Cae una estafa millonaria en España: Quién hay tras falsos préstamos y cuentas opacas

El pasado martes, agentes del Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil detuvieron en Alicante a varios individuos. Presuntamente están implicados en una sofisticada red de estafas financieras. Así lo afirma Teresa Bueyes, abogada de una de las supuestas víctimas, en una conversación con elcierredigital.com.

Entre los detenidos se encuentra Romualdo S.M., un nombre ya señalado en otras operaciones financieras relacionadas con medios de comunicación y clubes deportivos. En la trama también habría participado la pareja de Romualdo, L.A., según señala la abogada Teresa Bueyes. La propia abogada también afirma que el caso está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante.

Esta trama habría operado durante los últimos años en diversas ciudades españolas. También en el extranjero, en países como República Dominicana, Chile o Perú, donde la presunta red tendría conexiones.

Según fuentes cercanas al caso, la trama podría haber defraudado cerca de 75 millones de euros. Una cifra que podría aumentar a medida que avancen las investigaciones

Según el testimonio de algunas víctimas, representadas por la abogada Bueyes, y las diligencias judiciales iniciadas recientemente, la organización ofrecía supuestas  operaciones financieras de alto nivel. Estos movimientos eran tales como préstamos millonarios o la monetización de instrumentos bancarios complejos a empresarios con  necesidades de financiación urgente. 

A cambio exigían pagos por adelantado bajo la apariencia de “gastos de gestión”. También los disfrazaban de “seguros financieros” o “planes de negocio”, sin que nunca se llegara a materializar el préstamo prometido.

La historia que ha dado pie a esta investigación se remonta a abril de 2023. Por entonces, una de las víctimas, administradora de una empresa, fue abordada en la localidad de Sitges por un hombre identificado como J.G.C.. Se presentó como gestor de operaciones financieras y aseguró contar con contactos estratégicos en el sector bancario internacional. Así lo cuenta a elcierredigital.com la abogada Teresa Bueyes, que representa a varios de los querellados contra la supuesta trama.

Tras un segundo encuentro en una cafetería, J.G.C. solicitó el número de teléfono de la víctima. También le ofreció participar en una operación de financiación privada. Según su relato, estaba vinculado a una entidad financiera con sede en Alicante que gestionaba fondos para gobiernos y grandes corporaciones. 

La operación, sin embargo, requería la firma de un acuerdo de confidencialidad. La víctima accedió y fue entonces cuando entró en escena Romualdo S. M., presentado como el "verdadero intermediario financiero de la operación". 

Reuniones, contratos y promesas

El 26 de abril de 2023, se firmó un acuerdo entre la víctima, J.G.C., una tercera persona y dos sociedades. Estas eran Euro Crédit Alliance y Global Investment & Loan Hispano S.L., representada esta última por L.A., también querellada. Supuestamente la firma del contrato buscaba facilitar el acceso a un crédito de 600.000 euros, que sería gestionado mediante una carta de crédito standby (SBLS). Sin embargo, los obstáculos comenzaron rápidamente.

Días después, durante una videoconferencia, Romualdo S. M. explicó que el préstamo solo podría tramitarse si se contrataba un “business plan”. Este plan tenía un coste inicial de 30.250 euros, que fueron abonados tras recibir una factura a nombre de Global Investment & Loan Hispano S.L.

A partir de ese momento, se sucedieron las dilaciones, las exigencias económicas adicionales y cambios en las condiciones.

De 600.000 a 5 millones: el engaño escala

El 5 de octubre, y sin que hubiera aún resultado alguno del préstamo inicial, Romualdo S.M. presuntamente contactó con la empresaria. Le anunció que "los supuestos inversores habían decidido elevar el crédito aprobado a cinco millones de euros", sin que esta lo hubiera solicitado. Esta noticia, presentada como una “mejora de la operación”, vino acompañada de nuevas exigencias. Un viaje a París para firmar el contrato ante notario y otro desembolso, esta vez de 240.000 euros, para gastos de seguros y comisiones bancarias.

A lo largo de noviembre, la víctima realizó más pagos, esta vez a Grupo Naiera Proyectos y Construcciones y Energías S.L., otra sociedad bajo sospecha. El 12 de febrero de 2025 la empresaria viajó finalmente a París y firmó los documentos ante notario en las oficinas de Alma Paris. No había recibido asesoría legal ni conocía el contenido exacto de los documentos. Al día siguiente, nuevas facturas llegaron a su correo, entre ellas, una por valor de 20.500 euros, que también pagó.

Un rastro de pagos y ninguna transferencia

Durante meses, la víctima siguió entregando dinero, convencida de que el préstamo estaba a punto de ejecutarse. En total, transfirió más de 400.000 euros a distintas sociedades y cuentas bancarias. Algunas, a nombre de particulares como Azubicke Kliff Chiehine, otro de los investigados.

Una de las transferencias más llamativas fue la que realizó el 21 de marzo de 2025. Ese día, recibió un justificante SWIFT donde se afirmaba que el préstamo había sido transferido. Concretamente desde una cuenta del banco HSBC del Reino Unido a su cuenta en España.

No obstante, el ingreso nunca se materializó. El documento, según los investigadores, era falso.

