1978 fue un año de grandes cambios tanto políticos como sociales en España. La ciudadanía asistía a la firma de la Constitución Española por parte del rey Juan Carlos I ante la presencia de los parlamentarios en el Congreso de los Diputados, la poeta murciana Carmen Conde ingresaba en la Real Academia Española convirtiéndose en la primera mujer que formaba parte de esta institución y también se logró despenalización  del adulterio así como del 'amancebamiento' y la píldora anticonceptiva. 

Fue el 7 de octubre de aquel año cuando las Cortes Constituyentes despenalizaron la venta, divulgación y uso de la píldora anticonceptivos. Tras cuatro décadas en los que el país había estado bajo la dictadura franquista la mujer o la pareja podía gozar de la libertad en cuanto al hecho de decidir cuantos hijos querían tener y en que momento decidirían traerlos al mundo. Con esta descriminalización, por primera vez, se separaba la sexualidad de la procreación. 

Un gran avance para la mujer

Tras la muerte del general Francisco Franco la sociedad española comenzó a cambiar en el marco temporal más conocido como Transición Española. En un primer momento aquellos cambios fueron tímidos y gran parte de esa metamorfosis que comenzaba a aflorar entre la ciudadanía española la protagonizaron las mujeres. El auge de la fundación de distintas asociaciones feministas y la mayor presencia de mujeres en la política nacional propiciaron el cambio en materias como sexualidad. Hasta entonces un tema tabú en la sociedad y un campo en el que la ilegalidad estaba a la orden del día.  Uno de los frentes que el Gobierno de Adolfo Suárez tenía pendiente era la despenalización de la píldora anticonceptiva. Fue en 1964 cuando la píldora había llegado a España y comenzó a comercializarse tan solo con receta médica en tratamientos de carácter ginecológico a mujeres que debían de regular su ciclo menstrual. No obstante, once años después de su llegada al país eran medio millón de mujeres españolas quienes tomaban la píldora. Según la industria farmacéutica, en 1977, cuando el uso aún era ilegal,  se vendieron ocho millones de píldora. 

Ante este escenario, el líder de la UCD confesó que había que "dar cobertura y transparencia legal a lo que es normal y habitual a nivel de la calle”. El expresidente conocía las peticiones que se daban entre gran parte de la sociedad española en cuanto al uso de este método anticonceptivo y un tema recurrente en las sesiones de la Cámara Baja. En enero de aquel año la diputada catalana y miembro del Partido Comunista Maria Dolores Calvet defendió una proposición de ley sobre "amnistía para la mujer" en relación a los delitos de adulterio, aborto y propaganda y difusión de anticonceptivos. A lo largo de su intervención la política recordó que "en los Pactos de la Moncloa se hablaba de despenalizar el adulterio y el amancebamiento, así como de legalizar los anticonceptivos bajo control sanitario, pero, entonces, ninguno de esos proyectos de ley se habían planteando ante la Cámara".

Representantes de asociaciones feministas reparten información sobre la legalización de la píldora anticonceptiva en Madrid.

Fue en el mes de abril cuando comenzó el debate parlamentario con el fin de despenalizar el uso de los anticonceptivos y finalmente, el 7 de octubre las Cortes Constituyentes despenalizaron la venta, divulgación y uso de los anticonceptivos. Además tras la aprobación de esta norma, el Gobierno anunció la apertura de 74 centros de orientación y planificación familiar, el primero de ellos se inauguró en el barrio madrileño de Vallecas, en los que se facilitaría información y asesoramiento sanitario en materia de educación sexual y procreación así como el fomento del reconocimiento médico a la pareja, y  el consejo genético. También se daría orientación sobre posibles problemas de esterilidad y se ofrecían recursos médico-sanitarios a mujeres que se encontraran en situación de vulnerabilidad. 

Debate y oposición eclesiástica

Pese al gran avance social que se había conseguido con la despenalización del uso de la píldora anticonceptiva, fueron muchos sectores, vinculados a la política o al ámbito eclesiástico, los que manifestaron su oposición a esta nueva norma. Mientras que en otras naciones como Estados Unidos o en Francia la mujer avanzaba a pasos agigantados hacia la igualdad, en España su papel se limitaba a ama de casa y madre de familia numerosa. Un rol que comenzó a romperse tras el final de la Dictadura en la que la anticoncepción estaba castigada y la que la presión de la Iglesia así como el miedo hacia las multas impedían el acceso a los anticonceptivos. El Código Penal instaurado en 1941 penalizaba, a través del artículo 416, con multas de 10.000 a 200.000 pesetas tanto a médicos como a farmacéuticos que indicasen o vendiesen "medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos capaces de provocar o facilitar el aborto o de evitar la procreación". Por tanto tras la legalización de la píldora anticonceptiva en España se estableció un debate y el germen de una campaña instigada por la Iglesia Católica en la que condenaban el uso de la píldora anticonceptiva por "limitar y controlar la natalidad de manera artificial". 

Desde su legalización la píldora ha sido objeto de controversia en la sociedad. Durante la década de los ochenta eran muchas las mujeres que se agarraban al ideario nacional que imperaba durante la dictadura y quienes no dudaban en mostrar su férrea oposición hacia el uso de este método anticonceptivo como una manera de "manipulación de las funciones naturales". No obstante, esta despenalización fue un triunfo para la ciudadanía y en especial para esa mujer que había dejado atrás el rol de 'ama de casa sumisa y madre de familia numerosa'. Un avance que este pasado sábado cumplió 45 años.