ACAIP denuncia la mala situación de la sanidad penitenciaria: 'Apenas hay médicos'

La situación de la sanidad penitenciaria en España ha alcanzado un punto crítico, tal como denuncia el sindicato ACAIP-UGT. El alarmante déficit de personal médico que afecta a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está comprometiendo no solo la salud de los casi 50.000 reclusos que dependen de este servicio, sino también la seguridad y el orden dentro y fuera de las prisiones.

Los últimos datos proporcionados por el portal de transparencia revelan una situación insostenible. De los 517 facultativos que deberían estar asignados  para cubrir las necesidades de una población reclusa cercana a los 50.000 internos, solo 169 están en activo.

Lo que significa un déficit superior al 67%. Esta escasez ha reducido la ratio de médicos por interno a 3,46 por cada mil presos. Una cifra que contrasta dramáticamente con los 6,66 por cada mil que se registraban en 2014.

Elcierredigital.com ha contactado con Joaquín Leyva, portavoz del sindicato ACAIP-UGT, para conocer más detalles sobre la situación. Leyva ha explicado que "la primera consecuencia lógica de este déficit es el incremento en el número de salidas de los internos a consultas hospitalarias externas".

"Este proceso requiere una compleja coordinación entre la prisión, las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios. No solo consume valiosos recursos, sino que también prioriza la atención a los reclusos sobre la de la población general, independientemente de la gravedad del caso", subraya el sindicato. 

En términos de cifras,  la tasa de salidas al hospital ha aumentado de 842,44 por cada 1000 presos en 2014 a 1001,08 en 2023, un incremento que refleja la gravedad del problema.

Además del impacto en la atención sanitaria, la falta de médicos tiene consecuencias directas sobre la seguridad en los centros penitenciarios. Con más del 30% de la población reclusa padeciendo alguna patología mental.

Y un alto porcentaje sufriendo de enfermedades crónicas como VIH, hepatitis o diabetes, la carencia de una atención médica adecuada puede desencadenar incidentes graves. 

La imposibilidad de realizar un cribado efectivo y la administración correcta de medicamentos agrava esta situación, lo que ha llevado a un incremento en la conflictividad dentro de las prisiones.

Los datos son preocupantes. Las agresiones a trabajadores penitenciarios han aumentado en un 53,49% desde 2016, pasando de 7,03 a 10,79 agresiones por cada 1000 internos en 2023. Las agresiones entre reclusos también han experimentado un incremento significativo del 26,27% en el mismo período. 

Joaquín Leyva sostiene que “este aumento en la violencia se relaciona directamente con la falta de atención sanitaria. Muchos incidentes podrían haberse prevenido con una detección temprana de enfermedades mentales. O con la adecuada evaluación de la salud de los internos”.

“No se cumple la transferencia de competencias sanitarias”

Uno de los puntos clave que destaca ACAIP-UGT es el incumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece que los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias deben ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los sistemas de salud autonómicos.

Sin embargo, veinte años después, la mayoría de las comunidades autónomas aún no han asumido estas competencias. Esto ha perpetuado el deterioro de la sanidad penitenciaria. Solo Cataluña, el País Vasco y Navarra han completado esta transferencia. El resto del país tiene un sistema fragmentado y en crisis.

En este sentido, el portavoz de ACAIP Joaquín Leyva expone: "Esta ley disponía que en cuestión de 18 meses se tenían que realizar las transferencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Se hizo igual con Educación, pero con Educación sí se llevó a cabo".

"Ahora todo es un lío porque la Administración Central no hace más, porque las competencias deben ser transferidas. Las juezas autónomas no asumen esas transferencias y al final unos por otros nuestros médicos se jubilan y nuestros presos están sin atención. Con todos los problemas que eso conlleva", señala Leyva. 

Las exigencias de ACAIP-UGT

Ante este panorama, ACAIP-UGT exige medidas urgentes. Tanto por parte de la administración central como de las comunidades autónomas para garantizar que la sanidad penitenciaria no continúe en caída libre.

El sindicato subraya que no se trata solo de garantizar la atención médica básica a los reclusos, sino de evitar una "doble pena"  que agrava su situación de privación de libertad.

Asimismo, alerta sobre las graves alteraciones del orden y los problemas de seguridad que genera la falta de atención sanitaria en los centros penitenciarios.

Por su parte, Joaquín Leyva ha señalado que "el deterioro de la sanidad penitenciaria no solo afecta a los reclusos. También tiene repercusiones significativas para la sociedad en general al consumir recursos sanitarios y de seguridad que podrían destinarse a otros fines. La gente tiende a pensar que lo que ocurre en prisión no afecta al exterior pero no es así".

Por tanto, ACAIP-UGT insta a la implementación de cambios en la gestión de los centros penitenciarios para frenar esta escalada de conflictividad.  "Sobre todo para garantizar una atención sanitaria digna y adecuada para todos los internos", sentencia Leyva.