Escándalo judicial: Cuarenta años después de la expropiación de Rumasa a Ruiz-Mateos hay que calcular de nuevo su valor

Para la Justicia en España cuarenta años no son nada. Parece que los magistrados españoles son fieles seguidores del cuarteto de Plata Show que cantaba esta conocida canción en muchas verbenas populares. Quizá, incluso, para estos juristas queda muy corta la duración del célebre tango 'Volver' del mítico Carlos Gardel que decía "que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra...". Así lo ha demostrado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha sacado de la sombra, cuarenta años después, la polémica e irregular expropiación del holding Rumasa de José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, el empresario gaditano fallecido en septiembre de 2015.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha dictado una sentencia, informa el diario El Mundo, por la que ordena calcular de nuevo el valor del holding de la abeja. Pues sí, cuarenta años no es nada, después de su expropiación el 23 de febrero 1983 ahora la Justicia admite la pretensión de la familia Ruiz-Mateos de que se fije el justiprecio de la totalidad de las acciones y participaciones del conocido emporio empresarial de la abeja, expropiado en 1983 por el exministro socialista de Economía y Hacienda Miguel Boyer Salvador, el hombre de las finanzas de Isidoro, como se conocía en el argot popular a Felipe González Márquez, el todopoderoso líder del PSOE a finales de los años setenta, ochenta y noventa.

El fallo judicial recuerda que la familia Ruiz-Mateos cuantifica el valor de la Rumasa expropiada por el PSOE en unos 14.000 millones de euros y que ahora "debe ponerse en marcha un procedimiento administrativo para calcularlo de nuevo". La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso ha adoptado la decisión en contra del criterio de la Abogacía del Estado, que mantiene que la valoración del grupo en el momento de la expropiación presentaba un agujero de más de 260.000 millones de pesetas y que, por lo tanto, el justiprecio debía ser el de cero pesetas por acción. 

En este sentido, el TSJM de Madrid entiende que "de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo ha de procederse a una nueva valoración de las acciones de Rumasa, S.A., a la vista del balance consolidado del grupo" por lo que, a su juicio, "procede la retroacción de las actuaciones". Eso sí, solo cuarenta años después. Pero como dice la popular canción eso "no es nada...que febril la mirada errante en la sombra...".

José María Ruíz Mateos.

Para los que somos ya muy veteranos en el periodismo de investigación y sabemos qué es Rumasa y lo que significó y ha constituido su caso en la vida pública, social y política de España esta sentencia, "cuarenta años no es nada...", causa rubor e indignación por su dilación.

Fíjense que los periodistas de investigación somos corredores de fondo, verdaderos maratonianos, lo que determinados poderes fácticos ni entienden ni quieren ver, pero cuarenta años es un "pasote"... yo solo había vivido algo parecido con los secretos del Pentágono americano... y en España, en muy pocas ocasiones. Quizá haya habido algún caso, como los famosos papeles de Palomares con Fraga Iribarne. Pero claro, estar cuarenta años seguidos en los terrenos pantanosos de esta profesión y ver esto con información privilegiada sobre el caso... ya quedamos muy pocos.

Quizá por eso sea un afortunado. Ver que tras cuarenta años de la expropiación de Rumasa la Justicia en España determina ahora que hay que valorar de nuevo el holding de Ruiz-Mateos es algo que no me esperaba. Qué éxito. Qué satisfacción. Qué alegría poder contarlo a todos ustedes dándole a la tecla en una madrugada calurosa del verano de 2023, tras más de cuarenta años de su expropiación. Y sabiendo, además, parte de la verdad de lo que allí ocurrió. Esto me da ánimo a seguir en la batalla diaria.   

Volver, como decía Gardel, a este caso polémico de la historia de España se debe a la lucha de la viuda de José María Ruiz-Mateos, Teresa Rivero de Sánchez-Romate, que decidió batallar tras la muerte de su marido por una sentencia que dictó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en junio de 1993, donde se condenaba al Estado español por violación de la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos.

Y, sobre todo, a la lucha familiar de los Ruiz-Mateos para resarcir el proceso de valoración de los activos del holding Rumasa, con la posterior reprivatización de sus compañías que recayeron en los amigos del poder establecido y en alguno de Isabel Preysler, por entonces la amante secreta del omnipresente ministro socialista Miguel Boyer. Una mujer que fue investigada por los servicios secretos españoles por sugerencia del entonces rival político de Boyer dentro del PSOE, el poderoso exvicepresidente Alfonso Guerra. En los próximos días recordaré a cada uno de los agraciados con "el millonario pelotazo" de Rumasa.

Ahora, la inmensa lentitud de la Justicia española me ha devuelto a mis inicios, al periodismo vital de finales de los años ochenta. A mi añorada juventud. Quizá, ahora sí, para mí cuarenta años no sean nada y, como diría Gardel, "...y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor...". Y el mío fue investigar las corruptelas de la expropiación de Rumasa.

Así le quitaron el holding a Ruiz-Mateos

El holding de la abeja, Rumasa, era en aquellos años años de principio de los ochenta un grupo empresarial consolidado formado por José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada. Constituido con el trabajo familiar de varias décadas, poseía compañías por toda la geografía española además de algunas en distintos países de Europa, llegando a ser el mayor grupo de empresas de España.

