No hay derecho

La consabida utilización de trampas legales para esquivar normas de obligado cumplimiento se ha visto superada en la práctica, precisamente, por quienes están más comprometidos con el ejercicio ejemplar de la actividad política.

Los asesores, que abundan mucho en demasiadas instituciones públicas, se están especializando en conductas criminales pergeñando estrategias para impedir una posible o segura retribución legal.

El fraude de ley está de moda en estos tiempos de equívocos derroteros empeñando la gobernanza. El último destello de semejante costumbre lo ha protagonizado un pillo con cargo tratando de escapar del tiesto judicial con la esperanza de sacar rédito.

No tardó en interponer varias triquiñuelas vulnerando una norma jurídica y promoviendo la dimisión en cadena de distintos cargos de su colla ideológica, lo que se traducía en el resultado más perverso. Un técnico diría que se utiliza una ley de cobertura para ocultar la ley defraudada, conducta tipificada en nuestro Código Civil, mientras no se modifique para ganar más impunidad.

Por eso, un tribunal ha denegado la maniobra del pícaro devolviéndolo al redil del juzgado que instruía sus enredos manoseando el abuso de poder. El gobierno español se está especializando en legislar para escurrir la responsabilidad penal de sus miembros y otros aliados en la cosa política.

Es tradicional en España el desmedido afán por interponer trampas legales con las que tratar de asegurar el descontrol de sus desmanes, algo que no es privativo del gobierno actual, viene de largo. La justicia europea, que ya nos vigila con atención, ha corroborado la calaña hispana tejiendo irregularidades con apariencia de limpieza legal.

No hace demasiado tiempo que debió poner orden para regularizar a la ingente cantidad de funcionarios interinos introducidos en las administraciones públicas. Aun así, como estafadores avezados, seguimos incumpliendo las órdenes recibidas disimulando con una ralentización infumable. Hay que hacer empleados fijos a los temporales, pero los responsables se retuercen para no hacerlo, y un tribunal español recurrió a Europa para debía ser una norma de obligado cumplimiento.

No hay derecho a soportar esa resistencia gubernamental para no acatar con eficiencia las resoluciones legales. Porque la trampa de convertir al trabajador temporal en un indefinido no fijo es la clásica manipulación con los eufemismos habituales para esconder la realidad. No hay derecho a esa búsqueda implacable de Hacienda persiguiendo los ingresos de sus ciudadanos con una avaricia desmedida y abusiva.

Según algunos expertos, determinadas leyes financieras son incompatibles con normas europeas y de derechos humanos; las bonificaciones a quienes inspeccionan para alcanzar objetivos recaudatorios parecen más bien un pago a cazarrecompensas. La OTAN, que nos ha calado, ha advertido al gobierno español que no permitirá trampas para esquivar obligaciones en defensa, asumidas y firmadas.

No hay derecho a que nuestros gobernantes se empeñen en redactar todo tipo de normas para dañar la constitucional separación de poderes y la independencia judicial, pilar esencial para la mejor homologación democrática.

Los actuales líderes están emboscados tras la ley para asaltar derechos y proteger a determinados delincuentes, si eso les garantiza seguir mandando en el Boletín Oficial del Estado. Menudo papelón de algunos altos funcionarios aguantando sin rechistar las imposiciones de sus nuevos comisarios políticos.

Esa indecente presión está silenciando cualquier aportación congruente para la defensa de sus subordinados y la ciudadanía, que debería estar mejor tratada. No hay derecho a que se maltrate a los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, ninguneados con la indolencia culpable de sus mandos orgánicos, acomodados en asientos del privilegio.

Someter a los medios de comunicación, mediante regalías o represión, no es más que limitar el ejercicio libre de quienes deben supervisar y denunciar las injusticias del poder. Es por eso, y muchas cosas más, que debemos gritar sin tapujos contra los abusos del poder: ¡No hay derecho!.