El vicepresidente del BCE está señalado por "dar información privilegiada a las instituciones públicas para extraer el dinero"
La presunta estafa del Banco Popular trastoca las nuevas ambiciones políticas del exministro Luis De Guindos
El 30 de noviembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, tomará declaración como investigados a Jacobo González-Robatto y a José Ramón Rodríguez, director general corporativo y de finanzas y expresidente de la Comisión de Auditoría del extinto Banco Popular respectivamente.
El juez de la Audiencia Nacional investiga la presunta estafa que cometió la cúpula del Popular cuando en 2012 realizaron una ampliación de capital. Cabe recordar que cinco años después de este proceso el banco fue intervenido tras quedarse sin liquidez y adquirido por solo un euro por el Santander, que se hizo con los 5.000 millones de créditos fiscales que atesoraba su antiguo rival.
El banco de los Botín recibió, nada más acceder a la sala de máquinas del entonces sexto banco de España, 500 millones de Hacienda de estos créditos fiscales (que son sumas que se acumulan en pérdidas y sirven principalmente para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades).
El ministro de Economía, tanto en 2012 como en 2017, era Luis de Guindos, que aseguraba que el rescate del Popular no iba a costar "ni un duro a los españoles", alarmados por el gigantesco socavón provocado por la banca (el FROB, 'banco malo', ha reconocido pérdidas superiores a 45.000 millones de euros derivadas por rescates bancarios en la última década). El expresidente del Popular, Ángel Ron, se negó a ser rescatado ni por el FROB ni por la SAREB, que hubiera digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad.
Un pelotazo que afecta a De Guindos
De Guindos declaró como testigo por este caso de presunta estafa por su papel en la ampliación de capital. El entonces ministro de Economía afirmó en la absorción del Popular por parte del Santander que no se había "comprometido ni un solo euro de recursos públicos de ningún tipo, ni presentes ni futuros" (pese a que el Gobierno desembolsó más de 380.000 euros por los trámites de la absorción).
Luis de Guindos.
Y cinco años antes De Guindos tuvo un controvertido papel que, ahora, podría complicarle su soñado regreso de Frankfurt, donde ejerce como vicepresidente del BCE para convertirse en el número dos del Gobierno, en el caso de que Alberto Núñez Feijóo alcance La Moncloa. La ampliación de capital es "clara y transparente" según Ángel Ron, que se defiende asegurando que los directivos desembolsaron 500 de los 2.500 millones de la misma. "Nadie invierte 500 millones de euros si quiere estafar", afirmó ante Pedraz.
Le faltó añadir que esta ampliación de capital despejó los evidentes nubarrones que estaban colapsando al Santander y que la operación ayudó a que el precio de su acción se disparase de los 0,53 euros hasta los 5 euros a finales de 2013. Ese mismo año entró en el accionariado el acaudalado empresario mexicano Antonio del Valle, cercano al Opus Dei, la orden con la que el Popular ha estado emparentada de forma histórica.
Y este acabó controlando el banco tras la caída de Ron y fichando entre tinieblas al prestigioso banquero Emilio Saracho, que se embolsó 4,5 millones de euros por unos escasos meses de trabajo en 2017 antela mirada atónita de los 300.000 accionistas del Popular.
Un grupo de los mismos han recurrido ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que les negó reclamar sus pérdidas al Santander, y el empresario argentino Carlos Slim hizo lo propio en Estados Unidos.
De Guindos, pendiente de la sentencia
Una condena a la cúpula del Popular por estafa pondría en la picota a De Guindos por su pasivo papel entre 2012 y 2017, periodo en el que la contabilidad de la entidad de crédito, según señalan fuentes judiciales a Elcierredigital.com, están plagadas de "irregularidades contables".
Es cierto que este asunto comprometería al Banco de España pero la conocida gravedad de la situación del Santander y la pasividad del entonces ministro de Economía, no dejan en buen lugar a este, que asegura que también tanteó al BBVA o CaixaBank para que se quedasen con el Popular, finalmente digerido por el Santander, en el que trabajó Saracho codo con codo con su amiga Ana Patricia Botín.
El agónico final del Popular, tumbado mientras sus clientes sacaban más de 20.000 millones en abril de 2017, pone en un brete a De Guindos que, en 2012, defendía al banco: "El Gobierno y el Ministerio de Economía no tienen inspectores, los tiene el supervisor y es el que analiza la situación de la entidad. Eso es lo que me dicen: ni problemas de solvencia ni de liquidez".
"El Banco Popular será lo que sus accionistas quieran que sea. El Gobierno aplicará la normativa de competencia. Se hará lo que decidan sus gestores, siempre que esté dentro de la normativa y de la Ley, el Gobierno no tiene nada que decir", añadió cinco años antes de que los accionistas estuvieran atados de pies y manos tras la lógica intervención pública.
