
Fin de semana negro en las cárceles: Denuncian 'desprotección' ante presos violentos
El intento de estrangulamiento en Sevilla II se suma al ataque a una funcionaria del Hospital Psiquiátrico de la ciudad
El pasado viernes 1 de agosto, un funcionario del módulo 14 (PAIEM) del Centro Penitenciario de Sevilla II era brutalmente atacado por un interno. Este módulo corresponde a presos con trastornos mentales. Según la comunicación de la propia prisión, se trataba de un reo con un amplio historial de violencia.
Como ya avanzamos en elcierredigital.com, el agresor abordó al funcionario por la espalda, rodeándole el cuello con ambas manos estrangulándolo. Mientras, le amenazaba con matarlo. El funcionario logró zafarse gracias a su formación personal en defensa fuera del ámbito penitenciario. Sin embargo, sufrió lesiones en cuello, espalda y garganta, y requirió atención hospitalaria.

El interno, sobre el que pesaban múltiples informes de peligrosidad, permanecía "inexplicablemente" en un módulo de baja conflictividad. Estaba atendido por un solo funcionario, "lo que evidencia una grave negligencia institucional", expresan desde el sindicato ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).
Puñetazo a una funcionaria en prácticas en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla
Apenas 24 horas después, el sábado 2 de agosto, una funcionaria en prácticas del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla fue golpeada en la cara. El responsable habría sido un interno violento, que atacó a la trabajadora durante la subida controlada del módulo de agudos.
La intervención inmediata de compañeros evitó consecuencias más graves. No obstante, la trabajadora sufrió un fuerte impacto emocional y físico que obligó a su traslado a urgencias hospitalarias. El agresor, reincidente, cuenta con más de 40 antecedentes por agresiones a personal penitenciario. Y, recientemente, había atacado también a un trabajador del centro de Alicante.

Esta situación se produce en un contexto de "alarmante déficit estructural", denuncia ACAIP. Hay cerca del 30% de vacantes sin cubrir en el área de vigilancia y más del 70% de plazas médicas desiertas en este centro.
Nueva denuncia desde Valdemoro
El domingo se produjo otra agresión en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), lo que eleva a tres los ataques registrados en menos de 72 horas en distintas cárceles. En este caso, el ataque se produjo al intervenir el trabajador para separar una pelea entre internos.
Las exigencias de ACAIP-UGT
Desde ACAIP-UGT exigen una "respuesta inmediata y efectiva por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior". Reiteran que "no se puede seguir gestionando la seguridad penitenciaria con parches, excusas y olvido institucional".
Por todo ello, demandan los siguientes puntos: El reconocimiento legal del personal penitenciario como agente de la autoridad, con la consiguiente protección jurídica. También la revisión urgente del sistema de clasificación interior y ubicación de internos peligrosos.

Desde ACAIP solicitan la implementación de un nuevo protocolo integral de prevención y actuación frente a agresiones. Además de la formación en defensa personal como herramienta básica para la autoprotección del personal. Y el redimensionamiento de las plantillas para dar cobertura inmediata a las nuevas necesidades en áreas clave de vigilancia, tratamiento y asistencia sanitaria.
"La asunción de responsabilidades directivas en los centros donde se han ignorado los informes de peligrosidad de internos reincidentes", señalan. Las cifras señalan que desde 2016, las agresiones a funcionarios penitenciarios se han incrementado un 53,49%. "Y seguimos sin protocolos adecuados ni apoyo real a los trabajadores víctimas", denuncian.
"No podemos permitir que quienes garantizan la seguridad y trabajan por la reinserción social lo hagan poniendo en riesgo su vida cada día. Las agresiones ya no son hechos aislados: son el resultado de un sistema colapsado, sin personal, sin medios y sin dirección firme", concluyen los sindicatos de prisiones.
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