Detenido Javier Biosca, acusado de estafar más de 280 millones de euros en criptomonedas

El juez Santiago Pedraz ha tomado declaración en calidad de investigado al supuesto bróker Javier Biosca, creador de la sociedad Algoritmhmics Group, una empresa que se dedicaba a captar inversores en el mercado de las criptomedas y que está acusado de presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. Biosca fue detenido ayer en Torrox, después de entregarse tras haber permanecido en paradero desconocido desde el pasado mes de noviembre.

El magistrado, ha acordado este martes prisión provisional para el supuesto bróker, una decisión que se ha acordado tras su comparecencia por videoconferencia y a tenor de evitar que pueda fugarse, que destruya pruebas o que pueda entrar en contacto con los perjudicados. Asimismo, Biosca será trasladado a Madrid para pasar a disposición de la Audiencia Nacional, donde se le tomará declaración de manera amplia.

A Javier Biosca, así como a su esposa, Paloma Gallardo Leal, a su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, y a la empresa Altorithmics Group Ltd. se les imputan, además, los presuntos delitos de apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público.

Así consta en la macroquerella que a principios de mayo admitía a trámite la Audiencia Nacional, presentada por más de 400 afectados bajo la firma de la abogada Emilia Zaballos, socia directora de la firma Zaballos Abogados y presidenta, a su vez, de la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas (AAIC).

Javier Biosca y su esposa, Paloma Gallardo. 

Según lo descrito en la mencionada querella, Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019, no obstante, este carecía de todo tipo de autorizaciones, no figurando, asimismo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El negocio consistía en la compra y venta, en tiempo real, de este tipo de divisas digitales tales como Bitcoin, Ethereum o Litecoin con la ayuda de un programa que analizaba el mercado financiero. De este modo, Biosca ofrecía a sus clientes, inicialmente sus vecinos, ganancias semanales de entre un 20% y un 25% por su inversión, operaciones que comunicaba con mensajes personalizados a través de WhatsApp, y cuyos altos beneficios iniciales fueron atrayendo, gracias al boca a boca, a nuevos inversores. “El poder de convicción, y su capacidad de aparentar cercanía, accesibilidad y honradez, hacía embaucar a todo el mundo sin ningún tipo de escrúpulo ni consideración o lástima”, relata la querella. “Los afectados son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados”.

Javier Biosca, definido en esta causa como un “autodidacta”, se convirtió en un experto estudiando este negocio por su cuenta. En verano de 2019, comenzó con 19 clientes, conocidos de su entorno y un año después, en 2020, contaba con entre 300 y 500 inversores, una cifra que se incrementó hasta alcanzar los 3.000. Un ‘modus operandi’ que, similar al de las estafas piramidales tipo Ponzi, en las que los nuevos clientes pagan las ganancias de los antiguos de modo que es posible ofrecer altas rentabilidades ficticias, comenzó a levantar las primeras sospechas durante los meses de pandemia, precisamente cuando el negocio alcanzó su máxima popularidad. Fue entonces cuando se produjeron las primeras situaciones de irregularidad, los primeros retrasos y errores en los pagos, llegándose incluso a duplicar pagos por valor de hasta 200.000 euros. Una mala gestión que sembró las dudas tanto de los inversores como de los intermediarios, y que termina por desencadenar la huida de Javier Biosca.

No este el único caso registrado en España. Las presuntas estafas con criptomonedas han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. El 21 de abril se conocía que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptaba la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife) y se hacía cargo de la investigación de una trama piramidal que usaba la inversión en criptomoneda a través de una mercantil denominada Arbistar 2.0 SL para estafar presuntamente a sus clientes. Cifraba las víctimas en 1.127 personas y el perjuicio económico en más de 41 millones. 

Desde el despacho Zaballos Abogados, ponen a  disposición su número de teléfono  91 310 30 00 y la dirección donde están ubicados,  Calle Luchana 8, Local IZQ | 28010 Madrid. Además, el correo electrónico de para cualquier consulta de afectados es asociacionafectadosbiosca@gmail.com  y la web para que cualquier persona que haya sido afectada por el negocio de las criptomonedas se inscriba es: https://www.asociacionafectadosbiosca.es/ o en https://www.asociacionafectadoscriptomonedas.es/.