El presidente de la Sala de lo Civil del TS controló durante tres décadas los servicios jurídicos de La Caixa como mano derecha de Isidro Fainé
El pasado en la banca de Sebastián Sastre Papiol inquieta a las víctimas del Popular
¿Beneficia la Justicia española a la gran banca? Esto piensan algunos de los inversores que perdieron todos sus ahorros con la caída del Banco Popular, cuya cúpula acaba de respirar después de que el juez Santiago Pedraz haya decidido no imputarlos por la presunta estafa previa a su caída.
Inversores del Popular recuerdan en conversación con Elcierredigital.com que, al mismo tiempo, la sala civil del Tribunal Supremo está rechazando que el polémico índice hipotecario IRPH sea abusivo a pesar de las dudas que existen.
Cabe recordar que esta sala está presidida por Sebastián Sastre Papiol, quien durante tres décadas ejerció como director de los servicios jurídicos de La Caixa, actuando durante este tiempo como mano derecha de Isidro Fainé.
Cuenta Diario 16 que este dictamen mantiene en vilo a la banca, ya que existen alrededor de 70.000 millones de euros en juego por posibles devoluciones de la banca. La misma banca que ya fue beneficiada en 2007 en la figura de Emilio Botín, que dio nombre a una doctrina sentada por el Tribunal Supremo y que supuso que se librase del juicio por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander.
El pasado 'luminoso' de Sastre Papiol con otros asuntos de la banca española
Fuentes del Alto Tribunal consultadas por este medio recuerdan que y que en 2016 fue el primer juez en felicitar a los afectados por las cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El magistrado había formado parte del grupo de jueces del Supremo que en 2013 había forzado al BBVA, Cajas Rurales Unidas, y NGC Banco a eliminar las cláusulas suelo de los contratos que tantos problemas ocasionaron entre la ciudadanía española.
Sebastián Sastre Papiol.
La Justicia avala la resolución española con el Popular
La Justicia avaló hace unos meses la resolución española de 2017 que hizo que 300.000 accionistas y tenedores de deuda del Banco Popular perdieran sus ahorros. La entidad de crédito española fue la primera intervenida con unas nuevas normas que impedían rescates como los que se produjeron tras 2008 (y que salvaron inversiones a costa del erario público).
La Junta Única de Resolución (JUR) sostuvo que no había que indemnizar a los accionistas, que buscaban compensación del Banco Santander, entidad que adquirió el Popular por tan solo 1 euro. Pero lo cierto es que el juicio está virando hacia extremos preocupantes para la excúpula de la CNMV que, con su pasividad, avaló folletos que promovían la supuesta estafa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, estudia la imputación de los directivos de la CNMV que permitieron en 2012 la emisión de acciones de la compañía crediticia.
Los expresidentes Elvira Rodríguez y Julio Segura; los exvicepresidentes Lourdes Centeno y Fernando Restoy; y exdirectivos como Francisco Javier Aríztegui o Íñigo Fernnández de Mesa podrían ser imputados si la fiscalía da luz verde a las pretensiones del mediático juez.
