29 de enero de 2023
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FIN DE SEMANA

El juez Santiago Pedraz sopesa investigar a la expresidenta de la CNMV y exministra Elvira Rodríguez y al resto de antiguos directivos

El caso del Banco Popular puede dar un giro radical si se imputa a la excúpula de la Comisión del Mercado de Valores

El Cierre Digital en
/ Banco Popular.
Los inversores del Banco Popular buscan recuperar parte del dinero que perdieron cuando la entidad de crédito fue intervenida en junio de 2017. Tras desestimarse sus pretensiones contra las autoridades españolas, ahora buscan a la excúpula de la CNMV por su pasividad ante la presunta estafa que sufrieron.

La Justicia avaló hace unos meses la resolución española de 2017 que conllevó que 300.000 accionistas y tenedores de deuda del Banco Popular perdieran sus ahorros. La entidad de crédito española fue la primera intervenida con unas nuevas normas que impedían rescates como los que se produjeron tras 2008 (y que salvaron inversiones a costa del erario público). 

La Junta Única de Resolución (JUR) sostuvo que no había que indemnizar a los accionistas, que buscaban compensación del Banco Santander, ya que adquirió el Popular por tan solo un euro. Pero lo cierto es que el juicio está virando hacia extremos preocupantes para la excúpula de la CNMV que, con su pasividad, avaló folletos que promovían la supuesta estafa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, estudia la imputación de los directivos que permitieron en 2012 la emisión de acciones de la compañía crediticia. 

Los expresidentes Elvira Rodríguez y Julio Segura; los exvicepresidentes Lourdes Centeno y Fernando Restoy; y exdirectivos como Francisco Javier Aríztegui o Íñigo Fernández de Mesa podrían ser imputados si la fiscalía da luz verde a las pretensiones del mediático juez. 

Historia de un escándalo

El juez de la Audiencia Nacional investiga la presunta estafa que cometió la cúpula del Popular cuando en 2012 realizaron una ampliación de capital. Cabe recordar que cinco años después de este proceso el banco fue intervenido tras quedarse sin liquidez y fue adquirido por solo un euro por el Santander, que se hizo con los 5.000 millones de créditos fiscales que atesoraba su antiguo rival. 

El banco de los Botín recibió, nada más acceder a la sala de máquinas del entonces sexto banco de España, 500 millones de Hacienda de estos créditos fiscales (que son sumas que se acumulan en pérdidas y sirven principalmente para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades)

El ministro de Economía tanto en 2012 como en 2017 era Luis de Guindos, quien aseguró que el rescate del Popular no iba a costar "ni un duro a los españoles", alarmados por el gigantesco socavón provocado por la banca (el FROB, 'banco malo', ha reconocido pérdidas superiores a 45.000 millones de euros derivadas por rescates bancarios en la última década). 

Elvira

Elvira Rodríguez, expresidenta de la CNMV. 

El expresidente del Popular, Ángel Ron, se negó a ser rescatado ni por el FROB ni por la SAREB, que hubiera digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad.

El Santander está siendo condenada por 'fechorías' del Popular

La dulce digestión del Banco Popular por parte del Banco Santander se está complicando en pleno juicio por la presunta estafa a los accionistas del primero que no vieron ni un solo euro mientras la entidad de crédito de los Botín se hacía con sus activos por tan solo un euro. 

Y es que a este juicio se le une una reciente condena del Tribunal Supremo, que ha ratificado los fallos del Juzgado de 1ª Instancia número 5 de Pamplona y de la Sección Tercera de la Audiencia navarra en favor de un empresario navarro al que el Banco Popular estafó

La víctima es Juan González, que tendrá que ser indemnizado con 4,5 millones de euros porque el Popular le vendió un producto tóxico que le hacía perder dinero casi con total seguridad. El empresario, que invirtió los ahorros conseguidos en la venta de una empresa familiar, se quedó en la ruina

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

La sentencia del TSJN aseguraba que "el posible error en el consentimiento no deriva de la ausencia de realización de los test, sino del desconocimiento real y efectivo por parte del cliente de qué era lo que estaba en realidad contratando". 

Y afirmaba, tal y como recogió Noticias de Navarra, que "la entidad bancaria no prestó al demandante una información completa y veraz sobre la verdadera naturaleza y alcance del producto y sobre sus verdaderos riesgos, resultando ello generador del desconocimiento del cliente". 

El testimonio de los trabajadores del Popular "no lleva a concluir que se hubiese prestado al demandante una información completa, pues no consta con certeza que se hubiese explicado el componente especulativo, que conforma el núcleo esencial del contrato, ajeno y muy distinto a la mera fluctuación de acciones en Bolsa, como tampoco las gravosas consecuencias materiales en caso de minoración de uno de los activos por debajo del 65% de su valor inicial".

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