Oleada de agresiones a funcionarios de prisiones españolas: Más de mil en dos años

Las agresiones a funcionarios de prisiones en España siguen en aumento. Por ello, el sindicato ACAIP-UGT ha emitido un comunicado para mostrar su preocupación por el elevado número de ataques en los últimos años y la gravedad de los mismos.

Desde ACAIP señalan la necesidad de activar un protocolo de prevención de agresiones "que refleje la realidad dentro de las prisiones". Para el sindicato, las cifras conocidas sobre estos ataques son parte de "estadísticas maquillada por parte de la administración. No contabiliza muchas situaciones igualmente violentas como amenazas, acoso sexual o intentos de agresión repelidos por los trabajadores".

Según explican, la conflictividad en las prisiones se debe a muchos factores. El principal es una clasificación interior ineficiente derivada de la "política buenista de la administración en la que se prima el mal comportamiento. Con internos inadaptados en un régimen de vida ordinario que distorsiona la convivencia y dificulta el trabajo de reinserción con el resto de la población reclusa".

"La secretaría general de instituciones penitenciarias obvia que hay un porcentaje de presos especialmente conflictivos. Con ellos hay que tener un tratamiento individualizado acorde a sus características", exponen.

Problemas de atención sanitaria en las prisiones españolas

A este problema se le suma la falta de atención sanitaria. Los centros penitenciarios cuentan actualmente con unas plantillas médicas que apenas superan el 25%. Es decir, más del 70% de las plazas están vacantes.

Además, ACAIP hace hincapié en los problemas de salud mental que se observa entre la población reclusa. Aproximadamente el 30% de la misma toma algún tipo de medicación psiquiátrica. Esto hace imprescindible un control adecuado y constante, imposible con el déficit de plantilla actual.

El año 2023 se cerró con 508 agresiones y el 2024 son 504 las sufridas por los empleados públicos penitenciarios. Unas cifras insoportables para el colectivo. La ausencia de mecanismos de protección eficaces ha permitido que estos incidentes aumenten. Esta situación deja a los trabajadores en una posición de indefensión.

ACAIP expone ejemplos recientes que demuestran la "gravedad del problema": ataques con objetos cortopunzantes, ataques con lesiones múltiples, amenazas graves. Todas ellas, sin que las sanciones impuestas a los agresores sean disuasorias.

Este contexto de inseguridad para los funcionarios repercute negativamente. No solo en la integridad física y psicológica de los trabajadores, sino también en el adecuado funcionamiento de las prisiones.

Desde ACAIP-UGT insisten en la necesidad de que los trabajadores penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad. Es necesario un marco legal que evite decisiones judiciales dispares cuando se produce una agresión a un trabajador penitenciario. Para ello, se debe dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones que se llevan a cabo en los centros penitenciarios.

El reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad no es solo una cuestión de derechos laborales. También una medida imprescindible para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios. Y, por extensión, en toda la sociedad.