Arancha Sánchez Vicario al banquillo: Se juega cuatro años de cárcel por el caso Banco Luxemburgo

La tenista Arantxa Sánchez Vicario y el que fuera su marido, Josep Santacana, se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo mes de septiembre de 2023 desde el día 12 al 15. Ambos responderán ante el Tribunal del Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona –según ha adelantado La Vanguardia– por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible.

La Fiscalía pide para ellos cuatro años de prisión por presuntamente evadir una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo. Ya en 2021, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona acordaba la apertura de juicio oral contra Arantxa Sánchez Vicario, así como contra su exmarido.

En este escrito, el fiscal detallaba que la entidad bancaria adelantó al banco español (Banco Sabadell) el dinero –que la tenista debía pagar como garante de una deuda de Hacienda–, y por ello el Banco de Luxemburgo le pidió posteriormente pagar la cantidad abonada. Ahora, la Fiscalía detalla que Vicario actuó "bajo las consignas de su marido" una vez notificada la reclamación de la deuda en 2010.

Los encausados, entre los que, según el auto al que tuvo acceso en exclusiva elcierredigital.com en julio de 2021, también se incluyen Vicente Merino Artigas, Antonio Hermosilla Moratalla, Rubén Marín Martínez, Miguel Pla Martínez y María Rosa Vélez, deberán comparecer el próximo día 28 de julio "a fin de notificarles de manera personal la presente resolución". 

Auto de 2021.

Asimismo, a todos ellos se les impuso una fianza de más de seis millones de euros que tuvieron que abonar en el plazo de un día. 

A las sociedades Euroilla Inversiones SL, SAG Residencial SL, SFG Investements SL, Inmuebles e Inversiones Ciudad Diagonal SL, Inmuebles e inversiones Bensan SL, Huslia SA y Dharma Business SL, como responsables civiles subsidiaras, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona les impuso la misma fianza. 

Arantxa y Santacana antes de su separación.

El auto, con fecha dos de julio, establece un plazo de diez días para que todos los implicados formulen escrito de defensa. 

De este modo, Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana deberán sentarse en el banquillo para responder por una causa en la que la acusación, la entidad Banque de Luxembourg, y la Fiscalía solicitan para ambos una pena de cuatro años de cárcel por alzamiento de bienes. Asimismo, se solicita la condena a una multa a razón de doce euros diarios durante 24 meses y una indemnización de 6.170.942 euros más intereses y costas procesales. 

Proceso de descapitalización 

La entidad crediticia presentó en el mes de noviembre de 2020 su escrito de conclusiones -al que se suman el de la fiscalía y el de las defensas de ambos- solicitando formalmente la apertura de juicio oral contra la expareja tras constatar que Arantxa, presuntamente, había culminado un proceso de descapitalización total al vender todas sus propiedades en España y Andorra ignorando sus requerimientos como acreedor y una sentencia firme por vía civil. 

Parte de estos bienes, según este escrito, fueron apartados a una sociedad extranjera, la mercantil uruguaya Huslia SA, presuntamente controlada por la acusada. Asimismo, se realizaron numerosas operaciones de venta "con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro del Banco de Luxemburgo". De este modo, el importe que Arantxa Sánchez Vicario habría ingresado en concepto de estas transacciones era de más de siete millones de euros. 

A continuación, tal y como detalla el documento, la acusada, "siguiendo las directrices de su marido", "procedió a la liquidación de las mercantiles". No obstante, a pesar de hallarse en liquidación, "se continuaron realizando operaciones de despatrimonialización", en esta ocasión, con ventas por valor de casi 1.200.000 euros. 

"La mercantil Dharma Business SL, controlada por el acusado Josep Santacana Blanch, tuvo asimismo un papel muy relevante en este proceso, habiendo sido utilizada para cobrar cantidades de la acusada [...] y recibir tranferencias de mercantiles controladas por la acusada como la sociedad Huslia SA y ello con el fin de ocultar el rastro del dinero susceptible de ser embargado".

En 2009, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional conforme la cual la tenista tenía que pagar un multa de 3,5 millones más intereses por evasión fiscal. La cantidad final ascendía a 5,2 millones. Hacienda cobró merced a un aval del Banco de Sabadell y la entidad catalana recuperó su dinero a través de un contraaval suscrito con el banco luxemburgués, donde Arantxa era titular de una cuenta.

Ocurre que el BDL pagó de sus propios fondos al Sabadell, pues desde 2002 no había dinero en aquella cuenta: la entidad decidió cancelar la garantía y Emilio Sánchez, padre de la tenista, movió esos ahorros a otra entidad en Suiza. El BDL le reclamó en 2010 la ejecución del aval, esos 5,2 millones de euros. Nunca hubo respuesta extrajudicialmente y el banco acudió la vía civil.