Caso PCR Canarias: RR7 UNITED se niega a declarar y el director del SCS considera ‘legal’ su pago de cuatro millones 'a dedo'

Máxima tensión durante la llegada al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de los imputados en el caso ‘PCR Canarias’ –que investiga una adjudicación del gobierno canario de cuatro millones de euros para material Covid–. El administrador único de la mercantil RR7 UNITED SL, Rayco Rubén González –investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales–, y el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez –acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias–, han comparecido este jueves ante el juez, el fiscal, el letrado de la investigada Ana María Pérez –acusada de prevaricación administrativa y tráfico de influencias–, la representación del Gobierno de Canarias, y el abogado de la acusación popular, José Luis Gutérrez, por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. 

Conrado Domínguez.

Elcierredigital.com –medio que destapó el caso a raíz de la denuncia de Juan Manuel Pérez– ha recogido a las puertas del juzgado las declaraciones de los implicados en este proceso judicial. La investigación tiene 'en vilo' al líder del ejecutivo regional, el socialista Ángel Víctor Torres, a causa de una imagen del presidente canario reunido con el cuñado y el asesor fiscal de Rayco –revelada por este diario– tal como sostienen fuentes del gabinete presidencial.

Por otra parte, la acusación popular ha indicado a elcierredigital.com que "no ve creíble que Domínguez no supiera nada de lo que sucedía con este contrato de las mascarillas 3M, que resultaron ser FFP2 y no FFP3" y tilda de "inadmisible la comisión de 1.350.000 euros cobrada por el administrador único de RR7 por unas mascarillas que nunca fueron entregadas al SCS".

El querellado, Rayco Rubén González, ha rehusado hacer declaraciones ante el magistrado –Francisco Javier García García-Sotoca–, pero su abogado, Rachid Mohamed, tras la comparecencia ha manifestado a los medios que "esperamos por prudencia hasta que se produzcan las testificales de los testigos citados –peritos del SCS y el comisionista de esta operación de cuatro millones, Samuel Machín, previstas para este 29 de septiembre–. De forma que tras estas, "solicitaremos la declaración voluntaria de Rayco, quien se considera parte estafada en base a una querella presentada contra terceros por su incumplimiento", sobre lo que no ha querido entrar en detalles, hasta que responda ante el juez.

Rayco Rubén González, administrador único de RR7 UNITED S.L.

Mohamed ha avalado la legalidad de la gestión del SCS respecto al contrato suscrito con RR7 –denunciado por la Fiscalía Anticorrupción– pero también ha señalado que "Rayco cumplió con el encargo, las mascarillas llegaron –a Las Palmas–, fueron compradas. Por tanto, no tiene los cuatro millones de fondos públicos, ni tampoco tiene ningún documento que diga que las mascarillas 3M -objeto de la licitación- son falsas, aunque las destruyó por mandato de la Administración".

A la pregunta de elcierredigital.com sobre la comisión de 1.350.000 cobrada por Rayco, Mohamed ha indicado que "está en manos de Rayco", pero no va a hacer declaraciones todavía. 

El director del SCS justifica la adjudicación de cuatro millones

Por su parte, el director del SCS, Conrado Domínguez, ha manifestado ante el juez "actuar bajo la legislación vigente" respecto a la justificación del pago de la licitación adjudicada a RR7 por un millón de mascarillas que nunca llegaron a ser entregadas a los hospitales canarios. Sin embargo, en cuanto a los cuatro millones, Domínguez ha expresado que se trata de "un dinero público que el SCS quiere recuperar". 

Para la acusación popular, ejercida por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, la versión del director del SCS no se sostiene. La asociación indica a este diario que "no es creíble que Domínguez no supiera nada de lo que sucedía con el contrato adjudicado a RR7", y aducen a "la gran experiencia que tiene en gestión pública", por lo que "no se entiende cómo se realizó este procedimiento administrativo y se renovó a pesar de estar caducado, para dar a Rayco una segunda oportunidad", ha señalado el letrado, José Luis Gutérrez.

Según el abogado, "es inadmisible una comisión de 1.350.000 euros de fondos públicos, especialmente en el ámbito de la sanidad canaria", apuntando a la obtenida por Rayco -quien transfirió el montante de la comisión entre sus empresas para la adquisición de vehículos de alta gama-, revelada por la querella del fiscal, tal como avanzó elcierredigital.com.

Además, Gutierrez ha hecho hincapié en "el malestar del fiscal de este caso, Javier Ródenas, por las declaraciones de una de las defensas vertidas en relación a unas supuestas filtraciones, y ha recalcado la voluntad del magistrado y de la fiscalía de respetar este procedimiento".

En esta misma línea, el abogado de la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, ha subrayado a la salida del juzgado que sus declaraciones -del propio letrado- "fueron sacadas de contexto" y que no ha acusado al fiscal Ródenas de ninguna filtración, pues solo apelaba al derecho a la reserva de los implicados en el caso. Por otro lado, afirma que mantiene su voluntad de no declarar nada más sobre este asunto a la espera de las testificales de los peritos.