La Justicia da la razón a los concejales tránsfugas de VOX: El caso de Alejandro Vélez

"Con esta nueva sentencia se hace aún más evidente que los desmanes totalitarios de ésta organización contra sus afiliados, pueden y deben ser corregidos por la justicia". A través de un comunicado, Alejandro Vélez calificaba así la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de confirmar la nulidad de su expulsión de la formación que dirige Santiago Abascal y que adoptó el Comité Ejecutivo Nacional de Vox en mayo de 2020. 

La sentencia del órgano provincial considera que el procedimiento fue "arbitrario" y afirma que "el interés legítimo es manifiesto, tan sencillo como que una expulsión es una sanción y una sanción grave". De este modo, y dado que "para la reputación de un político no es lo mismo irse voluntariamente de un partido que ser echado a la fuerza", la Audiencia Provincial considera que "sin ser necesarias mayores consideraciones jurídicas al respecto, sí se debe ahondar en que la expulsión es un castigo, y ello por sí mismo tiene claras connotaciones negativas para cualquiera".

Expulsado por desobediencia 

Alejandro Vélez fue expulsado por desobediencia. El concejal se había negado a despedir a su asesor en el Ayuntamiento para contratar en su lugar a otra persona designada por la dirección nacional del partido. Según la formación que dirige Santiago Abascal, Vélez había incumplido una circular del Área de Coordinación Intermunicipal por la que se establecía que el nombramiento y contratación de "cualquier personal o asesores a los que pudiéramos tener derecho como consecuencia de nuestros cargos electos serán decididos exclusivamente por el Departamento de Recursos Humanos del partido". 

Alejandro Vélez. 

Vélez denunció múltiples irregularidades y recurrió a la Justicia, que apercibió a VOX hasta en dos ocasiones para que no continuase pidiendo el paso al grupo mixto del concejal díscolo. En febrero de 2021, el Juzgado de Instancia número uno de Badajoz declaró nula su expulsión, pero la formación política recurrió y, en el transcurso del procedimiento, el concejal decidió, junto a otros miembros del partido, abandonar las siglas por las que se presentó como candidato a la alcaldía pacense.

Fuga de afiliados

En abril de este año, a la salida de Alejandro Vélez en Badajoz se sumaron, además, la de María Isabel Gragera en Lobón, las de Antonio Pozo, José Andrés Gámez y otros tres concejales en Guadiana del Castillo y la de Juan A. Morales, que fuera candidato a la Junta de Extremadura. En un comunicado, calificaban a VOX de "partido Antidemocrático, que somete a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas".

Entre otras ilegalidades, denunciaban haber sido "objeto de técnicas indecentes, como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado y así anularlo políticamente" y denunciaban que la disciplina interna del partido "es una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa. El objetivo es cortar de raíz cualquier iniciativa o manifestación que suponga libertad de expresión o acción por parte de los Grupos municipales o Asambleas legislativas", señalaban entonces.

No han sido los únicos. En los últimos meses, han sido diversas las críticas de ex afiliados contra la formación de ultra derecha. El argumento, casi siempre el mismo, "su totalitarismo".