El ‘caso Puertos’ se dio a conocer en el año 2020 después de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, a la que siguió la detención de algunos miembros de la cúpula de Autoridad Portuaria de Baleares (APB). El motivo era la investigación que se estaba llevando a cabo por un presunto delito de corrupción en la adjudicación de concursos públicos de varios puertos de Menorca e Ibiza a determinadas empresas náuticas. Tres años después, de las ocho piezas que componen el caso, seis siguen bajo secreto de sumario.
El encargado de llevar el caso es el Juzgado de Instrucción nº3 de Palma, cuya jueza volvió a prorrogar el secretode sumario de estas seis piezas durante un mes más hace poco más de una semana. Cabe recordar que el secreto de sumario se mantiene desde abril de 2020.
A pesar de la prórroga, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ahora ha pedido a la jueza del ‘caso Puertos’ poner límites al secreto de sumario. “Aún siendo conforme a derecho, no es factible que se prolongue prácticamente sine die”, confirmaban, según el diario Última Hora, las magistradas en tres autos que resolvían tres recursos interpuestos por la defensa de Juan Gual de Torrella, antiguo presidente de la APB y uno de los implicados en la trama.
“Es evidente también que no aparece como razonable un secreto de actuaciones que se prolonga durante años y que coloca a posibles implicados en situaciones de afectación de sus vidas personales y profesionales”, continuaban en los autos, en los que pedían un “calendario razonable de previsiones sobre la labor que efectúa a fin de que se pueda controlar los tiempos de examen de lo intervenido”.
Investigados en el ‘caso Puertos’
Para la jueza del ‘caso Puertos’, el secreto de sumario es necesario debido a la gran cantidad de información que la Guardia Civil debe analizar sobre el caso. Desde el año 2020, tan solo ha trascendido información sobre dos de las piezas y algunos de los implicados.
Juan Gual de Torrella. | El Cierre Digital
Estas piezas son las relativas al puerto de Maó y a la dársena deportiva del puerto de Ibiza. El secreto de sumario de esta última se levantó parcialmente en el año 2022. El grueso de la investigación sigue aún siendo una incógnita.
En cuanto a los investigados, se detuvo en primer lugar al presidente de la APB, Juan Gual de Torrella; al vicepresidente, Miguel Puigserver; al director Juan Carlos Plaza; al jefe de la división de proyectos y obras, Armando Parada; y al jefe de explotación y servicios, José Fernando Berenguer.
Además de estos, está imputada Dolores Ripoll, jefa de la Abogacía del Estado en Baleares y Rafael Ruiz, exalcalde de Ibiza de manos del PSOE. Este último declaró en junio de este año y afirmó a los medios antes de su comparecencia que “defendió los intereses de la ciudadanía y la ciudad”, “siempre desde la legalidad y dentro de los informes jurídicos y técnicos que avalan el consejo de administración”. Debido a esto, se confesaba “tranquilo” pese a su imputación.
Otros de los investigados son el presidente del Club Náutico de Ibiza, Juan Marí, y su vicepresidente, José María Costa. Este último es hermano de Pilar Costa, portavoz parlamentaria del Partido Socialista de las Islas Baleares y, según informan desde Mallorca Diario, próxima a Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.
El nombre de Armengol, de hecho, ha sido vinculado en varias ocasiones al ‘caso Puertos’. Su nombre se encontraba, según señaló El Mundo, en la documentación incautada a Juan Gual de Torrella, con quien se habría mandado mensajes de Whatsapp sobre los concursos públicos mencionados, tal y como informaba el citado diario.
A pesar de esto, Armengol defendió no haber incidido “nunca en una contratación pública”: “Nunca me verá incidir en una contratación pública y nunca lo he hecho”.
Tres años después de que comenzara la investigación, todavía muchas piezas siguen bajo secreto de sumario. Ahora, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca pide poner un límite a las prórrogas del secreto para que no se alargue demasiado.
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