Europa Press Derrumbe en la muralla de la Alcazaba de Badajoz: El deterioro del patrimonio español
El colapso, de 4 metros de ancho, expone fallos en restauraciones y recuerda a casos como el Castillo de Marmionda
La noche del jueves se desplomó un tramo de unos cuatro metros de la muralla de la Alcazaba de Badajoz. El derrumbe ha ocurrido entre la Torre de Espantaperros y la entrada a la Plaza Alta, junto a los Jardines de La Galera.
Las autoridades han acordonado el área tras confirmar que la causa directa fueron “filtraciones o humedades de las que se desconoce el origen”. La situación se agravó por la fragilidad de los materiales de mortero de cal y tapia de hormigón.
El derrumbe ha afectado principalmente a “elementos de relleno datados de finales del siglo XX” y no a la estructura original. Esto dejó al descubierto la muralla primitiva del año 875, vinculada a la fundación de la ciudad por Ibn Marwan. El hallazgo se ha convertido en símbolo del fracaso de restauraciones superficiales.
El Ayuntamiento ha activado el protocolo habitual, con el área de Mantenimiento de Fortificaciones al frente de las labores de restitución. También participó la empresa IMESAPI, adjudicataria de un contrato municipal de más de 420.000 € para inspección, restauración y limpieza.
No obstante, la Asociación Cívica Amigos de Badajoz ha criticado que la gestión sea “reactiva” en lugar de “preventiva” y que no se trate la Alcazaba como un yacimiento arqueológico integral.
Los expertos alertan de que este enfoque arquitectónico, centrado en reparar lo visible, perpetúa un ciclo de deterioro al ignorar las patologías profundas del monumento.
¿Qué ha ocurrido con la Alcazaba de Badajoz?
La Alcazaba de Badajoz, declarada como Monumento Histórico-Artístico en 1931 y reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) se rige por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Esta ley obliga a “conservar, mantener y custodiar” estos bienes.
Su gestión recae en un entramado institucional. El Ayuntamiento de Badajoz actúa como responsable directo. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura, cumple funciones de tutela y asesoramiento, y el Estado participa mediante programas como el “1,5% Cultural”.
El régimen sancionador contempla multas de hasta un millón de euros o el cuádruple del valor de los daños por infracciones muy graves. También incluye penas de prisión de seis meses a tres años por delitos contra el patrimonio histórico, según el artículo 323 del Código Penal.
Sin embargo, este marco se aplica sobre todo a actos intencionados de expolio o vandalismo. Los casos de deterioro derivados de la inacción administrativa, como el de la Alcazaba, quedan en un limbo legal que dificulta exigir responsabilidades claras. El derrumbe en la Alcazaba de Badajoz se suma a un patrón recurrente de colapsos patrimoniales en España.
El Castillo de Marmionda: De la ruina al rescate con fondos europeos
El Castillo de Marmionda, fortaleza almohade del siglo XII situada en Portezuelo (Cáceres), ha pasado de un estado de “ruina consolidada” a un proceso de recuperación gracias a la inversión pública.
Fue catalogado como Bien de Interés Cultural tras décadas de abandono que causaron derrumbes y grietas. La presión social, con iniciativas como la carrera anual “Subida al Castillo de Portezuelo”, y su inclusión en la Lista Roja de Hispania Nostra propiciaron la reacción institucional.
El 12 de julio de 2023, la Junta de Extremadura autorizó la restauración del monumento con un presupuesto de 1,7 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU.
Los trabajos contemplan consolidación de muros, reparación de grietas, reconstrucción de torreones y actuaciones arqueológicas y de musealización. El caso demuestra cómo la movilización ciudadana y la voluntad política pueden revertir la crónica de la ruina patrimonial.
El Convento de San Francisco: Patrimonio protegido, pero abandonado
El Convento de San Francisco de Coria, del siglo XVI, es un ejemplo de cómo la catalogación legal no garantiza la conservación. Incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra en 2019, apenas conserva muros de mampostería y bóvedas en “avanzado estado de ruina” dentro de un “entorno degradante”.
Pese a contar con “protección integral”, la falta de mantenimiento por parte de sus propietarios privados y la ausencia de un plan de gestión han acelerado el deterioro.
En 2019, el alcalde José Manuel García Ballestero intentó mediar con los dueños para plantear una intervención conjunta. Sin embargo, los avances quedaron supeditados al Plan General Municipal y no se han concretado.
Mientras la prensa especula con su posible transformación en parque, la realidad es que el convento sigue en un limbo entre abandono, protección legal y falta de inversión.
El Molino del Estanque: La fragilidad del patrimonio industrial
El Molino del Estanque, en Guadalupe, es una joya de la ingeniería hidráulica del siglo XV. Cuenta con una presa de 15 metros de altura y 63 de longitud. Está destinada a la molienda de cereales, el abastecimiento de agua, el lavado de lanas y la cría de peces.
Incluido en la Lista Roja en 2020, hoy se encuentra en “ruina parcial” y en “abandono total”. El vaso de la presa está colmatado de lodos y vegetación, lo que anula su funcionalidad.
A diferencia del Castillo de Marmionda, no existe un plan de intervención, lo que evidencia la escasa prioridad otorgada al patrimonio industrial frente a fortificaciones, conventos o palacios.
Su deterioro refleja un patrón común. Se observa la pérdida de valor social y la degradación sistemática de construcciones históricas una vez que dejan de cumplir su función utilitaria.
La inversión pública: Mucho anuncio, poco mantenimiento
En 2025, el Gobierno de España anunció más de 500 millones de euros para conservación y dinamización turística del patrimonio cultural. De esta cantidad, 80,16 millones se destinaron, a través del programa “1,5% Cultural”, a la recuperación de 93 monumentos en 13 comunidades autónomas.
A nivel regional, la Junta de Extremadura manejó un presupuesto de 144,6 millones para Cultura, con 3,8 millones para mantenimiento y rehabilitación de patrimonio turístico y 644.000 € para conservación. Otras fuentes elevan la partida para patrimonio cultural a 18,3 millones, una discrepancia que refleja falta de claridad entre gastos operativos y proyectos de restauración.
Pese a las cifras, expertos señalan que se trata de un esfuerzo insuficiente. El verdadero problema no es la ausencia de grandes proyectos, sino la falta de financiación estable para el mantenimiento preventivo.
Ejemplo de ello es el contrato del Ayuntamiento de Badajoz con IMESAPI (420.000 €), mínimo frente a los costes que suponen las restauraciones de emergencia tras un colapso.
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