La Inspección de Trabajo detecta irregularidades en uno de cada seis Expedientes Temporales de Regulación de Empleo que investiga. En lo que va de año, la tasa de empresas que han incurrido en fraude a la hora de gestionar sus ERTE ha crecido un punto, pasando del 14,77% al 15,79%.
Por territorios, el mayor número de infracciones se ha detectado en Madrid, con 450 sanciones por un total de 2,23 millones de euros; seguida por Alicante, con 273 infracciones y 1,23 millones de euros en sanciones; y Murcia, con 257 infracciones y sanciones por 918.304 euros. No obstante, atendiendo a la tasa de fraude sobre el total de empresas cuya investigación ha concluido, los registros más altos se sitúan en provincias como Alicante (32,5%), A Coruña (28%), Zaragoza (26,4%) o Málaga (23,4%). En el caso de Madrid, esta tasa es de un 18,6%. En la situación opuesta se encuentran Teruel y Cuenca, donde por el momento no se han detectado infracciones.
En total, y desde el inicio de la pandemia, los inspectores han hallado anomalías en 4.588 empresas de las 29.047 investigadas, lo que ha supuesto el levantamiento de actas de infracción por valor de 21.965.703 euros. Esas cifras, a falta de que finalicen otras 7.518 inspecciones, sitúan la sanción media en 4.787 euros y revelan al mismo tiempo una ralentización y un endurecimiento de las actuaciones. De hecho, al cierre del año pasado el número de infracciones era de 3.635 y la cuantía de las sanciones de 16,53 millones, lo que dejaba el acta media en 4.550 euros.
Una oficina del SEPE.
No obstante, las sanciones no son el único desembolso económico al que deben hacer frente las empresas que hayan incurrido en algún tipo de irregularidad. Además, las compañías deben devolver las exenciones de las cuotas de la Seguridad Social de las que se habían beneficiado, así como hacerse cargo de los salarios de los empleados que se encontraban en ERTE de forma fraudulenta. Por su parte, los trabajadores deben devolver las cantidades percibidas por el SEPE.
Las infracciones más frecuentes
La infracción más común se ha producido en lo que respecta a la actividad de los trabajadores, concretamente a los que han seguido ejerciendo pese a encontrarse en suspensión de contrato, ya sea por obligación de la empresa o por común acuerdo entre empleado y compañía. Un fraude difícil de detectar cuando se trata de teletrabajo, en cuyo caso Inspección ha tenido que cotejar las horas de conexión a través de VPN o los correos cruzados de los empleados en ERTE.
La campaña de Trabajo también ha detectado irregularidades en la realización de horas extraordinarias e incumplimientos de la obligación de comunicar las salidas al SEPE con el fin de suspender las prestaciones y las bonificaciones.
También frecuente ha sido la infracción en lo relativo al compromiso de mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores a recuperar el último empleado en ERTE. El incumplimiento en este tipo de casos, y al margen de las sanciones, conlleva la pérdida de todas las bonificaciones percibidas por todos los empleados dentro del expediente, no solo de aquellos que habían sido despedidos.