Escándalo en Elche: Muere un hombre con parálisis en un falso centro de cuidados

Un hombre de 34 años con parálisis cerebral ha fallecido en una vivienda de Elche. El hecho ha expuesto un  centro de cuidados ilegal en la ciudad alicantina. La Policía Local de Elche, tras ser alertada, intervino en el inmueble y confirmó que funcionaba como un "falso hogar de cuidados" sin autorización administrativa.

Según se ha informado, los dueños carecían de licencia y mantenían a los residentes en  "precarias condiciones higiénicas y sanitarias". La investigación policial reveló que el centro  albergaba a otros individuos vulnerables con condiciones como  "discapacidades intelectuales, síndrome de Down y autismo".

Las condiciones en la vivienda eran "insalubres" y carecían de los controles sanitarios mínimos para el cuidado de personas dependientes. Las autoridades encontraron "un gran número de perros y gatos" sin la debida documentación ni control sanitario. Esto incrementaba el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas y alergias, especialmente para residentes con sistemas inmunes comprometidos.

Además, se encontraron restos de comida en mal estado, colchones y estancias sucias. El domicilio presentaba un fuerte olor a orina y una falta de limpieza y orden de manera generalizada.

La situación violaba los principios básicos de salubridad que se exigen en centros regulados, como el uso de equipos de protección y una higiene adecuada. Así lo reportan los investigadores.

La investigación preliminar sugiere que esta actividad ilícita se llevaba a cabo desde 2016. Operaba en "múltiples domicilios" mediante el alquiler de propiedades para evitar ser detectados. El dueño del inmueble donde ocurrió la muerte afirmó no saber para qué se usaba la vivienda, lo que complica conocer la cadena de responsabilidades.

La longevidad de esta operación evidencia una  falla sistémica en los mecanismos de detección. Las operaciones clandestinas que se mueven y se camuflan como hogares familiares son difíciles de identificar. Según los expertos, este modelo de negocio prospera al explotar la  falta de servicios oficiales y la escasez de vigilancia proactiva.

Respuesta oficial e investigación en curso

Tras el fallecimiento del paciente con parálisis, la Policía Local de Elche clausuró el inmueble y derivó el caso a los Servicios Sociales y Ayuntamiento. Los residentes restantes fueron trasladados a "recursos asistenciales adecuados" para garantizar su bienestar.

Sin embargo, la intervención fue reactiva, es decir, solo ocurrió después de la tragedia. "Esto resalta una deficiencia del sistema de inspección en España. Se basa en denuncias o en inspecciones de oficio a menudo insuficientes", señalan fuentes del sector.

Este caso demuestra las limitaciones del modelo de supervisión actual para detectar y desmantelar servicios ilegales de forma proactiva. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Posibles cargos judiciales

Aunque no se han revelado los cargos específicos, casos similares en la provincia de Alicante sugieren posibles delitos. Entre ellos se encuentra el intrusismo laboral, aplicado a los cuidadores que carecían de la formación y de las licencias necesarias.

También la  estafa y la apropiación indebida, pues los operadores ilegales a menudo gestionan las cuentas de los residentes y desvían grandes sumas de dinero. Además del posible delito contra la salud pública o el homicidio por imprudencia. Esto respondería a las condiciones insalubres y la negligencia que llevaron a la muerte de la víctima.

El incidente en Elche subraya las deficiencias del sistema de atención a la dependencia en España. La Ley de Dependencia busca garantizar recursos y atención, definiendo grados de dependencia (Grado I, II y III). Una persona con parálisis cerebral que necesita apoyo continuo probablemente se calificaría en el Grado III. Sin embargo, el proceso de solicitud y aprobación es notoriamente lento y burocrático.

Los plazos pueden prolongarse durante meses, creando una  "ventana de vulnerabilidad". Esto empuja a las familias desesperadas a buscar soluciones rápidas y alternativas, incluso si son ilegales. El mercado clandestino aprovecha esta necesidad insatisfecha, ofreciendo rapidez a expensas de la seguridad y los derechos de las personas.

Desde elcierredigital.com hemos tenido la oportunidad de hablar con Carolina Peral, presidenta de Asociación de Enfermedades Raras de Elche (AERELX). 