Un patrón repetido con múltiples víctimas

Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que la víctima no sería la única. La querella que se presenta ahora en Madrid describe un patrón repetido: captación de empresarios en situación de necesidad económica. Ofrecimiento de préstamos internacionales difíciles de comprobar, exigencias económicas progresivas y la inexistente entrega de los fondos prometidos.

El Juzgado de Instrucción que ha asumido la causa investiga si los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa agravada. Supondría penas de hasta seis años de prisión, así como falsedad documental por el uso de contratos y facturas con apariencia oficial.

El historial de Romualdo S. M.

Romualdo S. M., uno de los principales señalados en la presunta red de estafas y detenido el pasado martes, ya figuraba en investigaciones previas. Concretamente, por su papel en el fallido intento de reflotar el histórico diario El Correo Gallego.

Según publicó Galicia Confidencial, Romualdo S. M. fue presentado a la alta dirección del grupo editorial como el hombre que podía conseguir la financiación internacional que necesitaban para evitar la quiebra.

Al parecer, el nexo entre él y el entorno de José Manuel Rey Novoa, director del periódico, se estableció a través de intermediarios. Soriano ofrecía, a través de sociedades como Centauro Tarjet, Krone Consulting, Finvir o Global Wealth Management, canalizar inversión extranjera. Todo, a cambio de adelantos económicos por parte de la editora del diario y sus empresas asociadas.

La dinámica era siempre la misma: una vez realizados los pagos, los fondos se transferían rápidamente a otras sociedades vinculadas a la misma red. Al final acababan perdiéndose en una maraña de cuentas interpuestas. La investigación de la UDEF refleja que no existía ningún receptor final de la financiación prometida.

Tampoco había indicios de que los fondos se destinaran a actividad comercial alguna. Por el contrario, los movimientos de dinero respondían, según el informe, a gastos personales de los administradores de las compañías implicadas.

Romualdo S.M. actuaba como pieza clave del entramado, asegurando tener contactos con inversores internacionales. Mientras, las sociedades de su entorno —ya bajo investigación en otros procesos judiciales abiertos en Madrid y Alicante— recibían los pagos. Estas operaciones se realizaban con la promesa de cubrir avales, seguros financieros o desbloquear préstamos estructurados. Pero nunca se materializó un ingreso efectivo en favor de la empresa periodística.

Uno de los puntos más llamativos del caso es que la compraventa de las acciones de Editorial Compostela (matriz de El Correo Gallego), valoradas en más de un millón de euros, se cerró por la cantidad simbólica de un euro. La transacción fue realizada por la empresa Open Knowledge Consulting, que se comprometió a aportar cuatro millones de euros al grupo.

Según la UDEF, detrás de esta operación había una red de empresas pantalla entre las que se encontraba Finvir, dirigida por Arsenio Olmo Chaos. Este terminó siendo otro actor clave de la trama y colaborador directo de Romualdo S. M.

Cuando Olmo Chaos rompió sus vínculos con Romualdo S.M., acudió voluntariamente a declarar ante la UDEF. Según su testimonio, fue el propio acusado quien animó a Olmo a integrarse en el "negocio". A través de las cuentas de Finvir se canalizaron pagos realizados por el entorno de Rey Novoa, que luego fueron distribuidos entre otras sociedades. Incluyendo las controladas directa o indirectamente por Soriano.

Los investigadores concluyen que la supuesta operación de rescate financiero al grupo El Correo Gallego fue en realidad una maniobra más de una estructura organizada para captar fondos bajo falsas promesas. A pesar de que parte del dinero fue efectivamente entregado por los responsables del diario, ni la financiación apareció ni se ejecutaron los compromisos acordados. La compraventa fue finalmente anulada cuando solo se aportaron 650.000 euros de los cuatro millones prometidos.

Así, Romualdo S.M. reaparece como figura central en otra red de engaños financieros, esta vez vinculada a un medio de comunicación en crisis. Según fuentes cercanas al caso, "la operación encaja en un patrón que se repite en los casos en los que ha estado implicado. Promesas de financiación internacional, estructuras empresariales difíciles de rastrear, desvío de fondos a múltiples cuentas y, finalmente, ausencia de resultado para las víctimas".

De igual manera, Romualdo S.M. apareció en escena en 2015, según ElcheDirecto, como mediador en una operación financiera entre el Elche Club de Fútbol y un fondo de inversión saudí. Al parecer, el fondo pretendía realizar un préstamo al club, aquí empezaron las dudas para muchos. Según el citado medio, Romualdo S.M. tenía ya por entonces un historial de antecedentes, aunque cancelados. 

Por ejemplo, según Elchedirecto, Romualdo fue condenado el 15 de septiembre de 2000 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete. Fue acusado de un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo y se le impuso una pena de un año de prisión. Para ese mismo día y juzgado figura una segunda resolución por el mismo delito. Esta vez con sanción de responsabilidad personal subsidiaria por impago de una multa.

El historial se agrava en julio de 2002, cuando el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete lo condenó por alzamiento de bienes. También con un año de prisión y un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. En otra sentencia paralela, recibió una pena adicional de un año de prisión y una multa de 601 euros al día durante doce meses.

Estos antecedentes, aunque cancelados, influyeron en la percepción de Romualdo en su breve paso por el entorno del Elche C.F. Finalmente, el préstamo nunca se formalizó ni se registró ninguna entrada de capital en el club procedente de dicha operación.