presentado por el Defensor del Pueblo en el Congreso abordó la cuestión de la pederastia en la iglesia católica y estimó que hay un total de 445.000 víctimas en España.

En estos casos, la responsabilidad de que los pederastas paguen por sus actos dependerá de la Justicia y de las decisiones que se tomen en los juicios correspondientes. Hasta ahora, se han llevado a cabo 168 juicios, de los cuales casi el 90% ha resultado en condenas para los agresores.

En la mayoría de los casos, se han impuesto penas de prisión que por lo general superan los cinco años. Además, en casi todos los casos, se ha establecido una compensación económica para las víctimas, que asciende a una media de 12.150 euros. La gran mayoría de los condenados han abusado de más de una persona y se trata principalmente de párrocos o sacerdotes, aunque también hay casos de profesores religiosos. En cuanto a los casos que aún no han sido juzgados, el panorama penal es incierto.

 

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