AERELX señala que la muerte del hombre mencionado en Elche no es un caso aislado. "Es el resultado de un sistema que no protege adecuadamente a las personas más vulnerables", señala. La asociación destaca  la desesperación de las familias que cuidan a personas con discapacidad, enfermedades raras o problemas de salud mental.

A menudo se enfrentan a listas de espera, recursos insuficientes y un papeleo interminable. Esta situación, según la presidenta, es aprovechada por personas inescrupulosas que montan negocios ilegales sin la formación o las condiciones adecuadas.

-Desde la administración, ¿os dan soluciones para este tipo de casos donde los familiares, algunas veces, no os podéis hacer cargo de estas personas dependientes?

-Como familiar, he solicitado centros en varias ocasiones y, aunque a veces no te dan el más cercano, sí dan una opción.

Por eso, acudir a este tipo de centros (el caso de la casa de Elche) sin estar bien asesorado es un acto de moralidad dudosa. Dejar a un familiar con una enfermedad rara o un trastorno mental en una vivienda que no está cualificada es arriesgado.

-¿Qué papel juega el movimiento asociativo en este tipo de casos?

-Las asociaciones trabajan en colaboración con otras. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Fundación GM, y ellos tienen sitios para pernocta. Si una familia me pide información, se la doy. Lo que ocurre es que a veces existe mucho desconocimiento.

Por eso, nosotros pedimos que se nos escuche, porque tenemos una trabajadora social, una enfermera y un equipo cualificado para orientar. Con esa información, la familia puede decidir a dónde quiere ir o qué hacer, pero el problema es que muchas no tienen ni la información mínima.

La administración suele llegar tarde. Llega, pero tarde. Tenemos que tirar mucho del movimiento asociativo porque si no ocurren estas cosas: una vivienda con personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual que ahora resulta ser un homicidio.

-Informan que, durante todo este tiempo, se ha hecho la “vista gorda” a nivel de las autoridades de la zona, ¿es esto usual en este tipo de situaciones?

-Insisto mucho en esto por casos que hemos vivido. Uno de ellos es el de un chaval de 18 años que ha estado viviendo en la calle en invierno, y las autoridades lo sabían y lo han permitido. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos detrás.

¿Por qué se han hecho a un lado? Porque no les interesa. Ahora, como hay un fallecimiento y hay que rendir cuentas, sí, se desmantela la casa, se cierra. Perfecto. ¿Pero cómo se deja que estas cosas ocurran? ¿Por qué se deja?

-Desde la asociación, ¿hay algún tipo de reivindicación o cambio que se pueda hacer a nivel legislativo para mejorar este tipo de casos?

-Cuando se trata de la edad juvenil en adelante, hay un vacío legal. No hay nada. Nuestros adolescentes y adultos jóvenes se quedan desamparados ante la legislación y ante todo. No hay ningún recurso para ellos ni nada que los pueda apoyar.

Lo que vendría a ser lo más necesario, dentro de los casos que vemos, son centros que pudieran estar abiertos o con pernocta, donde pudieran seguir las rutinas que necesitan.

De hecho, el centro de Alicante funciona muy bien. Es un centro abierto, los chavales van de lunes a viernes y el fin de semana, según su conducta, salen o no salen. Un centro así en nuestra ciudad sería lo que hace falta, porque es el vacío que hay a nivel de la Comunidad Valenciana. No es solo aquí en Elche, las comunidades cercanas están igual que nosotros.

-¿Qué pedís tras lo sucedido desde la asociación?

-Es lamentable, pero detrás de este caso hay otros más que están sucediendo, porque por desgracia no es el primero. Es cierto que en nuestra ciudad sí, pero esto sucede en toda España. No nos centramos solo aquí. Es urgente que las administraciones y las autoridades controlen mucho este tipo de situaciones.

Deben controlar a dónde van a parar las personas con una discapacidad. Al final, estas personas cobran una dependencia. Eso sí lo pueden registrar, sí pueden controlar a dónde va ese dinero, quién lo gestiona y cómo está la familia. Eso sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que es mucho más fácil mirar para otro lado.