05 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

En el gabinete del líder del PSOE "reina el nerviosismo" por la imagen en que está reunido con el cuñado y asesor fiscal del dueño de la empresa RR7

Caso PCR Canarias: La investigación de El Cierre Digital sienta en el banquillo al gobierno de Ángel Víctor Torres

El Cierre Digital en
/ Ángel Víctor Torres con José Juan Arencibia y Pablo Carranza.
El Cierre Digital fue el medio que destapó el llamado caso ‘PCR Canarias’ a raíz de diversas denuncias contra las irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos millonarios del Servicio Canario de Salud durante la pandemia. El caso de la empresa RR7 UNITED SL, investigada por blanqueo de capitales y estafa de cuatro millones tras las publicaciones de este diario, sienta en el banquillo a su administrador único, Rayco Rubén González.

El "nerviosismo reina estos días en el gabinete de Presidencia del Gobierno de Canarias", según avanzan en exclusiva fuentes cercanas al presidente, debido a la imagen revelada por elcierredigital.com del líder del ejecutivo regional, el socialista Ángel Víctor Torres, junto al cuñado y asesor fiscal del administrador único de RR7 UNITED SL, Rayco Rubén González. Este último está imputado por blanqueo de capitales y estafa agravada, debido al incumplimiento de un contrato sanitario por cuatro millones de euros licitado por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia.

Este ambiente tenso en el gabinete presidencial se intensifica por la investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado, por la comparecencia en sede judicial del director del SCS, Conrado Domínguez, y la de la exdirectora de Recursos Económicos de esta entidad, Ana María Pérez, ambos imputados por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Elcierredigital.com fue el medio de comunicación que destapó el denominado caso ‘PCR Canarias’, que ahora sienta en el banquillo –a lo largo de esta semana– a Rayco Rubén González, Conrado Domínguez y Ana María Pérez.

La investigación se inició en base a las publicaciones de este diario relativas a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Fiscalía General del Estado, UDEF, y Fiscalía Europea, por el empresario gran canario, Juan Manuel Pérez –que solicitaba la investigación de 23 contrataciones, presuntamente irregulares, aprobadas por el SCS por un montante final de 32 millones de euros–, a la mercantil RR7 UNITED SL, entidad que adeuda cuatro millones al erario público al no llegar a entregar en su día –incumpliendo el contrato– un millón de mascarillas 3M.

Posteriormente a las publicaciones de El Cierre Digital y a la denuncia de Juan Manuel Pérez, el fiscal anticorrupción, Javier Ródenas, abrió una investigación con la UDEF citando al denunciante, a los responsables de esta licitación del SCS, al administrador de RR7 y al testigo, Samuel Machín -comisionista de la operación de los 4 millones entre RR7 y el SCS-, junto a testigos-peritos del SCS, y formuló una querella que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, donde comparecerán como investigados el director del SCS y el responsable mercantil de RR7, González, este próximo 29 de septiembre.

Ródenas pudo constatar bajo estas testificales que ‘"el Gobierno de Canarias había contratado en mayo de 2020, vía WhatsApp, un millón de mascarillas con la mercantil de venta de coches de alta gama RR7, sin verificación de su solvencia empresarial por parte del SCS, pagando 4 millones, de los cuales, el querellado, Rayco Rubén González, se cobró 1.350.000 euros en comisiones, que destinó a la compra de vehículos lujosos, los cuales que fueron incautados recientemente por la Policía Nacional", tal como avanzó El Cierre Digital.

"Es de las pocas estafas que conozco en el que el estafado -según el testimonio de Rayco, al creerse perjudicado por tener que destruir las mascarillas 3M al carecer de permisos para su importación a Canarias-, ha ganado 1.350.000 euros", dijo el fiscal Ródenas durante el interrogatorio al administrador mercantil de RR7.

No obstante, esta rueda de declaraciones se inició con la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, que testificó como investigada el pasado lunes, y que a la salida del juzgado rehusó hacer manifestaciones públicas, al alegar que "no tiene nada que ocultar".

Confirmación judicial para la acción popular

Por otra parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, ha confirmado a El Cierre Digital que han recibido la diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia -el 27 de septiembre- en la que se confirma la aceptación de la consignación de 3.000 euros como fianza necesaria para "ejercitar la acción penal mediante la actuación de la acción popular" en este procedimiento, documento aportado a este diario por el presidente de este colectivo sanitario, el médico, Guillermo de la Barreda.

El representante de esta organización, de igual forma, indica que el letrado, José Luis Gutierrez, estará presente en los interrogatorios que se celebran durante estos días en sede judicial.

Elcierredigital.com destapó otras denuncias contra el SCS

El Cierre Digital, medio de referencia nacional en el llamado caso ‘PCR Canarias’, también publicó las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Europea relativas a presuntas irregularidades en otras contrataciones aprobadas por el Gobierno de Canarias.

En este sentido, este diario dio luz a las denuncias interpuestas contra el SCS por el fundador de la web Revelión en la Granja, Fernando Vizcaíno Carles, y por parte del abogado, Ramiro Grau, contra adjudicaciones públicas licitadas por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en fase de investigación.

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