Desde su fundación en 1961, nunca paró de reinvertir sus ganancias para impulsar nuevas empresas y mejorar las ya adquiridas. Rumasa era por entonces sinónimo de esfuerzo y trabajo, recordemos que se fundó con un capital de tan solo 300.000 pesetas.

En el momento de la expropiación, el holding de la abeja estaba compuesto de setecientas empresas con actividad en todos los sectores, 65.000 trabajadores directos y 300.000 indirectos.

La familia Ruiz Mateos.

Entre ellas figuraban empresas de reconocido prestigio, como Galerías Preciados —valorada en 6.133 millones de euros—; marcas de lujo como Loewe; fincas como 'La Almoraima', que tenía 16.000 hectáreas ubicadas en Castellar de la Frontera (Cádiz), donde trabajaban más de 200 personas, que fue adquirida por unos tres millones de euros y cuyo valor de mercado era de 312 millones de euros; o bancos, como el Atlántico, valorado en 342 millones de euros.
 
En definitiva, un inmenso capital humano y económico valorado por la familia Ruiz-Mateos entre 14.000 y 18.000 millones de euros, de los que no se ha devuelto un sólo céntimo, "haciendo caso omiso a varias sentencias que nos dan la razón y que incluso condenan al Estado español por violación de Derechos Humanos", me comentaba en su día el patriarca Ruiz-Mateos, con el que mantuve contactos periódicos durante muchos años.

Ruiz Mateos con su disfraz de Superman pidiendo Justicia en la puerta de los Juzgados.

Para la familia y colaboradores más directos del empresario jerezano, "el Gobierno de Felipe González, usando una disposición de incautaciones de 1939, pensada para tiempos de guerra, decidió expropiar, sin la mínima base legal para hacerlo, la totalidad de las empresas del grupo alegando motivos de utilidad pública e interés social, los cuales se han demostrado inexistentes. De hecho, lo que ha quedado probado claramente es que, tanto la expropiación como el posterior proceso de reprivatización de las sociedades —plagado de dudas sobre su legalidad y sonados escándalos así como de acusaciones de importante corrupción—, fue altamente costoso para la economía española además de conllevar la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo", señalan a elcierredigital.com.

Varios recursos judiciales

José María Ruiz-Mateos presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de expropiación, pero no salió adelante debido al voto de calidad del entonces presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, quien después renunció a su puesto. Se marchó fuera de España. De él se dijo en su día que había recibido todo tipo de presiones.

Los magistrados Rafael Gómez, Gloria Begue, Ángel Escudero, Francisco Rubio, Antonio Truyol y Francisco Pera votaron en contra de validar el decreto de expropiación. Las fuentes jurídicas de entonces resaltaban que había preparada una sentencia que se inclinaba claramente a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación y que, por tanto, se habría dado la razón a José María Ruiz-Mateos.

José María Ruiz Mateos.

El 14 de enero de 1992 la Comisión Europea de Derechos Humanos elaboró un informe que presentó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el que se reconocía que España había violado el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Además, también se dictó que la causa de Ruiz-Mateos no había sido oída equitativamente por los tribunales en un plazo razonable.

Más tarde, el 23 de junio de 1993, el TEDH emitió una sentencia en la que daba la razón a Ruiz-Mateos censurando la excesiva lentitud y la falta de garantías del Tribunal Constitucional español por la desmesurada duración del proceso que fue iniciado tras producirse la expropiación.

En marzo de 1999 el Tribunal Supremo confirmó la absolución del empresario jerezano de todos los delitos de los que se le acusaba y por lo que, en teoría, se habría expropiado sus empresas, siendo invalidada, una vez más, la medida. 

El Estado liquidó finalmente Rumasa en 2015 con un beneficio de 160 millones, de los cuales el Estado en septiembre de 2018 ya había cobrado 50. Ahora, el hecho de que 40 años después de haber sido expropiada y desmontada Rumasa aún esté de actualidad es un claro indicador de la inmensidad del Grupo y del negocio que supuso para algunos la expropiación del holding de la abeja.

El intento del 23-F de 1981 de Golpe de Estado —protagonizado por mandos militares en Madrid y Valencia— fue uno de los momentos cruciales que marcaron la historia de España. Justo dos años después, el 23 de febrero de 1983, otro suceso de relevancia social dejaba huella en el recuerdo de los españoles: la expropiación del holding Rumasa.

En mi libro Isabel y Miguel: 50 años de historia de España, relato las críticas y duras actuaciones por parte del empresario José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada contra Miguel Boyer. La expropiación y reprivatización del poderoso conglomerado de empresas trajo consigo importantes consecuencias judiciales, políticas y económicas que se dilatarían durante años, como se puede comprobar, con la figura de Miguel Boyer e Isabel Preysler siempre de por medio.

En próximas publicaciones contaré la verdad sobre lo que ocurrió esa noche del 23 de febrero de 1983. Una operación que fue bautizada por los servicios secretos de entonces como “La Red” y que trazó el cerco gubernamental de Felipe González en torno al holding de la abeja del empresario jerezano Ruiz-Mateos.