Carmen Calvo, cuestionada para presidir el Consejo de Estado: "Ni es catedrática oficial, ni ha sido docente en 30 años"

Ser licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba puede que no le sirva a la exvicepresidenta Carmen Calvo para alcanzar el grado de "jurista de reconocido prestigio" exigido por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado para presidirlo, tal y como ha votado el Congreso a instancias del Gobierno. 

Cabe recordar que Calvo se doctoró con la tesis 'El derecho de enmienda en la producción de la ley' que, según una investigación realizada por El Independiente, cuenta con al menos 179 erratas y 30 faltas ortográficas en las 434 páginas. En una sola página, por ejemplo, se encuentran 'enalgunas' (en algunas), 'genroso' (generoso), 'extndió' (extendió) y 'derechode' (derecho de). 

Reconocidas voces de derecho constitucional consultadas por Elcierredigital.com reconocen que existen muchas dudas sobre la idoneidad de Calvo, que cuenta "con un currículum dudoso, diez años de docencia, y carece de obra publicada: ningún libro de ciencia jurídica y apenas tres artículos alojados en Dialnet". 

Precisamente, la anterior exministra designada por el PSOE para el cargo, Magdalena Valerio, ha perdido el cargo por considerar el Tribunal Supremo, a cuenta de un recurso de la fundación Hay Derecho, que no cumplía con el requisito de marras. 

Ahora el Gobierno intenta sortear las dudas sobre Calvo, ocho años consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y exministra del mismo ramo del Gobierno de España, que también vicepresidió tanto con José Luis Rodríguez Zapatero como con Pedro Sánchez. Ante esta situación, fuentes del Consejo indican a elcierredigital.com que incluso "la antigua exvicepresidenta del Gobierno con Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, se niega a asistir a reuniones en las que pueda participar Carmen Calvo".

De salir elegida para el puesto, Calvo tendría que renunciar a su escaño en la Cámara Baja y su puesto de secretaria de la Comisión de Igualdad, además de su sueldo de 4.740 euros mensuales por estos cargos. Además, Carmen Calvo todavía percibe indemnización sin impuestos de 2.018 euros por ser diputada por Granada.

Dudas

José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, explica a Elcierredigital.com que "existen muchas dudas sobre la idoneidad de Calvo si se recurre a la Sala Tercera del Supremo para que decida si cumple los criterios desde un punto de vista académico o profesional". 

El catedrático explica que las dudas surgen porque ni es "catedrática, ni muy citada entre la doctrina, ni ha ejercido la docencia durante treinta años". "Puede ser una excelente docente o una buena gestora pública, pero se puede poner en duda al hablar de ella como 'una persona de reconocido prestigio'", añade. 

Entre expertos de las diferentes escuelas constitucionalistas se habla de la supuesta cátedra que han asociado a Calvo como de "un misterio". Esto es, tal y como señalan ante elcierredigital.com, debido a la no existencia de "registros sobre qué ejercicio hizo para lograrla, ni el día en que lo presentó, ni el tribunal que la evaluó".

Precisamente, según ha podido comprobar elcierredigital.com, tanto el portal de transparencia del PSOE como la web del Congreso de los Diputados atribuyen a Carmen Calvo los títulos de "Doctora en Derecho Constitucional y Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba", sin mencionar la citada cátedra.

Fichas de Carmen Calvo en los portales web del PSOE y el Congreso de los Diputados.

El catedrático Vera cree que resulta "lamentable" que el Supremo "tenga que volver a decidir sobre el prestigio" ya que hay múltiples personas de una ideología similar a Calvo que son adecuadas para el cargo.

"Si el Gobierno eligiera a personas que han sido miembros del Tribunal Constitucional o del Supremo se acabaría la problemática sobre la designación", añade. 

El antecedente

El Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado acordado por el Gobierno el 31 de octubre de 2022, ya que la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que Valerio no era una "jurista de reconocido prestigio".

Magdalena Valerio. 

"Su curriculum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido. Desde luego, nada consta en el expediente en este sentido y tampoco se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma", dice el tribunal.

Y añade que "el reconocimiento del prestigio profesional solamente se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene y acrecienta el crédito obtenido”. “El tenor literal del artículo sexto es cristalino". 

"No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta, pero concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador. Es decir, prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado", asegura. 

Pese a lo cual, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentó respaldar a Valerio. "Está haciendo un gran trabajo como presidenta del Consejo de Estado. Tiene una trayectoria muy dilatada. Ha sido consejera autonómica, ministra... y eso se está demostrando en su labor, magnífica y aceptada. Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos". 

Y sobre el dictamen, añadió: "No la compartimos porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado". 

Críticas a Calvo en el Congreso

Carlos Flores, de Vox, criticó el nombramiento de Calvo en el Congreso: "Yo he sido alumno de juristas de reconocida competencia. Yo he conocido a juristas de reconocida competencia. Hay juristas de reconocida competencia que son amigos míos. Señora Calvo, usted no es una jurista de reconocida competencia". 

Para valorar la idoneidad de Carmen Calvo para el puesto, Flores hizo referencia al trabajo docente y universitario de la exministra socialista. "¿Qué piensan de usted sus maestros? Su tesis doctoral se leyó en la Universidad de Córdoba en 1987 ante un tribunal de cinco miembros, dos de los cuales no eran expertos en Derecho Constitucional. No tuvo usted la condición de sobresaliente cum laude, por lo que a mí se me alcanza que su tesis no fue objeto de publicación. De hecho, no está disponible en ninguna base de datos de uso científico".

"¿Qué piensan de usted sus discípulos? No lo sé, porque no los tiene. En todos sus años como docente universitaria, usted ha dirigido media tesis, ha sido codirectora de una única tesis doctoral que por lo que se me alcanza, tampoco fue publicada", añadió. 

Flores siguió: "¿Qué opinan el resto de los colegas de la profesión del derecho constitucional? Pues de momento no le han hecho a usted catedrática. Usted me supera en edad y, sin embargo, sigue siendo profesora titular de universidad. Accedió a esa condición en 1990, tres años después de la lectura de su tesis doctoral. En lo que es, lo admito, una traslación de la tesis a la titularidad tan meteórica que no le dio a usted tiempo de publicar nada entre 1980 y 1990. Tampoco ha publicado usted nada. Después, su trabajo de oposición sigue inédito". 

"Usted no ha publicado en ninguna de las revistas científicas relevantes en este país, ni en la Revista de Derecho Político, ni en Teoría y Realidad Constitucional, ni en la Revista de Derecho Constitucional, ni en la Revista de Estudios Políticos, ni en la Revista de Derecho Europeo, ni en la Revista General de Derecho Constitucional. Usted no aparece citada en la Web of Science, ni en Scopus ni en el SJR, ni el JCR. Su publicaciones, su trayectoria como investigadora es virtualmente inédita", añadió. 

"La ley establece dos condiciones, no una y otra, sin que haya excepción ni matización, ni preferencia de la una con la otra. Ambos son requisitos diferentes e imprescindibles. No es un requisito, son dos y no hay capacidad de intercambio o de compensación entre los dos. Hace falta reconocido prestigio y hace falta experiencia en los asuntos de Estado", remató.