Europapress Qué falló en el crimen de O Porriño: El protocolo de protección al trabajo social
La falta de respuesta a la denuncia de Teresa, asesinada con un hacha mientras trabajaba, evidencia fallos de prevención
En la mañana de este martes, Teresa de Jesús González, auxiliar del ‘Servizo de Axuda no Fogar’ (SAF) en el municipio pontevedrés de O Porriño, fue asesinada mientras ejercía su labor en el domicilio de una pareja mayor. El agresor, Enrique L., de 73 años, esposo de la usuaria del servicio y con antecedentes psiquiátricos recientes, la atacó presuntamente con un hacha, causándole la muerte en el acto.
Cuando llegaron los servicios de emergencia, el hombre se encontraba desorientado y cubierto de sangre. Fue detenido y trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro para ser evaluado por el equipo de salud mental.
El caso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad gallega. Pero la indignación creció al conocerse que la víctima había denunciado una situación de acoso sexual ocurrida en esa misma vivienda apenas 24 horas antes de su muerte.
La trabajadora se había puesto en contacto con el sindicato CIG para solicitar asesoramiento sobre cómo renunciar a ese servicio. Argumentó que no se sentía segura.
Según fuentes cercanas, también comunicó lo ocurrido a la empresa que gestiona el SAF en el municipio. Sin embargo, esa alerta no fue suficiente para activar ninguna medida preventiva. Teresa fue enviada de nuevo al domicilio y perdió la vida en el ejercicio de su trabajo.
Tras lo ocurrido, son cada vez más voces las que preguntan por los protocolos de prevención del sector. En este sentido, conviene recordar que hace escasos meses unos menores acabaron con la vida de otra trabajadora social en Badajoz
Una denuncia sin respuesta: Qué protocolos existen
El relato que ha trascendido desde el sindicato en O Porriño dibuja una cadena de omisiones. Tras comunicar el episodio de acoso, Teresa recibió indicaciones para contactar con su delegada sindical. Todo esto con la intención de iniciar el proceso formal de renuncia al servicio. Pero la conversación no llegó a producirse.
La trabajadora fue convocada a realizar su jornada con normalidad al día siguiente. La empresa no activó ninguna alternativa, como el cambio de ruta, el relevo por parte de otra empleada o la suspensión temporal del servicio.
La ausencia de reacción ante una denuncia de este tipo ha generado una fuerte polémica. Especialmente en el ámbito laboral y sindical.
Elcierredigital.com ha contactado sin éxito a la CIG. Aunque desde el sindicato se ha subrayado que lo ocurrido pone en evidencia una falta de protocolos específicos para proteger a quienes trabajan en el ámbito del SAF.
Sector en el que, muchas veces, las auxiliares prestan servicio en soledad, sin supervisión directa y en entornos privados que pueden llegar a convertirse en espacios de riesgo.
El sindicato denuncia que, pese a tratarse de un servicio esencial, las condiciones laborales son precarias. Y que, además, no se dispone de herramientas adecuadas para actuar ante situaciones de acoso, agresiones o desequilibrios emocionales por parte de los usuarios.
Un servicio esencial sin garantías
El ‘Servizo de Axuda no Fogar’ es una prestación pública que permite a personas mayores o con dependencia recibir asistencia en sus propios domicilios. La figura de la auxiliar, generalmente una mujer, se convierte en un sostén cotidiano para estas familias. No obstante, “el sistema presenta carencias estructurales”, señalan fuentes del sector.
La externalización de la gestión a empresas privadas ha generado una fragmentación de responsabilidades que, en casos como el de Teresa, “puede desembocar en fallos graves en la protección del personal”.
“Aunque la ley obliga a evaluar los riesgos laborales, en la práctica no existe una normativa concreta. No hay nada que obligue a las empresas o a administraciones locales a actuar inmediatamente ante una denuncia verbal de acoso o amenaza”. Así definen la situación las trabajadoras del sector consultadas.
En este caso, la trabajadora fallecida comunicó lo sucedido tanto a la empresa como al sindicato, pero no hubo una respuesta efectiva.
No se revisó el estado del usuario. No se valoró el contexto clínico del presunto agresor, que había abandonado el tratamiento psiquiátrico. Y no se adoptaron medidas provisionales para proteger a la empleada.
El precedente en Badajoz
El caso de Teresa ha recordado a muchos profesionales el crimen ocurrido en marzo de este mismo año en Badajoz. Allí, una educadora social fue asesinada por tres menores en un piso tutelado.
La víctima, María Belén Cortés, realizaba su turno de noche sola, a pesar de que ya se habían registrado incidentes violentos en el centro. La investigación reveló que los trabajadores habían advertido de comportamientos agresivos por parte de los adolescentes y que habían solicitado refuerzos.
La administración no modificó la operativa y, finalmente, la profesional perdió la vida.
En ese caso, los tres menores fueron detenidos y permanecen desde entonces en régimen cerrado. Esta semana, la Fiscalía de Menores formalizó la acusación por asesinato y solicitó penas de hasta seis años de internamiento.
Aunque la investigación penal sigue su curso, el foco del debate se ha desplazado también hacia las condiciones laborales del sector.
Falta de protocolos específicos y prevención real
Ambos casos comparten un patrón: trabajadoras solas, sin protección inmediata. Ambas denunciaron riesgos o amenazas sin recibir respuesta. En el ámbito educativo, sanitario o de emergencias existen protocolos que obligan a activar mecanismos de prevención cuando se detecta una situación de riesgo.
Sin embargo, en el SAF y en muchos servicios sociales, esos mecanismos no están claramente definidos. También dependen de la iniciativa de la empresa o de la voluntad de la administración local.
Desde sindicatos como CIG, CSIF o CC.OO. se reclama la implementación urgente de protocolos específicos que contemplen, entre otras medidas, la posibilidad de suspender temporalmente un servicio en caso de denuncia. Así como la creación de equipos de intervención ante alertas de acoso o violencia.
Los horizontes políticos y judiciales
En el caso de O Porriño, el presunto autor del crimen continúa ingresado en el hospital, pendiente de evaluación psiquiátrica. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial y ha suspendido temporalmente los actos públicos.
No obstante, hasta el momento no se ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer si existieron negligencias en la respuesta a la denuncia de Teresa. Tampoco se ha detallado si se revisarán los protocolos de actuación del SAF a nivel municipal.
Por su parte, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia y el Consejo General del Trabajo Social han condenado el crimen y han instado a las administraciones a adoptar medidas urgentes que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.
La muerte de Teresa de Jesús ha sido un golpe de realidad para el sector. Su caso ha servido para visibilizar la fragilidad en la que muchas trabajadoras sociales ejercen su función. También ha encendido las alarmas en un sector que, a pesar de su importancia social, sigue sin contar con las garantías básicas de seguridad.
Las investigaciones continúan. Pero más allá del proceso penal, queda una pregunta abierta. ¿Qué hubiera pasado si la denuncia de Teresa se hubiese atendido como correspondía?
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