22 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

Los agricultores franceses han acudido a un nuevo pleito contra la ETT, cuyo sistema de contratación ha sido calificado como “tráfico de mano de obra”

El escándalo de los temporeros españoles en Francia: La empresa Terra Fecundis afronta otro juicio

Temporeros en Francia,
Temporeros en Francia,
Terra Fecundis, compañía murciana de trabajo temporal que enviaba temporeros a Francia, se ha enfrentado a su segundo juicio, al que han acudido agricultores franceses. El veredicto, que se conocerá el próximo 1 de abril, podría hacer que la empresa pague una multa de 375.000 millones de euros y la prohibición de trabajar en Francia durante cinco años. Elcierredigital.com repasa las claves del escándalo.

El próximo 1 de abril se conocerá el veredicto del segundo juicio contra la empresa de trabajo temporal Terra Fecundis —ahora denominada Work For All—, acusada del desplazamiento irregular de trabajadores, vulneración de derechos de los mismos y fraude millonario. En esta segunda vista, según ha podido conocer Elcierredigital.com, han acudido por primera vez agricultores franceses. Willy Lubin, fiscal del Tribunal de Nîmes donde se está juzgando a la empresa, calificó el sistema de contratación de la ETT como “tráfico de mano de obra”.

La compañía murciana se enfrenta de este modo a una multa de 375.000 euros y a la prohibición de ejercer en Francia durante 5 años. Además, deberá publicar obligatoriamente la sentencia del Tribunal en su página web.

Primeras investigaciones y juicios

Desde el año 2011, la compañía ha estado en el punto de mira de los sindicatos, de la inspección del trabajo y, por lo tanto, de la justicia francesa. De hecho, una investigación llevada a cabo por la Oficina Central de Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI) señaló la existencia en el campo de jornadas de trabajo de catorce horas y de alojamientos calificados por los propios trabajadores de “cárceles”, así como el deceso de un trabajador ecuatoriano a quien se le había prohibido beber y que murió de un golpe de calor en una granja de Maillane.

Cuando comenzó la investigación, la justicia acusaba a la empresa murciana de usar de modo fraudulento las cláusulas europeas de trabajadores desplazados que permiten a las empresas trabajar con personal extranjero siempre que sea para períodos cortos de tiempo. No obstante, el 80% del trabajo de esta empresa se situaba en Francia, una condición que, según considera la Fiscalía, le exigía registrar una sede en el país galo y atenerse a la normativa laboral francesa.

Por ello, el fiscal consideraba que la ETT llevó a cabo un “vasto fraude” utilizando el territorio español “solo para hacer transitar a numerosos nacionales de terceros estados a la UE y desplazarlos después a Francia”. La decisión de conservar la sede en España, sostenía, “tenía por objeto eludir el pago de cotizaciones sociales y fiscales relativas a la implantación de un establecimiento en Francia y proponer una mano de obra a un costo menor que la que podría ser ofrecida por una empresa de trabajo temporal francesa”.

Autobús de Terra Fecundis.

En 2021 comenzaron los juicios en Marsella, donde se sentaron al banquillo los tres directivos de la compañía. Se enfrentaban a penas por presunto fraude a la Seguridad Social, vulneración del derecho de los trabajadores y realización de actividad empresarial sin autorización. La acusación civil, constituida por un organismo de la Seguridad Social, empresas de interinos y sindicatos, aseguraba que se trata del “mayor caso de fraude al sistema de protección social juzgado en Francia” y reclamaba, además, 80 millones de euros a la empresa, la cantidad eludida, más 30 millones por el retraso de los pagos.

Meses más tarde, la Justicia francesa condenó finalmente a la ETT a una pena de cuatro años de prisión y a una multa de 100.000 euros a los tres directivos de la firma que se sentaron en el banquillo. Estos son Juan José López Pacheco, su hermano Francisco López Pacheco y Celedonio Manuel Perea Coll. Dictaminaba, además, la inhabilitación de la sociedad en el país galo —que quedará suspendida hasta que haya sentencia firme— así como una sanción de 500.000 euros.

Por su parte, a la empresa Terra Bus, encargada de los traslados de los temporeros, se le imponía a una multa de 200.000 euros y la prohibición permanente para ejercer el transporte de personas; y a Anne Pérez, Julie Mariotti y Wilson Enrique Sánchez Mera, como cómplices, multas que abarcaban entre los 5.000 y los 40.000 euros y penas de prisión entre los 18 meses y los dos años, así como la prohibición permanente de dirigir o realizar actividades laborales temporales.

Las condiciones infrahumanas de los temporeros

Como ya informaba Elcierredigital.com, en el año 2020 surgió la polémica entra la ETT y el Ministerio de Trabajo francés. La ministra acusaba a la empresa española de permitir “situaciones inaceptables” que pudieron derivar en “la aparición de focos de infecciones por Covid-19”, algo que esta entidad desmintió.

Para conocer esta situación en profundidad, Elcierredigital.com contactó con Irma, una temporera de la fruta que trabajó para la empresa murciana en Francia, que relató la experiencia vivida como “una odisea”.

Imagen cedida por la extrabajadora de Terra Fecundis de la finca donde presuntamente se alojaban los trabajadores.

La extrabajadora explicaba a este diario que encontró trabajo en Terra Fecundis gracias a un contacto que le recomendó esta empresa para trabajar como temporera en el país galo. De acuerdo con su testimonio, el proceso de selección fue muy rápido y, antes de salir de España, ella y el resto de temporeros que iban a viajar a Francia fueron sometidos por la empresa a toda una serie pruebas médicas, además de a una prueba de detección de la COVID-19: “Aquí lo hacen bien, te hacen las pruebas, te toman la tensión, te miran la vista… todo bien”, explicaba a Elcierredigital.com.

No obstante, aclara que cuando exigía ver las condiciones de su contrato, sus empleadores, los “corredores”, como decía que se hacían llamar, le contestaban con “evasivas”. Según su versión de los hechos, fue cuando llegaron a la finca donde iban a trabajar, ya en tierra gala, cuando se les proporcionó el contrato. Una vez allí, habría sido enviada junto a sus compañeros a una especie de residencia, que describía del siguiente modo: “No había ni una sombra, había una cocina grande comunitaria, pero todo era asqueroso, lleno de mosquitos y basura”.

En cualquier caso, la extrabajadora sostenía que no pudo entrar en un primer momento puesto que, presuntamente, el "corredor" que debía instalar a los nuevos trabajadores “tenía que sacar a diez chicas para que nosotros pudiéramos entrar en las habitaciones”. “En ese momento, supe que quería salir de allí”, añade.

A partir de aquí, según explicaba a Elcierredigital.com, comenzaron sus esfuerzos para tratar de volver a España, algo que habría conseguido no con la ayuda de sus compañeros trabajadores, de quienes decía que “parecían tener miedo”, sino gracias a la colaboración de una profesora de castellano que pertenecía, según nos relataba, "al colectivo de defensa de los trabajadores/as extranjeros/as en la agricultura, CODETRAS", por sus siglas en francés. Esta organización habría agilizado los trámites para conseguirle el billete de avión con el que pudo finalmente volver a nuestro país.

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