Presunta explotación de las empleadas del hogar en Euskadi: Estas son las denuncias

En Euskadi, más de 40.000 trabajadoras del hogar sostienen cada día miles de viviendas, limpian, cuidan, acompañan y sostienen una red de cuidados sin la que la sociedad colapsaría.  Sin embargo, cerca de la mitad de ellas, según estudios de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), nunca han tenido un contrato de trabajo. Una situación alarmante, invisibilizada y que el sindicato LAB no duda en calificar como "explotación laboral".

Esta situación ha llevado a los principales sindicatos vasconavarros a moverse en defensa de las trabajadoras. El mes pasado LAB presentó en Bilbao un documento con propuestas urgentes para mejorar las condiciones laborales del sector, agrupado en un 'Decálogo por los derechos de las trabajadoras del hogar'.

Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, lo explicó con claridad: este trabajo es imprescindible para que la sociedad funcione. Pero el sistema, sostuvo, se apoya en una lógica patriarcal y colonial que invisibiliza y desprecia estas tareas. La mayoría de las trabajadoras son mujeres migrantes, muchas de ellas internas, sin descansos, sin horarios claros y expuestas a abusos de todo tipo. 

Jornadas interminables ante la pasividad de Inspección de Trabajo

Las condiciones que describen son duras. Jornadas interminables sin compensación. Horas nocturnas no reconocidas. Ausencia total de registros de jornada. Falta de protección ante riesgos laborales. Y una legislación que deja a estas mujeres fuera del sistema, sin mecanismos para defender sus derechos.

Una de las grandes barreras, según LAB, es que la Inspección de Trabajo apenas interviene. A menudo se excusa diciendo que no puede actuar en el ámbito privado de los hogares. Pero eso, denuncian desde el sindicato, solo perpetúa la explotación.

El decálogo presentado reclama cambios concretos. Piden que se reconozca su derecho a negociar colectivamente sus condiciones. Exigen que se registre de forma obligatoria la jornada laboral. Reclaman el fin del régimen de internas, que consideran una forma de semiesclavitud. También quieren que se les pague por todas las horas, incluyendo las de presencia y las nocturnas.

Otra de sus propuestas es que las indemnizaciones por despido sean iguales a las del resto de sectores. También solicitan una inspección laboral que actúe con eficacia y sin prejuicios. Además, insisten en que debe aplicarse la ley de prevención de riesgos en sus empleos, como en cualquier otro. Quieren que se reconozcan las cotizaciones anteriores a 2022 y apuestan por la creación de un sistema público y comunitario de cuidados. Y, por último, demandan el respeto de los derechos de las mujeres migrantes y racializadas que integran la mayoría del sector.

Todas estas medidas serán trasladadas al Gobierno Vasco, al Gobierno de Navarra, a partidos, sindicatos y organizaciones sociales. LAB también ha solicitado reuniones urgentes con las instituciones para que la patronal no pueda seguir ignorando esta realidad.

Sin patronal 

Pero hay obstáculos importantes. Ainhize Muniozguren, secretaria jurídica de LAB, recuerda que en 2022 el sindicato intentó crear una mesa de negociación del sector. Como las empleadoras son particulares, no existe una patronal como tal. Se invitó entonces a Confebask a participar en esa mesa. La patronal vasca lo rechazó. Para LAB, esto supone una discriminación que deja a miles de trabajadoras fuera del marco legal de negociación colectiva.

Llevaron el caso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que reconoció el derecho del sector a negociar. Sin embargo, no se sancionó a la patronal por negarse a participar. LAB recurrió al Tribunal Supremo, pero este no entró en el fondo del asunto. Se limitó a señalar que los sindicatos no habían demostrado formalmente su legitimidad para convocar la mesa. Muniozguren lamentó que, aunque había mayoría sindical suficiente, el tribunal se aferró a una cuestión de forma. Por eso, LAB anunció que llevará el caso al Tribunal Constitucional.

Desde ELA, otro de los principales sindicatos vascos, también se ha insistido en la urgencia de actuar. En lugar de esperar a que se cree un convenio nuevo, han propuesto aplicar convenios ya existentes en sectores similares. Para las trabajadoras del hogar en Vizcaya, piden que se les reconozca el Convenio de Servicio a Domicilio. Para las de Navarra, el Convenio de Limpieza.

La solicitud se basa en el artículo 92 del Estatuto de los Trabajadores. Este permite extender convenios en vigor cuando no es posible firmar uno específico. Para ELA, es evidente que el sector está profundamente precarizado. 

Desde ELA dicen que las empleadas del hogar realizan "trabajos tradicionalmente poco valorados por la sociedad y que las mujeres han hecho tradicionalmente de forma gratuita. Los realizan muchas veces mujeres migradas que no tienen otra alternativa laboral. Esto ocurre porque no existe un sistema de cuidados público y universal. Y, además, la organización sindical en el empleo de hogar es casi imposible". 

Fuera de Euskadi y Navarra también hay problemas 

Eva Sobrado, secretaria comarcal de UGT en Madrid Norte, coincide con esta visión. En una reciente entrevista con LaMoraleja.com, apunta a la falta de contratos, la imposibilidad de supervisar lo que ocurre dentro de las casas y la necesidad urgente de más inspecciones. Y reclama también la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que protege a las trabajadoras domésticas.

"En ocasiones, las trabajadoras del hogar no tienen ni contratos", denuncia. Sobre urbanizaciones como La Moraleja, en Madrid, añade:  "Es un modelo que se caracteriza por una fuerte desigualdad. Conviven empleos altamente cualificados y empleos sumamente precarizados, especialmente el doméstico y de servicios". 

En Euskadi y Navarra, la realidad no es distinta. Sin contratos, sin inspecciones y sin derecho a negociar colectivamente, miles de mujeres viven atrapadas en una estructura que las condena a la invisibilidad y a la precariedad.

Pero ahora se están organizando. Reclaman que su trabajo sea reconocido, que sus derechos sean respetados y que las instituciones no miren hacia otro lado.