El 'caso Kokorev' concluye tras 20 años: Sin cárcel pero con una sanción millonaria

Después de más de dos décadas de investigaciones, detenciones, extradiciones y litigios internacionales, el denominado 'caso Kokorev'  se encamina a su conclusión. Todo tras un aparente  acuerdo de conformidad entre las partes: Fiscalía Anticorrupción, la defensa y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.  Así lo ha revelado el medio Espiral 21.

Evitan así la celebración de un juicio oral y establece que los principales acusados no ingresarán nuevamente en prisión. Todo a cambio de una indemnización económica cuya cuantía aún está por determinar.

El caso Kokorev ha sido uno de los más complejos y prolongados en la historia judicial de España. La investigación comenzó en 2008, centrada en las actividades de Vladimir Kokorev, su esposa Yulia Maleeva y su hijo Igor, todos ellos de origen ruso y nacionalizados españoles. Se les acusaba de liderar una red de blanqueo de capitales procedentes de la venta de material militar a Guinea Ecuatorial, país gobernado por Teodoro Obiang desde 1979.

Según la Fiscalía Anticorrupción,  la familia Kokorev habría generado una riqueza ilícita de al menos 120 millones de euros entre 1999 y 2014. Todo gracias a la venta de armamento a precios inflados al gobierno guineano. Los beneficios obtenidos se habrían canalizado a través de un entramado de más de 45 sociedades distribuidas en diversos países. Incluyendo Panamá, Seychelles y España, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.

Pruebas y detenciones

La investigación contó con pruebas significativas, como un vídeo grabado en un taller de helicópteros en Ucrania. En él se observa a Vladimir Kokorev junto a altos cargos militares de Guinea Ecuatorial inspeccionando helicópteros de combate adquiridos por el gobierno africano. Este material fue considerado por la Fiscalía como un indicio poderoso de la implicación de los Kokorev en la trama de tráfico de armas.

En 2015, Vladimir Kokorev fue detenido en Panamá y extraditado a España, donde permaneció en prisión provisional hasta 2018. Su esposa e hijo también fueron arrestados y encarcelados durante varios años. Durante la instrucción del caso, se impusieron fianzas millonarias a los acusados, alcanzando un total de 881 millones de euros, una de las más altas en la historia judicial de Canarias .

Embargos y patrimonio

Las autoridades españolas lograron localizar y embargar un importante patrimonio vinculado a la familia Kokorev. Se incautaron 33 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza y se embargaron 48 inmuebles en Gran Canaria, Lanzarote y Madrid. Además, con la colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se embargaron dos propiedades en Nueva York valoradas en casi 27 millones de euros.

Entre las propiedades embargadas se encuentran cinco apartamentos en la playa de Las Canteras, 11 inmuebles en Madrid y 25 apartamentos en el complejo turístico Sands Beach Resort en Costa Teguise, Lanzarote. Este último fue adquirido por la empresa Phase Invest SL, vinculada a los Kokorev, con fondos procedentes de la presunta venta ilegal de armas.

Acusaciones y retirada de la acusación particular

La Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Javier Ródenas, solicitaba penas de hasta ocho años de prisión y multas de 240 millones de euros para Vladimir Kokorev, y penas menores para su esposa e hijo. También estaban acusados el abogado canario Juan Arencibia y dos de sus hermanas, considerados como colaboradores en la creación del entramado societario utilizado para el blanqueo de capitales.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que ejercía la acusación particular, se retiró del caso en 2024 alegando falta de recursos para afrontar la vista oral. Esta organización había sido la promotora inicial de la querella que dio origen al caso.

El acuerdo de conformidad

El acuerdo alcanzado entre las partes evita la celebración del juicio oral, que estaba previsto para celebrarse entre octubre y diciembre de este año en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Según los términos del pacto, los acusados no ingresarán nuevamente en prisión, a cambio de abonar una indemnización económica cuya cuantía aún está por determinar. Las conclusiones del acuerdo se darán a conocer el próximo lunes 19 de mayo en una sesión judicial .

Según fuentes cercanas al caso, "la conformidad es por un delito de blanqueo pero el delito antecedente nunca ha sido tráfico de armas. Sino de malversación de caudales públicos guineanos (en la compra de armamento ). Con el acuerdo pasa a ser blanqueo con origen en un delito contra la Hacienda Pública o delito fiscal".

Este acuerdo pone fin a uno de los casos más emblemáticos de corrupción internacional con ramificaciones en España, África y América. Aunque el proceso judicial concluye, quedan pendientes cuestiones sobre la restitución de los fondos desviados y la responsabilidad de los altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial implicados en la trama.

El caso Kokorev ha evidenciado las dificultades para perseguir y sancionar delitos económicos transnacionales, especialmente cuando involucran a gobiernos extranjeros y entramados societarios complejos. También ha puesto de relieve la necesidad de una mayor cooperación internacional y de mecanismos eficaces para prevenir el blanqueo de capitales y la corrupción.

Aunque el acuerdo de conformidad evita un largo y costoso juicio, algunos sectores han expresado su preocupación por la posibilidad de que los responsables de graves delitos eludan penas de prisión mediante acuerdos económicos.  No obstante, las autoridades judiciales han defendido el pacto como una solución pragmática que garantiza la recuperación de parte de los fondos desviados y evita la prolongación indefinida del proceso judicial.