Los violentos hechos protagonizados por varios hinchas del Feyenoord el pasado 8 de octubre en el palco VIP del estadio Metropolitano tras celebrarse un partido de fútbol de la Champions League han puesto en jaque a la Delegación del Gobierno de Madrid. El 25 de octubre elcierredigital.com relataba a través de una demanda del abogado Guillermo Rocafort que la Delegación de Gobierno madrileña desconocía la peligrosidad de la hinchada del club holandés, que en 2015 arrasaron la ciudad de Roma y se les prohibió el desplazamiento a la ciudad.
Ante la situación sufrida por las personas que acudieron al estadio Guillermo Rocafort solicitó información sobre los hechos acontecidos al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía. Sin embargo, ambas instituciones se han opuesto a informar por el momento si se intervinieron armas en los incidentes, o el número de españoles lesionados, cuántos incidentes ha causado la hinchada holandesa en Madrid antes y después del partido de fútbol, cuántos partes de lesionados hubo o informes de lo sucedido (despojados de los elementos confidenciales o secretos).
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de los organismos e instituciones públicas. La única causal para negar información es que exista algún fundamento legal que justifique dicha condición o restricción como es el caso de la protección de los datos sensibles de las personas.
"Están ocultado información que debería ser pública"
En una conversación con elcierredigital.com, Guillermo Rocafort señala que esta información solicitada “no es secreta ni sensible, ni siquiera determinante en los procesos judiciales, sino que servirá para medir el alcance de los incidentes habidos, y que la población los conozca en su justa medida, junto con una medida de la responsabilidad del Ministerio del Interior en los mismos. Para no proporcionarme esta información se han excusado en que son datos judiciales. Si no permiten conocer estos datos significa que no estamos en una democracia, ya que la transparencia de los organismos públicos es algo esencial".
La realidad es que en el BOE del 23 de octubre España ratificaba el Convenio de Tromso del Consejo de Europa, de 18 de junio de 2009, sobre el acceso a los documentos públicos. Con la firma se busca una mayor transparencia a nivel institucional que permita el acceso a datos públicos a cualquier individuo. Sin embargo, esto choca frontalmente con la negativa a proporcionar la información solicitada por Guillermo Rocafort.
“De no desvelarse la información solicitada, estaríamos ante la arbitrariedad de la dirección política de ese Ministerio en su afán de ocultar incidentes como el sucedido", observa Rocafort. En cualquier caso, el denunciante ha tenido ocasión de hablar con varios de los aficionados del Atlético agredidos que le han trasladado la información de que al menos dos menores españoles fueron lesionados gravemente en los incidentes, y que al menos varios adultos españoles sufrieron fractura de nariz, etc...
Retomando el desconocimiento de los hechos propiciados por los ultras del Feyenoord en Roma en 2015 por parte de la Delegación de Gobierno, Rocafort observa que “el Ministerio del Interior no quiere desvelar la información solicitada para eludir su responsabilidad en los incidentes, por desconocer en todo su alcance la extrema violencia de la Afición del Feyenoord”. Guillermo Rocafort ha acudido formalmente al Consejo de la Transparencia para solicitar que el Ministerio del Interior desvele la información requerida. “La información tiene que fluir porque sino estamos en un proceso involutivo de derechos. La transparencia es de los derechos más importantes de una democracia”, explica desde su condición de abogado Guillermo Rocafort.
Solicitan salario mínimo para los agentes en periodo de formación
Este desconocimiento de la peligrosidad de los ultras del Feyenoord provocó que los agentes de la Policía Nacional desplazados al encuentro cargasen contra los aficionados holandeses. Sin embargo, al desempeñar su trabajo en situaciones como estas, sienten que "el gobierno solo nos quiere para 'hacer el trabajo sucio', y nos rechaza o ignora toda solicitud".
Ahora AUGC y SUP han solicitado al ministro Marlaska y los directores generales de Policía y Guardia Civil que acaben con la precaria situación salarial de sus agentes en prácticas. Proponen soluciones normativas para mejorar el salario percibido en la actualidad, muy por debajo del SMI.
Fernando Grande-Marlaska. | El Cierre Digital
Ante esta desprotección de los alumnos en prácticas han solicitado que se establezca una solución legal que acabe con esta precariedad salarial de los agentes en formación de las academias. Ambos sindicatos han elaborado un escrito donde repasan posibles soluciones legales para paliar esta situación.
“En una época como la que vivimos hace insostenible atravesar el proceso de formación con unas cuantías mensuales que se alejan del mínimo salarial que la ley establece para todos los trabajadores. Los aproximadamente 800 euros que se perciben durante la etapa de alumnos distan bastante de los mínimos, no solo legales sino razonables para afrontar el mes a mes de una familia”, explican en el comunicado al que ha tenido acceso elcierredigital.com.
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