Plan para combatir narcopisos: Si no actuamos, hay zonas que serán puntos calientes

Los narcopisos llevan años causando preocupación a los vecinos de los barrios donde se instalan, y a los ciudadanos y autoridades en general. Ahora, se ha sabido que los vecinos del barrio de Lucero, en el distrito madrileño de La Latina, llevan tiempo atemorizados a causa de una red de narcopisos que opera en los números 14 y 16 de la calle Cullera.

Debido al riesgo de que el barrio se convierta en un lugar inseguro, el Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada a la Función Policial del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha realizado un proyecto de análisis detallado.

El grupo de criminólogos que dirige Alberto Rodríguez Hernández, apoyado por Abel González García, vicedecano del Colegio de la Criminología de la Comunidad de Madrid, Ignacio Borja González Behrendt y Vicente Luis Planas Gimeno, han elaborado un proyecto que concluye con una propuesta de solución a estas instalaciones.

El Grupo de Trabajo señala a elcierredigital.com que “la problemática de los narcopisos lleva años enquistada y la administración no es capaz de dar una solución a los vecinos afectados. Con este Plan, el Colegio de Criminólogos de Madrid se postula para crear un protocolo de actuación integral que ayude a las administraciones a dar una respuesta efectiva a este problema”.

Son varios ya los municipios que, aparte de la ciudad de Madrid, se han interesado por el proyecto, ya que estas actividades están provocando un efecto llamada. Desde el Grupo de Trabajo advierten que “si no se hace algo ahora, estas zonas serán abandonadas para convertirse en puntos calientes de la delincuencia. El barrio de Lucero es un barrio de clase trabajadora con edificios residenciales antiguos, en los que hay una falta de inversión, mantenimiento y seguridad, lo que ha facilitado la proliferación de los narcopisos”.

“Estas medidas, aplicadas de manera estratégica y adaptada a las condiciones específicas de cada lugar concreto, pueden ayudar a reducir y eliminar el problema de los narcopisos. Las respuestas efectivas tienen que ir acompañadas de múltiples estrategias de manera simultánea y que no deben limitarse a la acción policial, sino que debe haber una colaboración de toda la comunidad”, concluye el Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada a la Función Policial.

Soluciones propuestas por el Grupo de Trabajo

Esta misma semana han hecho llegar su propuesta a la Junta de Distrito de Latina. Las estrategias que propone este grupo de criminólogos se centran en la colaboración entre la policía, los propietarios de los inmuebles y la comunidad. Algunas de las más destacadas son:

1. Involucrar a los propietarios por medio de la responsabilización, la captación y las acciones legales. Realizar talleres de formación para los propietarios y administradores de los edificios sobre la gestión efectiva y las responsabilidades legales. Aplicar sanciones legales y fiscales a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.

2. Tomar medidas comunitarias. Lanzar campañas informativas dirigidas a los residentes y compradores de drogas sobre los riesgos legales y de salud. Fomentar la creación de comités de vecinos para monitorear y reportar actividades sospechosas. Organizar marchas antinarcóticos para visibilizar el problema y presionar a las autoridades y propietarios.

3. Realizar acciones policiales y legales. Establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes alrededor de los edificios problemáticos. Implementar cambios en el diseño de las calles para dificultar el acceso y la huida de los compradores de drogas. Aumentar la presencia policial (en especial en las rutas de acceso y huida de los consumidores y alrededor de los edificios afectados) e instalar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. Asignar un único fiscal a todos los casos relacionados con el edificio para asegurar un enfoque coherente y eficiente.

4. Implementar medidas jurídicas. Implementar programas que permitan a los residentes demandar a los propietarios por daños monetarios debido a la actividad delictiva. Presentar acciones civiles contra los propietarios que no aborden las condiciones que facilitan el tráfico de drogas. Utilizar la legislación para confiscar temporalmente o permanentemente las propiedades que sean epicentros de actividad delictiva.

5. Llevar a cabo intervenciones físicas y de infraestructura. Asegurar una buena iluminación en todas las áreas comunes y exteriores para disuadir actividades ilícitas. Instalar sistemas de control de acceso para residentes y visitantes, regulando y limitando el número de entradas y salidas del edificio. Modificar y mantener los espacios comunes para evitar que se conviertan en puntos de encuentro para actividades ilícitas. Instalación de cámaras en zonas comunes para disuadir de cometer daños, actos ilícitos y antisociales, y nuevas okupaciones.

6. Realizar colaboraciones con instituciones financieras. Informar a los bancos que tienen hipotecas sobre las propiedades afectadas, presionándolos para que exijan a los propietarios mejorar las condiciones de seguridad. Aplicar sanciones económicas a los propietarios que no tomen medidas adecuadas para controlar el problema.

7. Reforzar normativas y Código de Urbanismo. Utilizar las normas de construcción y seguridad para obligar a los propietarios a mantener sus propiedades en condiciones adecuadas. Realizar inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas y detectar cualquier violación que pueda facilitar el tráfico de drogas.

8. Ejecutar programas de recuperación y tratamiento. Implementar programas de tratamiento y rehabilitación para los usuarios de drogas, combinados con penas alternativas para reducir la demanda local.

9. Involucrar y concienciar a todas las administraciones. Informar a cada una de las Administraciones de las responsabilidades y competencias que tienen para poder solucionar la situación y exigirles actuar de forma conjunta y coordinada.

Situación actual en el barrio de Lucero

El problema en el barrio de Lucero comenzó con la llegada de una familia conflictiva que ocupó varias viviendas, colonizando pisos en estos edificios según iban quedando vacíos. La situación, en cuanto a convivencia, insalubridad e inseguridad, los vecinos la califican como dramática, no pudiendo desarrollar libremente su vida, ni ejercer libremente sus derechos. Los consumidores actúan con total impunidad, consumen en las zonas comunes, defecan, destrozan el mobiliario e incluso pernoctan allí.

Las intervenciones policiales han sido cada vez más numerosas y los consumidores empiezan a ver que no tienen repercusión alguna, lo que produce un efecto contrario al deseado, haciéndoles sentir “intocables”. La única actividad policial que han visto funcionar de verdad, han sido las custodias de portales, durando estas dos semanas, y desapareciendo después, sin volverse estas a repetir. Los vecinos insisten en que notaron la desesperación de los narcotraficantes en esas semanas.

Según indican los vecinos, estos pisos son de titularidad pública (Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid), lo que, según ellos, acrecienta la problemática. Reconocen no tener capacidad económica para sufragar cualquier tipo de medida de seguridad de forma privada, ya que se acumulan los impagos de comunidad, teniendo estos edificios deudas muy altas. Además, manifiestan que cuando un vecino adquiere el papel de presidente de la Comunidad, éste recibe múltiples amenazas por parte de los narcotraficantes, habiendo sucedido en ocasiones que el vecino que hace estas funciones acaba colaborando con la actividad delictiva ya que le sale más rentable.