Page la lía con la caza en el Parque Nacional de Cabañeros: Después de su prohibición ahora la autoriza

El 5 de diciembre de 2021 la caza comercial y deportiva fue prohibida en los parques nacionales. Menos de cuatro meses después, Parques Nacionales ha autorizado la caza de 5.000 ejemplares de animales en las fincas privadas que componen el Parque Nacional de Cabañeros debido a la sobrepoblación de la zona. Una medida que se ha pedido llevar a cabo a los propietarios de los cotos de caza, que no recibirán beneficios económicos a cambio. Además de la barrera económica, se ha impuesto una temporal: tendrán que realizarlo en treinta días, sin el uso de perros. Los dueños de los terrenos se han negado a llevar a cabo esta medida.

El problema con la caza, sin embargo, no es actual. En 2014 ya se aprobó la Ley de Parques Nacionales 30/2014, que establecía que la cinegética no podía llevarse a cabo en sitios protegidos como los parques nacionales. Pero tomar cartas en el asunto no era tan sencillo como prohibir la caza de manera inmediata, por lo que el Partido Popular solicitó una moratoria de seis años para poder establecer acuerdos que permitiesen desarrollar esta ley de forma sostenible.

Carmen Navarro, diputada del Partido Popular por Albacete, ha explicado a elcierredigital.com que es precisamente esa falta de consenso de donde surge el problema actual: “el Gobierno ha incumplido la Ley de Parques Nacionales en la que establecía la necesidad de llegar a acuerdos con los propietarios de las fincas privadas en el parque de Cabañeros, que suponen el 44% del territorio del parque”.

De este modo, aunque la moratoria de la ley finalizó en 2021 —hecho que provocó la prohibición de la caza en los parques naturales—, Navarro afirma que la situación se encuentra en “un vacío legal” debido a que el Gobierno no “ha indemnizado a los propietarios y no ha establecido los criterios técnicos que tendrían que servir de base para llegar a una serie de acuerdos entre propietarios y la gestión cinegética por parte de la administración”.

Consecuencias económicas y sociales

Esta situación ha provocado que los propietarios de los cotos no lleven a cabo las medidas de control poblacional ya que, según explica Navarro, “les obligan a realizar una captura de animales que a su vez a ellos les cuesta un mantenimiento, y nadie les va a indemnizar por esos daños”.

Carmen Navarro, diputada del Partido Popular por Albacete.

La medida tomada por el Gobierno a finales de 2021 ya habría empezado a tener sus consecuencias económicas y sociales en las poblaciones que viven del Parque Natural de Cabañeros: “Conocemos innumerables negocios que han tenido que echar la persiana. Entre ellos, alguna escuela rural porque, claro, los guardeses con hijos que han perdido sus empleos ya no viven en el pueblo. Muchos han tenido que salir de allí en busca de trabajo en otros pueblos de alrededor y esto ha perjudicado a muchos negocios y servicios a los que estaban acostumbrados estos municipios”, expresa la diputada.

Las fincas del Parque Natural de Cabañeros, según añade Navarro, solo tienen valor por la actividad cinegética: “Si los propietarios no pueden cazar, van a abandonar los terrenos. Y por lo tanto, vamos a caer en un declive económico y natural, porque, ¿quién se va a hacer cargo de la conservación de ese patrimonio natural? Si los primeros interesados en conservarlo son precisamente los propietarios y la administración no tiene medios suficientes”.

Tres años más, la propuesta del Partido Popular

Ante esta problemática, el Partido Popular propone una prórroga de tres años en la que poder llevar a cabo estos acuerdos: “Nosotros tenemos registrada nuestra proposición de ley, que era la solución. Nos habíamos anticipado a este problema solicitando tres años más de moratoria para que el Gobierno ejerciese su responsabilidad, aunque no lo ha hecho”, comentaba a elcierredigital.com Carmen Navarro.

El parque de Cabañeros, el principal afectado por la sobrepoblación, está gestionado actualmente por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, al mando de Emiliano García-Page. Un cambio relativamente reciente, ya que previamente a 2022 tanto el Parque Nacional de Cabañeros como el de las Tablas de Daimiel estaban gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page

En la visita que García-Page hizo a Cabañeros, según informaba Europa Press, el presidente de la Comunidad Autónoma hablaba de “economía sostenible” y afirmaba que “todo el mundo” saldría ganando. Unas palabras que parecen no cumplirse.

Carmen Navarro explicaba a elcierredigital.com que el plan de control de ungulados “lo tiene que hacer Castilla La Mancha, pero el Organismo Nacional de Parques Nacionales precisamente depende del Ministerio, y una de sus funciones es la cooperación y colaboración con otras administraciones. Desde este organismo no se ha imprimido celeridad a la administración autonómica para que hiciese sus deberes”.

El equilibrio como opción más viable

El Partido Popular ha elaborado un escrito dirigido al Gobierno en el que pregunta sobre las consecuencias de la implementación de esta política o sobre la posible “reconsideración de la actividad cinegética como instrumento de control de la poblaciones”, entre otras cuestiones. En la carta se afirma que la población del Parque Nacional de Cabañeros se duplicará en los próximos tres años, por lo que sería necesario llevar a cabo medidas para controlarlo.

La sobrepoblación sería peligrosa, según afirma Navarro, a nivel de seguridad vial y sanitario: “los animales bajan a los ganados que están en extensivo, les transmiten enfermedades y de ahí pasan a los humanos, lo que supone un peligro en el ámbito sanitario”.

Una de las medidas que se podría barajar sería la movilización de ejemplares de lobos a Cabañeros, algo que Navarro no cree que sea viable, “ya sabemos que las poblaciones de lobo son prácticamente incontrolables. En Cabañeros sería imposible controlar su reproducción y encima ni siquiera sería suficiente dado el número de ungulado que hay en este parque”.

Ante las circunstancias, la diputada afirma que la mejor solución es “mantener un equilibrio entre el control de las poblaciones, el sustento de la actividad cinegética que nosotros defendemos, y también la conservación de nuestro patrimonio y biodiversidad, que es nuestro objetivo a proteger”.