07 de octubre de 2022
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FIN DE SEMANA

Según los expertos en este ámbito, "con permisos de caza esta acción generaría unos ingresos y no venderían la carne a un precio menor al del mercado"

El Estado asume los millonarios costes del control cinegético mientras prohibe la caza

Ciervo en el Parque Nacional de Cabañeros.
Ciervo en el Parque Nacional de Cabañeros.
Desde diciembre de 2021, la caza comercial y deportiva está prohibida en los parques nacionales. Sin embargo, el control cinegético sigue siendo indispensable para mantener el ecosistema y evitar enfermedades, lo que ha llevado a sacrificar especies y poner a la venta la carne obtenida a un precio inferior al del mercado. Un coste que recae sobre el Estado ante la falta de permisos de caza para los propietarios de los terrenos.

La prohibición de la caza comercial y deportiva en los parques nacionales vuelve a generar polémica. Recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sacó a subasta pública la carne que procedía del control de poblaciones cinegéticas en el Parque Nacional de Cabañeros, así como de las reses de otros centros. Este control de poblaciones, como ya dio a conocer elcierredigital.com, tuvo que ser autorizado por Parques Nacionales después de su prohibición debido a la sobrepoblación.

El lote que se ha sacado a subasta de este parque cosiste en 850 ciervos, lo que supone 21.250 kilos de carne, tal y como expresa la Asociación Española de Organizadores de Monterías (AEOM). Unos ciervos que, debido a la prohibición, han tenido que ser sacrificados con el consiguiente coste para el Estado.

El precio al que se han adjudicado estas carnes ha sido, concretamente, de 1,7777 euros el kilo. Un precio que, según la AEOM, es inferior al del mercado, ya que no deberían estar por debajo de “2,50 o 3 euros el kilo en el caso de la carne de ciervo”.

Esta pérdida de coste, según expresa una fuente del sector de la caza a elcierredigital.com, tiene mucho que ver con la prohibición de esta práctica. “Con permisos de caza, no solo no hubiera costado nada la caza de esta cantidad de fauna cinegética, sino que, además, habría unos importantes ingresos”.

Animales en el Parque Nacional de Cabañeros.

Además de la caza de estos ciervos en Cabañeros, se ha sacado a subasta la carne de reses de centros como Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, Quintos de Mora y Dehesa Cotillas. En total, carne de más de 3.500 animales.

El problema de la prohibición de la caza en parques nacionales

El 5 de diciembre de 2021 la caza comercial y deportiva fue prohibida en los parques nacionales. En marzo, Parques Nacionales autorizó la caza de 5.000 ejemplares de animales en las fincas privadas que componen el Parque Nacional de Cabañeros debido a la sobrepoblación de la zona. Una medida que se pidió a los propietarios de los cotos de caza que llevaran a cabo, sin recibir beneficios económicos a cambio. Además de la barrera económica, se impuso una temporal: tendrían que realizarlo en treinta días, sin el uso de perros. Los dueños de los terrenos se negaron a llevar a cabo esta medida.

El problema con la caza no es actual. En 2014 ya se aprobó la Ley de Parques Nacionales 30/2014, que establecía que la cinegética no podía llevarse a cabo en sitios protegidos como los parques nacionales. Pero tomar cartas en el asunto no era tan sencillo como prohibir la caza de manera inmediata, por lo que el Partido Popular solicitó una moratoria de seis años para poder establecer acuerdos que permitiesen desarrollar esta ley de forma sostenible.

Carmen Navarro, diputada del Partido Popular por Albacete, explicó a elcierredigital.com que es precisamente esa falta de consenso de donde surge el problema actual: “el Gobierno ha incumplido la Ley de Parques Nacionales en la que establecía la necesidad de llegar a acuerdos con los propietarios de las fincas privadas en el parque de Cabañeros, que suponen el 44% del territorio del parque”.

Carmen Navarro, diputada del Partido Popular por Albacete.

De este modo, aunque la moratoria de la ley finalizó en 2021 —hecho que provocó la prohibición de la caza en los parques naturales—, Navarro afirma que la situación se encuentra en “un vacío legal” debido a que el Gobierno no “ha indemnizado a los propietarios y no ha establecido los criterios técnicos que tendrían que servir de base para llegar a una serie de acuerdos entre propietarios y la gestión cinegética por parte de la administración”.

La pérdida de ingresos que supone la prohibición de la caza

Dicha indemnización a los propietarios de las tierras, según denunció la Fundación Artemisan, debería ser de 320 millones de euros que saldrían de los fondos públicos. Una indemnización que tampoco impediría que se siguieran sacrificando animales con fines de control de ungulados, como se ha expresado anteriormente.

El coste económico, sin embargo, va más allá de esta indemnización. Según un informe elaborado por la Fundación Artemisan y la consultora Deloitte en el año 2018, la caza supone un ingreso anual de más de 6.475 millones de euros en España, creando 187.000 puestos de trabajo.

Cazadores.

Además, según expresó en la presentación del informe el presidente de la fundación, José Luis López-Schümmer, “los gestores cinegéticos invierten cerca de 300 millones de euros en la conservación y mantenimiento de infraestructuras forestales”.

Esto, sumado a la pérdida de población de los Parques Nacionales debido a la falta de trabajo en el campo de la cinegética, supone una suma de dinero importante que se pierde. Sin embargo, se continúa controlando a las especies debido a los riesgos que supone para el ecosistema.

“La ausencia de control podría llegar a ser catastrófica para el medio” señalaban desde la Asociación de Afectados por Parques Nacionales. Además, subrayaban que en Cabañeros ya se empezó a notar, con zonas de alto valor ecológico que se quedaron sin vegetación.

Desde la plataforma aseguraban que "esta situación irá empeorando a medida que pasen los meses sin que el Gobierno de Pedro Sánchez tome medidas" para cambiar la situación y "se establezca un acuerdo con los propietarios de fincas privadas, que llevan más de una década sin cerrar este convenio", denunciaban.

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