Funcionarios prisiones denuncian la reducción de Interior de la oferta empleo público

Este 12 de julio el sindicato de prisiones ACAIP-UGT  ha presentado una queja ante el Ministerio del Interior, del que es titular Fernando Grande-Marlaska por la diferencia de plazas de empleo público ofertadas para instituciones penitenciarias en el BOE y las anunciadas por el propio Ministerio. Este cambio ha supuesto una pérdida del 33 por ciento de las plazas de empleo público ofertadas para instituciones penitenciarias.

En el Consejo de Ministros celebrado el 11 de julio se aprobó la oferta de empleo público para 2023, donde se estipulan 1.358 plazas para instituciones penitenciarias de las que 1.120 corresponderían al cuerpo de ayudantes de funcionarios. Sin embargo, el sindicato denuncia que "en la publicación del BOE de este miércoles se ha reducido este número en un 33 por ciento, dejando en 750 el número de plazas ofertadas".

Elcierredigital.com ha contactado con Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT, que señala: “Nos ha cogido por sorpresa, la verdad que no entendemos nada. El 11 de julio, tanto en la web del Ministerio como en las comunicaciones oficiales de Instituciones Penitenciarias, anunciaron un número de plazas que al día siguiente se veían reducidas en gran cantidad. Son 200 plazas menos que la oferta de empleo público del 2022, cuando se supone que este año iba a ser una oferta de empleo histórica”. 

"Se aseguró una oferta de empleo que no se ha cumplido"

La Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, establece que la oferta de empleo público se articulará con una tasa de reposición del 120 por ciento en los sectores prioritarios, siendo la administración penitenciaria uno de ellos. La tasa de reposición es un indicador que mide el porcentaje de vacantes en el empleo público, las cuales pueden ser cubiertas con nuevas incorporaciones de personal. 

Asimismo, el Acuerdo de la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado sobre la oferta de empleo público de 2023 hace especial referencia a la necesidad de prestar atención al empleo público, entre los que se encuentra el ámbito penitenciario. El mismo acuerdo también establece que la tasa de empleo público debe aumentar en, al menos, el 20 por ciento.

“No entendemos qué ha podido pasar y dónde se han quedado esas 370 plazas, además, no nos han sabido dar ningún tipo de explicación ni desde el Ministerio de Interior ni desde Instituciones Penitenciarias. Si es un error material esperamos que se pueda subsanar porque si no, no tiene sentido. Algo ha tenido que pasar por el camino y no sabemos qué ha podido ser”, añade Joaquín Leyva. 

"A la larga esto puede complicar la reinserción"

Desde el sindicato ACAIP-UGT denuncian: “Hemos visto cómo en pocas horas se ha pasado de 1.120 plazas para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a 750, un 33 por ciento menos. Desde ACAIP-UGT exigimos explicaciones al Ministerio del Interior por el incumplimiento de los compromisos firmados y por el incumplimiento de la tasa de reposición del 120 por ciento aprobado por Ley. No podemos consentir esta nueva falta de respeto”. 

El portavoz de ACAIP-UGT reclama, “ahora mismo tenemos un 12 por ciento de vacantes a nivel nacional y también contamos con que las promociones de mitad de los 80 eran promociones de funcionarios muy amplias que están llegando a la edad de jubilación. Esto significa que en los próximos años vamos a tener un volumen de jubilaciones importante, lo que complicará todo aún más”. 

“Instituciones Penitenciarias tiene un déficit de personal superior al 12%. Teniendo en cuenta que la media de edad de los trabajadores penitenciarios supera los 50 años en la mayoría de los centros, por lo que hay un gran número cercano a la edad de jubilación, una oferta de 750 plazas para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias, es totalmente insuficiente para cubrir las bajas vegetativas que se produzcan”, explican desde ACAIP-UGT. 

“Estamos ante una situación complicada con un déficit de personal considerable y fue algo que anunció el Ministerio de Interior, no algo que solicitamos nosotros. La cantidad propuesta no cumple ni siquiera las bajas vegetativas que se produzcan en la institución. Así va a ser muy difícil recuperar las 3.000 vacantes que tenemos. Todo esto puede suponer un gran riesgo para centros penitenciarios y la reinserción de sus internos, si no se solventa este problema nos vamos a encontrar con prisiones sin funcionarios”, concluye Joaquín Leyva.